Marcial Rodríguez Saldaña

Presentación con vida de normalistas

La noticia dada por el procurador General de la República Jesús Murillo Karam, respecto de que los cuerpos encontrados en las primeras cuatro fosas en un cerro cerca de Iguala no son de ninguno de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre pasado, abre una luz de esperanza de que puedan ser encontrados con vida.
1. La obligación de toda autoridad en cualquier nivel de gobierno es velar por la seguridad, por el respeto a los derechos humanos de los habitantes en su ámbito respectivo, pero en este caso de Iguala, lo que ha ocurrido es lo contrario, pues por los hechos que se conocen, fueron los propios policías –a quienes se les encomienda la prevención de delitos– quienes asesinaron a los estudiantes y a civiles, y quienes entregaron los normalistas a grupos de la delincuencia organizada.
2. Este hecho es inaudito y atípico en lo que ha ocurrido en México en cuanto a la forma de actuar de los grupos de la delincuencia organizada; lo común ha sido que haya enfrentamientos entre ellos por la disputa y el control de territorios, o con fuerzas de seguridad, pero generalmente no han atentado –sólo en forma ocasional o accidental– contra la población civil, menos en esta magnitud tratándose del secuestro de 43 estudiantes, por el contrario, muchas organizaciones han buscado respaldo popular en los entornos donde operan y hasta han promovido manifestaciones ciudadanas en su favor. ¿Qué motivaciones tendrían para retener a tanto estudiante, si esto ocasionaría una reacción social y la intervención de las fuerzas de seguridad estatal y federal? ¿Qué ganaban con esta acción?
3. Los crímenes de Iguala y la desaparición de estudiantes ¿tendrán una motivación política? ¿Quién o quienes tendrían algún beneficio político con una un acto de semejante magnitud? Son preguntas que deben considerarse como una línea fundamental de investigación. Los hechos de Iguala por la información pública de que se dispone no fueron fortuitos, casuales, que se haya simplemente desbordado el control de policías municipales para disparar a los estudiantes sin ton ni son, sino que los policías que intervinieron han declarado que les ordenaron hacerlo, así como entregar a los estudiantes hoy desaparecidos. Sería una acción abominable, de la mayor vileza humana que algún personaje o grupo político tuviera intervención en estos hechos y utilizar estas prácticas para aprovecharlas en un beneficio político.
4. La Procuraduría General de la República que ha atraído la investigación de los crímenes de Iguala, tiene que precisar las responsabilidades específicas de cada funcionario de todos los niveles de gobierno, debe dejar plenamente esclarecidos los hechos, pues es su obligación para que no quede impune como ha ocurrido en muchos casos, para que los familiares de las víctimas, sus compañeros estudiantes, la comunidad estatal, nacional e internacional constaten que hubo aplicación de la justicia en este asunto.
5. Hoy la atención de todas las instancias de gobierno, especialmente estatales y federales deben abocarse a cumplir de forma expedita su responsabilidad de encontrar y presentar con vida a los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos, en tanto esto no pase, se debe continuar la demanda popular para que dichas autoridades atiendan esta exigencia, la cual cada día que pase se hará más creciente. Es la hora de que se acabe con la impunidad, con la complicidad, con las recurrentes violaciones a los derechos humanos, con las masacres en Guerrero.

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