Entregar la lista de los desaparecidos de los 70, emplaza la Comverdad al gobierno federal

*Presentó el organismo ayer su informe final sobre los crímenes de Estado cometidos durante la guerra sucia. Retirar del Congreso local la placa de reconocimiento al Ejército y que éste ya no sea usado en tareas de seguridad pública, plantea

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El asesinato de tres normalistas y la desaparición forzada de otros 43 permeó ayer en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre crímenes de lesa humanidad de los años 70, realizada en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia.
El informe fue presentado ante sólo un enviado del Ejecutivo y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Al hablar de las desapariciones forzadas de la “mal llamada guerra sucia”, el presidente de la comisión, Enrique González Ruiz, subrayó que los hechos de violencia se repiten ahora contra la población, porque los crímenes del pasado quedaron impunes.
En realidad fue una “represión cruenta, sistemática y generalizada” contra estudiantes, campesinos y profesionistas, explicó la comisionada Hilda Navarrete, subrayó que las desapariciones de ayer y de hoy no deben repetirse, y advirtió que la paz en el estado, en el país y el mundo pasa necesariamente por la justicia.
Consideró que lo que llevó al pueblo en alguna ocasión a tomar las armas sigue latente en el corazón de muchos guerrerenses, porque no han encontrado justicia.
El comisionado Arquímedes Morales Carranza señaló que en 1974 comenzaron las ejecuciones extrajudiciales de guerrerenses quemados y con rastros visibles de tortura (como los cuerpos hallados en fosas en Iguala, durante la búsqueda de los normalistas), con personas que se trató de vincular con el hampa o crímenes por venganza, pero los informes de la Dirección Federal de Seguridad (DSF) reconocen que estaban relacionadas con la guerrilla que encabezó Lucio Cabañas Barrientos.
Denunció que hace 50 años estaba prohibido soñar, y con el lema “haz patria y mata a un socialista”, se criminalizó a todo aquel que pensara diferente; el argumento de los perpetradores fue lo que Maquiavelo llamó la razón de Estado, o lo que ahora se llama doctrina de seguridad nacional, es decir, que la supervivencia de un Estado es más importante que los derechos individuales o colectivos, dijo.
“Aun cuando los eventos criminales acontecidos en el estado no permitan ser optimistas”, dijo que se debe desterrar para siempre la infamia contra pueblos enteros que fueron atacados en los 70, “porque todos los humanos tenemos historia e identidad, que deben ser respetados”.
Sobre el trabajo de la comisión, reconoció que sólo comenzó a conocer la verdad, que no se sabrá hasta que haya voluntad política del gobierno federal.
La primera recomendación, indicó la comisionada Pilar Noriega, es que la federación entregue la lista de todos los detenidos de la guerra sucia, que consta en archivos clasificados, para que se conozca el destino de miles de víctimas, porque no tuvieron acceso a ellos.

Desaparecidos forzados, tema pendiente

El consejero Fuentes García reconoció que el trabajo de la Comverdad está inconcluso, “los desaparecidos siguen siendo tema pendiente”.
Detalló que recogieron 409 testimonios, que representan 512 casos de desapariciones forzadas y sobrevivientes, “porque no se han localizado o permanecen con terror para dar su testimonio y buscar justicia y medidas de no repetición”.
De los casos que conocieron, destacó que hubo detenidos temporalmente desde 72 horas y hasta dos años, “hubo niños que llegaron al Campo Militar número 1, teniendo dos meses de edad y aprendieron a caminar ahí”.
“Este tema sigue presente, ocurren tantas cosas lamentables y repudiables (ahora), pero esto (los desaparecidos de los 70) sigue vivo, también los familiares nos refieren que sus desaparecidos están presentes desde hace 40 años, como si fuera ayer”, señaló Fuentes.
Entre las recomendaciones a los tres niveles de gobierno, la Comverdad pidió que se retire una placa de reconocimiento al Ejército que se encuentra en el Congreso del estado, por los crimenes de lesa humanidad que documentaron de las fuerzas castrenses entre 1969 y 1979, y retirar los nombres de calles o sitios públicos que correspondan a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, que los soldados se retiren de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución del país y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Bernardo Ortega Jiménez, quien abandonó la ceremonia antes de su conclusión, respondió a una de las asistentes que el retiro de la placa será analizado cuando el informe de la Comverdad llegue al Congreso.
El subsecretario de gobierno para Asuntos Juridicos del Gobierno del estado, Victoriano Sánchez Carbajal, que representó al gobernador Angel Aguirre Rivero, se quedó hasta el final, y no hubo representantes del Tribunal Superior de Justicia.

Recomendaciones

La Comverdad informó que las listas de víctimas y victimarios que reunieron se enviarán también a una agencia del Ministerio Público, para que ejerza acción penal contra quien resulte responsable por esos hechos.
Al Congreso le propusieron tipificar en el Código Penal la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interameri-cana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer que es un delito que no prescribe.
También medidas de no repetición, sanción a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia un registro de personas detenidas y permitir la comunicación abogado-cliente en todo momento desde que la persona es detenida.
Para los familiares de desaparecidos y sobrevivientes, la Comverdad recomendó una indemnización económica de acuerdo con los estándares internacionales, y que se les den todas las facilidades para acceder a la reparación del daño lo antes posible.
Gonzalez Ruiz destacó la respuesta de la población, a pesar de lo “manoseado” que dejó el tema la CNDH y la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosspp), y el hostigamiento a comisionados y a sus instalaciones en dos años y medio de trabajo.
Reconoció el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, de médicos y especialistas forenses de la UNAM, para exhumar dos cuerpos de guerrilleros del movimiento de Lucio Cabañas, lo que hicieron en los últimos seis meses en que la Comverdad operó sin presupuesto.
Concluyó que la reparación del daño para las víctimas de los 70 es gigantesco; por ejemplo, indicó el caso de los normalistas de Iguala, desaparecidos hace 21 días, “con qué reparan los muchachos de Iguala; ¿cómo reparar el daño de una desaparición de un hijo prolongado por décadas?”

Liquidación legal demandan ex  colaboradores de la Comverdad

Ex colaboradores de la Comverdad protestaron en el acto oficial para denunciar despido injustificado y exigir una indemnización conforme a la ley.
En la entrada del auditorio del TSJ, Absalón Torres Peláez y José Luis Esparza Flores exigieron a los comisionados congruencia y respeto a sus derechos laborales.
Pero aclararon que apoyan el informe sobre la guerra sucia en Guerrero que presentó la Comverdad.