Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Represión y sangre, la pesadilla que deja el PRD

*En Guerrero, desde que el PRD?asumió el gobierno en 2005 la vida se volvió imposible para la izquierda y los movimientos sociales y la represión se agudizó y alcanzó niveles sin precedente.

“El PRD no está ni estará protegiendo a Ángel Aguirre ni a ningún perredista de Guerrero ni del país, es un acuerdo expreso del Comité Ejecutivo Nacional”, dijo Carlos Navarrete el viernes pasado. “Este país está cansado de protección de políticos entre políticos; está cansado de que los partidos políticos cobijen a los propios, justifiquen, encubran, protejan a los propios y solamente señalen a los adversarios”, explicó. Nadie podría estar en desacuerdo con esa declaración. Pero es mentira lo que dijo el presidente nacional del PRD, pues defender y proteger al gobernador de Guerrero es lo único que ha hecho desde que el 5 de octubre asumió el cargo.
Un día antes, el propio Navarrete había hecho público el respaldo de su partido a la propuesta del gobernador de que su permanencia en el puesto se decida en una consulta a los guerrerenses, idea que a toda prisa fue concebida por Ángel Aguirre Rivero para hacer frente al clamor que se levantó el miércoles durante las multitudinarias marchats realizadas en Chilpancingo, el Distrito Federal y en otras ciudades del país y del mundo, en las que además de justicia por la matanza y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, fue exigida su renuncia. “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea y se vaya del cargo”, dijo Navarrete.
Sin embargo, y a pesar de su apariencia democrática, la propuesta de consulta es un artificio mañoso para ganar tiempo, pues Aguirre Rivero y Navarrete saben que es imposible realizar tal referéndum. La ley federal no lo permite y la ley estatal para ello ni siquiera existe. Por lo demás, ¿acaso la nutrida concurrencia de guerrerenses a las marchas y su voz no tienen ningún valor para el gobernador y para el dirigente perredista?
Esa actitud del gobernador y del dirigente del PRD es también una tragedia, pues lo que busca es la impunidad. Efectivamente el país “está cansado de protección de políticos entre políticos” y “de que los partidos políticos cobijen a los propios”. Ese fenómeno, que como la corrupción se halla en la raíz del sistema político mexicano, aflora siempre que surge un escándalo de cualquier tipo en el que estén implicados los hombres de poder. Las matanzas de Tlatololco, la del 10 de junio de 1971 o la de Aguas Blancas son ejemplos gráficos de cómo el sistema y los partidos se agrupan en torno a los responsables con el objetivo de evadir a la justicia. Es lo que hace Navarrete al encubrir a Aguirre por su responsabilidad política en el caso de Iguala. Se habría esperado que en una crisis como la que vive Guerrero la izquierda (la izquierda representada por el PRD) se comportara de una manera distinta de la que solía asumir el PRI en la época del autoritarismo gubernamental. Pero no es ninguna sorpresa constatar que el PRD controlado y modelado por la corriente Nueva Izquierda se ponga del lado del poder y la impunidad, abandone a las víctimas y desoiga a la sociedad indignada.
En consecuencia, así como la matanza de estudiantes en Tlatelolco resplandece en la historia del PRI, la matanza y desaparición de normalistas en Iguala debe acreditarse al PRD. Esa es una de las conclusiones inevitables derivadas del ataque de la policía municipal de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa. Este solo y repugnante hecho de sangre, ordenado por un presidente municipal y solapado por un gobernador que pertenecen al PRD, sería motivo suficiente para la caída del partido en el poder en el estado. Sin embargo, y por desgracia, no es el único acontecimiento que desmiente el compromiso del PRD con la justicia y la verdad, valores fundamentales de la izquierda.
En Guerrero, desde que el PRD asumió el gobierno en el 2005 la vida se volvió imposible para la izquierda y los movimientos sociales, más aún de lo que era con el PRI. La represión se agudizó y alcanzó niveles sin precedente. El asesinato de Armando Chavarría Barrera en agosto de 2009 rompió los límites conocidos y puso en evidencia que con Zeferino Torreblanca, ahora públicamente acusado de ser el autor intelectual de ese crimen, el PRD llevó a la gubernatura a un individuo con peligrosas obsesiones ultraderechistas. La información más reciente ha documentado que el homicidio de Chavarría fue orquestado y ejecutado por el gobierno de Torreblanca con el propósito de impedir que el entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso consiguiera la candidatura al gobierno del estado. Y desde ese mismo gobierno del PRD se manipuló la investigación para proteger a Torreblanca y evitar que se supiera la verdad, estrategia que Ángel Aguirre hizo suya al grado de extender en agosto pasado, por sus puras pistolas, un certificado de inmunidad al ex gobernador.
La pesadilla empeoró con Angel Aguirre. El asesinato de dos estudiantes normalistas en diciembre de 2011, que a la fecha sigue impune, perfiló con nitidez el carácter represivo del actual gobierno del PRD. La detención arbitraria e injustificada de líderes sociales como Nestora Salgado y Marco Antonio Suástegui, entre otros, confirmó que el cambio prometido por el PRD fue una ilusión fabricada para engañar al electorado. Con todo, estas atrocidades se empequeñecen frente al papel que el gobierno de Aguirre asumió en la sucesión de hechos que finalmente desencadenaron la matanza de normalistas en Iguala la noche del 26 de septiembre. Esta matanza se habría evitado si el gobierno aguirrista y el gobernador mismo hubieran cumplido con su obligación de investigar y castigar los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros de la organización Unidad Popular, cometidos en junio de 2013 y de los cuales fue señalado directamente el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, integrante de la corriente Nueva Izquierda, la misma de Carlos Navarrete y Sebastián de la Rosa. En lugar de aplicar la ley, Aguirre Rivero protegió a Abarca. Este señalamiento quedó demostrado con la revelación de que el testigo que acusó a Abarca rindió su declaración ministerial en marzo de este año. Si a ese testimonio de primera mano proporcionado por un sobreviviente del ataque contra Hernández Cardona la Procuraduría le hubiera dado curso en los términos que ordena la ley, Abarca habría sido destituido y detenido. No fue así y permaneció en su cargo, desde donde en complicidad con un grupo de la delincuencia organizada ordenó la batida contra los normalistas. Pese a la magnitud de los hechos, Aguirre le hizo todavía a Abarca el favor de dejarlo escapar.
Abarca no es una casualidad. Es el producto de la corrupción y el envilecimiento de la política que ganó terreno en el PRD, donde ahora abundan los dirigentes que poseen ranchos con dos mil cabezas de ganado y negocios prósperos montados al amparo del presupuesto público. Tampoco es el único perredista que mantiene relaciones o está señalado de sostener nexos con el crimen organizado. Ahí está como prueba de ello el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega, casualmente integrante también de Nueva Izquierda, cuya familia está acusada oficialmente de dirigir la banda delictiva de Los Ardillos.
Todo lo anterior han significado los dos gobiernos del PRD en Guerrero. Eso es lo que Carlos Navarrete protege. ¿Qué ofrecerá ahora el PRD en las elecciones del próximo año?

[email protected]