Ninguna autoridad estatal ni federal acudió al lugar del ataque, a pesar de los llamados de ciudadanos, relatan vecinos

Redacción

Iguala

Cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados a balazos por segunda ocasión, durante la madrugada del 27 de septiembre, ya habían pasado más de tres horas del primer atentado, en ese lapso ninguna autoridad estatal o federal se presentó al lugar a pesar de que se reportaron detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia y en redes sociales.
El Ejército mexicano fue la primera autoridad en llegar a la zona en la que hombres armados al servicio del grupo delincuencial Guerreros Unidos, dispararon en contra de normalistas y maestros disidentes. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del 27 de septiembre cuando los militares acordonaron la zona. El primer ataque se registró cerca de las 9 de la noche del 26.
Las dos agresiones armadas se suscitaron sobre la calle Juan Álvarez esquina Periférico Norte, frente a la Colonia Ciudad Industrial. De este punto, en donde quedaron los cuerpos tendidos de dos estudiantes de Ayotzinapa, hasta las instalaciones del Tercer Batallón de Fuerzas Especiales, hay 1.9 kilómetros de distancia. Desde ese mismo punto, hasta el acceso principal del 27 Batallón de Infantería, en el periférico oriente, son 2.9 kilómetros.
El Ejército tardó en llegar al lugar de los hechos aproximadamente cinco horas y media.
Las instalaciones del Cuartel de la Policía Estatal, que se encuentran a un costado del Centro de Readaptación Social (Cereso), están a 5 kilómetros del punto en el que fueron atacados los normalistas. No hubo presencia de esta corporación en la zona.
Desde el lugar de los ataques hasta la delegación de la Policía Federal, que se encuentra sobre la carretera México-Acapulco, son 2.5 kilómetros. Tampoco hubo atención de Policías Federales tras los atentados.
La Policía Ministerial fue la segunda corporación de seguridad que llegó al lugar en donde fueron ejecutados los dos estudiantes.
Cerca de las 3 de la mañana los policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron a la zona, casi siete horas más tarde de cuando fue la primera agresión, a pesar de que el Agencia del Ministerio Público, lugar donde se concentra este cuerpo policiaco, se encuentra a sólo 4.4 kilómetros de distancia.
Minutos más tarde llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para recoger los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones.
La segunda agresión se registró minutos después de la media noche, mientras los normalistas daban una conferencia de prensa a reporteros locales.
La denuncia era la nula atención de las autoridades, porque a casi cuatro horas del primer atentado no había ninguna corporación de seguridad en el lugar. Los estudiantes están seguros de que las muertes de sus compañeros se hubieran evitado si los cuerpos policiacos hubieran llegado luego de que sufrieron el primer ataque, a las 9 de la noche.
Fue hasta las 4 de la mañana cuando en la ciudad de Iguala fue visible el despliegue de seguridad de las diferentes corporaciones, entre Militares, Federales, Estatales y Ministeriales.
En la calle Juan Álvarez, donde fueron atacados los normalistas, se encuentran negocios como tiendas de abarrotes, marisquerías, comedores económicos, rosticerías y refaccionarias.
En un recorrido este fin de semana en el lugar y gracias a los testimonios de vecinos y propietarios de algunos negocios, se supo que desde el primer ataque, que declaran que fue entre 8:30 y 9 de la noche del viernes 26 de septiembre, reportaron al número de emergencias las detonaciones de armas de fuego.
–¿Cómo se escuchaba todo?, – preguntó este reportero a un comerciante que vive en la avenida Álvarez.
–Era una cosa tremenda, fueron muchos disparos, como si se tratara de un enfrentamiento. Hubo muchos gritos y muchas balas, todos acá nos tiramos al piso, creíamos que las balas se iban a meter por las ventanas.
–¿Llamaron a las autoridades?
–Sí, yo marqué al 066, al día siguiente platiqué con el vecino de enfrente y él marcó como tres veces, porque a la media noche se escuchó otra balacera, y más fuerte que la primera, pero al día siguiente supimos que no llegó nadie más que los militares.
Hablar con los ciudadanos de Iguala sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en los que perdieron la vida seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, pareciera estar prohibido.
Muchos se niegan a tocar el tema, incluso ven con sospecha a quienes intentan dialogar al respecto. Muy pocos se atreven a hablar, pero piden guardar el anonimato, tienen miedo de que sean identificados por la delincuencia organizada.
–¿Por qué nadie quiere hablar?, –se le pregunta a una mujer que atiende una tienda de abarrotes.
–¿Por qué cree usted? Por miedo. Uno ya no puede confiar en nadie, yo platico con usted dudando que sea reportero. ¿Quién no me asegura que es un halcón? Y lo mismo pienso cuando tomo un taxi o cuando pasan policías por aquí, ni en ellos confío.
Las pocas personas que se atrevieron a hablar no se dicen sorprendidas de que ninguna autoridad haya llegado a resguardar a los estudiantes después de que policías municipales los atacaran.
Las personas que viven cerca del lugar donde fueron las agresiones aseguran que todos sabían sobre la relación de policías municipales con la delincuencia organizada, pero nadie se atrevía a denunciar.
Con la presencia de la Gendarmería Nacional en Iguala, algunas personas se dicen más seguras; otras no descartan que en poco tiempo se contaminen y también se pongan al servicio de los Guerreros Unidos, grupo delictivo que opera en la región Norte de Guerrero y al que las autoridades estatales y federales responsabilizan de la ola de violencia en esa zona de la entidad.