Diputados de la comisión para Iguala se negaron a hablar con manifestantes

*Ayer fue instalado el organismo que encabeza el aguirrista Tomás Hernández. Se pudo evitar la masacre, dice Figueroa Smutny, y acusa a Aguirre e Iñaky Blanco de omisión

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La comisión especial de diputados locales para dar seguimiento a las investigaciones acerca de los hechos violentos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre llamó a las autoridades encargadas de la investigación a no esconder la información, porque uno de los temas que plantean dar a conocer es la posible responsabilidad del gobierno estatal en la masacre y desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La comisión se instaló ayer a 17 días de los hechos y tiene entre sus facultades establecer comunicación directa con los organismos defensores de los derechos humanos estatal y nacional y con los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como con organismos internacionales.
Sin embargo, ayer ninguno de los siete diputados integrantes quiso salir a recibir a un grupo de manifestantes.
Aproximadamente una hora después de la instalación de la comisión, llegó al Congreso local un contingente de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que estuvieron por varios minutos hablando a los micrófonos en exigencia de justicia y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, pero ninguno de los integrantes de la comisión salió a recibirlos e hicieron caso omiso de las consignas que se escuchaban hasta la sala de plenos.
En la instalación de la comisión especial el diputado priista Rubén Figueroa Smutny advirtió que se les podría negar el acceso a la información para conocer a detalle lo que ocurrió en Iguala, por lo que había riesgo de que no pudieran informar si se “está llegando al fondo”.
Insistió en que es necesario que se conozca la complicidad que hay, y dijo que la omisión de “las autoridades del gobierno del estado fue la causa de que se diera esta matanza en Iguala”.
El diputado priista, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, insistió en señalar la responsabilidad del gobierno estatal en los hechos ocurridos en la ciudad de la región Norte, y preguntó “hasta dónde desde el gobierno del estado por omisiones gravísimas de parte del procurador y del gobernador del estado (Iñaky Blanco Cabrera y Aguirre Rivero) se pudo evitar esta masacre”.
Llamó a las autoridades investigadoras para que les faciliten la información concreta de la investigación que se realiza en el caso de las personas asesinadas y los 43 estudiantes desaparecidos.
Pero contrario a lo expresado por Figueroa Smutny, el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, llamó a los integrantes de la comisión especial a mantener la secrecía del tema y proporcionar la información sólo a los integrantes de la Comisión de Gobierno.
Pidió que el tema y la información que puedan obtener no lleve a la politización y polarización, y les rogó ser serios en el tema y el manejo de la información para no desviarse del objetivo principal que tienen de conocer e informar de los avances.
La comisión encabezada por el aguirrista Tomás Hernández Palma se creó para dar seguimiento a las investigaciones de los hechos violentos que ocurrieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado en Iguala, cuando policías municipales agredieron a balazos a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
También forman parte el mencionado Figueroa Smutny, Arturo Álvarez Angli (PVEM), Jorge Camacho Peñaloza (PAN), Jorge Salazar Marchán (PT), Emiliano Díaz Román (Panal) y Evencio Romero Sotelo (MC).
Salazar Marchán insistió en que el Poder Legislativo no fue omiso en el tema y que la tardanza de la instalación de la comisión fue por trámites legislativos.
También asistió el diputado por el PRD, Alejandro Arcos Catalán, que llamó a que las instituciones garanticen “el Estado de derecho” para que haya estabilidad y gobernabilidad a pesar de los hechos ocurridos en Iguala.
Entre las atribuciones de la comisión está establecer vinculación institucional pero “respetando” las facultades de los otros poderes y dependencias.
Se le atribuye la responsabilidad de una comunicación directa con los organismos defensores de los derechos humanos estatal y nacional y con los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y con organismos internacionales involucrados en la defensa de las víctimas.
Según las atribuciones de la nueva comisión especial podrán formular recomendaciones a las instancias de seguridad y de procuración de justicia si se amerita.