Jesús Mendoza Zaragoza

Viaje al fondo del infierno

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –que depende de la Secretaría de Gobernación–, correspondientes a denuncias en las procuradurías estatales reportadas a esta dependencia federal, durante el periodo que va de 2007 a agosto de 2014, hubo en el país 133 mil 771 homicidios dolosos, de los cuales, 12 mil 226 corresponden al estado de Guerrero, que tiene una de las más altas tasas del país en ese problema. Si tomamos en cuenta que un gran segmento de crímenes no son denunciados ni están registrados en las cifras oficiales, la cantidad tiene que ser mucho mayor. Ésta es sólo la cifra de homicidios dolosos. Hay otras abultadas cifras relacionadas con desaparecidos, secuestrados, desplazados, extorsionados y amenazados.
Este es el infierno al que arrastraron a los muertos y desaparecidos en Iguala, que fueron sumados a los miles de crímenes anteriores que tampoco debieron haber sucedido. Este doloroso evento que victimizó a los estudiantes de Ayotzinapa ha visibilizado el horror que campea en todo el estado de Guerrero y además en el país. Miles de familias guerrerenses viven adoloridas, muchas de ellas abandonadas a su suerte y sobreviviendo en el silencio forzado. Ese mundo de dolor atraviesa los campos y las ciudades, donde cada quien tiene su propia historia que contar pero sin que haya quien la escuche para que llegue el consuelo.
Las víctimas de las violencias en Guerrero están abandonadas a su suerte. Aun contando con una Ley General de Víctimas, el Estado no cumple con las obligaciones que se le asignan, mientras que en Guerrero el Congreso está tan ocupado en tantas cosas que ni cae en la cuenta de la necesidad urgente de una Ley Estatal de Víctimas que establezca la responsabilidad de las autoridades locales, estatales y municipales ante este sufriente segmento de la población. Parece que no es políticamente rentable una ley como esta.
Y con la sociedad pasa algo parecido. La indiferencia y el miedo se han mezclado para desmovilizarnos y para encerrarnos a cada quien en su madriguera. Tenemos abandonadas a las víctimas, a tantos miles de víctimas, y no caemos en la cuenta de los daños sociales que se van a generar con el paso de los años. Nuestro futuro se perfila como el de una sociedad enferma en la que ya no cabe más dolor y abandonada a su suerte. Veremos cómo al paso del tiempo, las familias de la cincuentena de estudiantes de Ayotzinapa tendrán que volver a su rutina, cargando un fardo de dolor que se puede convertir en irremediable.
Este caso ha sacudido la conciencia de mucha gente en el país, y puede ser una ocasión para despertar a quienes aún siguen adormilados por el miedo o la indiferencia. No podemos dejar pasar más tiempo para construir una masa crítica de ciudadanos que impulsen condiciones para que estas cosas no se repitan. A estas víctimas, como a todas las demás, no las podemos dejar a su suerte. Necesitan sanar su dolor, necesitan consuelo, necesitan justicia, necesitan reconstruirse como personas artífices de justicia y de paz. Y, ¿quién lo va a hacer? Miles y miles de víctimas están esperando respuestas. Hay que atrevernos a reconocerlas enfocando la mirada a esos infiernos profundos que abundan en nuestra región.
La masacre de Iguala ha visibilizado lo suficiente un factor decisivo de la violencia. El crimen organizado cabalga en las instituciones del Estado desde hace tiempo, por más que nos hagamos de la vista gorda. El caso del gobierno municipal de Iguala se reproduce por todas partes, como un libreto escrito y adaptado a cada circunstancia local. Los gobiernos municipales son el lado más vulnerable del sistema político, cosa que han aprovechado las organizaciones criminales para cooptarlos. Hay, desde luego, gobiernos coludidos y gobiernos sometidos. Muchos de ellos están tan afectados que no están en condiciones de cumplir sus obligaciones más básicas y elementales.  Desgraciadamente, esta situación de los municipios no es la excepción, sino que se ha ido convirtiendo en la regla. Da pena mirar el escenario político actual relacionado con la matanza de Iguala, el gobierno federal responsabilizando al estatal y viceversa. Ambos ha sido ampliamente omisos y debieran reconocer su parte como punto de partida para abrir caminos de solución para el escenario de violencia que se nos ha impuesto. Ambos gobiernos han simulado, hacen mucho ruido con resultados exiguos. Lo peor es el manejo político que se está haciendo de este caso, ajeno al bienestar del pueblo y sí, muy ligado al reacomodo de posiciones políticas lucrando con el dolor de las víctimas.
Ya es tiempo de terminar con esta simulación. Ya es tiempo de que nuestros gobiernos entiendan que la paciencia del pueblo tiene límites. Ya es tiempo de que dejen sus voracidades y se dediquen a servir. Ya es tiempo de que reconozcan que sin la participación social, seguirán en la espiral del crimen. Ya es tiempo de que la clase política se dé cuenta de que se necesitan reformas profundas y certeras para erradicar al parásito criminal que se ha encaramado en las instituciones del Estado. Es necesario que haya condiciones que reduzcan la criminalidad a su mínima expresión. Sin democracia real y participativa, y sin desarrollo incluyente no habrá salida. Seguirá haciéndose más profundo el infierno de la violencia que puede consumirnos a todos.
Para salir de este infierno, es preciso que se esclarezca el caso de Iguala, de los jóvenes normalistas y de todos los muertos, desaparecidos, secuestrados, desplazados, amenazados y extorsionados en el estado de Guerrero, para hacer justicia y reparar los daños causados. Pero no es suficiente. También es necesario un cambio social que contemple una economía incluyente y cambios en el sistema político, colapsado ya a estas alturas.

Invitación

El martes 14 está convocada por la Arquidiócesis de Acapulco una Jornada de Oración por la Paz en el estado de Guerrero y por las víctimas de la violencia, especialmente las de Iguala, de 8 de la mañana a 7 de la noche, en la Parroquia de san Cristóbal, de la colonia Progreso. Quienes tengan familiares asesinados o desaparecidos, pueden llevar sus fotografías para recordarlos. Invitamos a llevar despensas para ser canalizadas a las familias de los normalistas desaparecidos.nal de Seguridad Pública –que depende de la Secretaría de Gobernación–, correspondientes a denuncias en las procuradurías estatales reportadas a esta dependencia federal, durante el periodo que va de 2007 a agosto de 2014, hubo en el país 133 mil 771 homicidios dolosos, de los cuales, 12 mil 226 corresponden al estado de Guerrero, que tiene una de las más altas tasas del país en ese problema. Si tomamos en cuenta que un gran segmento de crímenes no son denunciados ni están registrados en las cifras oficiales, la cantidad tiene que ser mucho mayor. Ésta es sólo la cifra de homicidios dolosos. Hay otras abultadas cifras relacionadas con desaparecidos, secuestrados, desplazados, extorsionados y amenazados.
Este es el infierno al que arrastraron a los muertos y desaparecidos en Iguala, que fueron sumados a los miles de crímenes anteriores que tampoco debieron haber sucedido. Este doloroso evento que victimizó a los estudiantes de Ayotzi-napa ha visibilizado el horror que campea en todo el estado de Guerrero y además en el país. Miles de familias guerrerenses viven adoloridas, muchas de ellas abandonadas a su suerte y sobreviviendo en el silencio forzado. Ese mundo de dolor atraviesa los campos y las ciudades, donde cada quien tiene su propia historia que contar pero sin que haya quien la escuche para que llegue el consuelo.
Las víctimas de las violencias en Guerrero están abandonadas a su suerte. Aun contando con una Ley General de Víctimas, el Estado no cumple con las obligaciones que se le asignan, mientras que en Guerrero el Congreso está tan ocupado en tantas cosas que ni cae en la cuenta de la necesidad urgente de una Ley Estatal de Víctimas que establezca la responsabilidad de las autoridades locales, estatales y municipales ante este sufriente segmento de la población. Parece que no es políticamente rentable una ley como esta.
Y con la sociedad pasa algo parecido. La indiferencia y el miedo se han mezclado para desmovilizarnos y para encerrarnos a cada quien en su madriguera. Tenemos abandonadas a las víctimas, a tantos miles de víctimas, y no caemos en la cuenta de los daños sociales que se van a generar con el paso de los años. Nuestro futuro se perfila como el de una sociedad enferma en la que ya no cabe más dolor y abandonada a su suerte. Veremos cómo al paso del tiempo, las familias de la cincuentena de estudiantes de Ayotzinapa tendrán que volver a su rutina, cargando un fardo de dolor que se puede convertir en irremediable.
Este caso ha sacudido la conciencia de mucha gente en el país, y puede ser una ocasión para despertar a quienes aún siguen adormilados por el miedo o la indiferencia. No podemos dejar pasar más tiempo para construir una masa crítica de ciudadanos que impulsen condiciones para que estas cosas no se repitan. A estas víctimas, como a todas las demás, no las podemos dejar a su suerte. Necesitan sanar su dolor, necesitan consuelo, necesitan justicia, necesitan reconstruirse como personas artífices de justicia y de paz. Y, ¿quién lo va a hacer? Miles y miles de víctimas están esperando respuestas. Hay que atrevernos a reconocerlas enfocando la mirada a esos infiernos profundos que abundan en nuestra región.
La masacre de Iguala ha visibilizado lo suficiente un factor decisivo de la violencia. El crimen organizado cabalga en las instituciones del Estado desde hace tiempo, por más que nos hagamos de la vista gorda. El caso del gobierno municipal de Iguala se reproduce por todas partes, como un libreto escrito y adaptado a cada circunstancia local. Los gobiernos municipales son el lado más vulnerable del sistema político, cosa que han aprovechado las organizaciones criminales para cooptarlos. Hay, desde luego, gobiernos coludidos y gobiernos sometidos. Muchos de ellos están tan afectados que no están en condiciones de cumplir sus obligaciones más básicas y elementales. Desgraciadamente, esta situación de los municipios no es la excepción, sino que se ha ido convirtiendo en la regla. Da pena mirar el escenario político actual relacionado con la matanza de Iguala, el gobierno federal responsabilizando al estatal y viceversa. Ambos ha sido ampliamente omisos y debieran reconocer su parte como punto de partida para abrir caminos de solución para el escenario de violencia que se nos ha impuesto. Ambos gobiernos han simulado, hacen mucho ruido con resultados exiguos. Lo peor es el manejo político que se está haciendo de este caso, ajeno al bienestar del pueblo y sí, muy ligado al reacomodo de posiciones políticas lucrando con el dolor de las víctimas.
Ya es tiempo de terminar con esta simulación. Ya es tiempo de que nuestros gobiernos entiendan que la paciencia del pueblo tiene límites. Ya es tiempo de que dejen sus voracidades y se dediquen a servir. Ya es tiempo de que reconozcan que sin la participación social, seguirán en la espiral del crimen. Ya es tiempo de que la clase política se dé cuenta de que se necesitan reformas profundas y certeras para erradicar al parásito criminal que se ha encaramado en las instituciones del Estado. Es necesario que haya condiciones que reduzcan la criminalidad a su mínima expresión. Sin democracia real y participativa, y sin desarrollo incluyente no habrá salida. Seguirá haciéndose más profundo el infierno de la violencia que puede consumirnos a todos.
Para salir de este infierno, es preciso que se esclarezca el caso de Iguala, de los jóvenes normalistas y de todos los muertos, desaparecidos, secuestrados, desplazados, amenazados y extorsionados en el estado de Guerrero, para hacer justicia y reparar los daños causados. Pero no es suficiente. También es necesario un cambio social que contemple una economía incluyente y cambios en el sistema político, colapsado ya a estas alturas.

Invitación

El martes 14 está convocada por la Arquidiócesis de Acapulco una Jornada de Oración por la Paz en el estado de Guerrero y por las víctimas de la violencia, especialmente las de Iguala, de 8 de la mañana a 7 de la noche, en la Parroquia de san Cristóbal, de la colonia Progreso. Quienes tengan familiares asesinados o desaparecidos, pueden llevar sus fotografías para recordarlos. Invitamos a llevar despensas para ser canalizadas a las familias de los normalistas desaparecidos.