Funcionan los poderes: Aguirre; anuncian la toma hoy de los 81 ayuntamientos por Ayotzinapa

*La propuesta de desaparición de poderes del PAN tiene motivos políticos, dice el gobernador en la reunión en Acapulco con la comisión especial de diputados federales

*Es improcedente el referéndum sobre su renuncia, le responden en acuerdo unánime los consejeros del IEPC

*El dirigente estatal y los diputados locales panistas rechazan la línea nacional de su partido y apoyan la permanencia del Ejecutivo

*En presencia del nuncio apostólico, los cuatro obispos advierten del potencial de “ingobernabilidad” que tiene la “violencia desatada”

Los poderes funcionan adecuadamente y los guerrerenses decidirán si se va, dice Aguirre

*En reunión con la comisión especial de diputados federales sobre el caso Ayotzinapa, sostiene que la propuesta del PAN tiene motivos políticos, según relato de la diputada petista Lilia Aguilar Gil. “No sabemos cómo se nos fue”, dijo Iñaky Blanco sobre la fuga del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez

Ante diputados federales, el gobernador Ángel Aguirre Rivero rechazó que proceda el juicio político en su contra o la desaparición de poderes en la entidad debido a la crisis por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, indicó la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar.
La comisión especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala contra alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa demandaron una “investigación rápida, con urgencia y mucha objetividad”.
De acuerdo con el relato de la vicecoordinadora del PT, Lilia Aguilar Gil, en la reunión  Aguirre aseguró que el Estado de derecho prevalece en la entidad.
“El gobernador insiste en que los poderes del estado funcionan y que la violencia y la ingobernabilidad están centradas en el municipio de Iguala”, dijo.
“Afirmó que el Estado de derecho prevalece y que no procedería, de ninguna manera, un juicio político en su contra. Asegura que los poderes del estado están funcionando adecuadamente y como consecuencia este es un tema de políticos”, declaró Aguilar vía telefónica desde Acapulco, luego del encuentro con el gobernador.
Agregó que en la reunión de cuatro horas, el mandatario estatal afirmó que el caso se utiliza “vilmente” de manera política y que aseguró que no permitirá que eso suceda, y que serán los ciudadanos de la entidad los que decidan sobre su permanencia en el cargo.
La diputada de PT resaltó las respuestas que dio el fiscal Iñaky Blanco, sobre el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del que no se sabe su paradero a pesar de que era vigilado cuando se dio la sesión de cabildo en la que pidió licencia.
“La respuesta literal del procurador fue: ‘no sabemos cómo se nos fue’, a pesar de que lo tenían vigilado, no tienen idea de cómo se les fue, no tienen idea de por dónde salió ni cómo salió, yo creo que deja mucho que desear la capacidad de seguridad del estado”, relató Aguilar.
Indicó que el fiscal también detalló lo sucedido con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, que tampoco ha sido detenido y señaló que Blanco Cabrera indicó que no tenían elementos para detenerlo.
A ello, Aguilar cuestionó que esto sucediera, porque en las investigaciones ya estaba comprobado que él era uno de los que habían dado las órdenes de detener a los estudiantes.
En la reunión también se cuestionó la actuación del gobierno estatal cuando se suscitaron los hechos violentos la noche del 26 de septiembre, cuando fueron baleados y desaparecidos los normalistas por policías municipales.
El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, señaló que no intervino la policía estatal porque el alcalde contestó el teléfono hasta la 1 de la madrugada del sábado 27 de septiembre.
Indicó a los legisladores que la policía estatal no podía intervenir y que debían cumplir con otros protocolos.
“Es muy lamentable esta respuesta del secretario de Gobierno, porque como el presidente municipal se les fue a dormir resulta que entonces no intervinieron activamente en los disturbios que había en Iguala”, destacó.
Sobre los avances de la investigación y sobre la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, la diputada del PT expresó que no hubo comentarios debido a la secrecía que debe haber sobre el contenido de las indagatorias.
Indicó que después de la reunión se iba con más incertidumbre y más preocupada de como llegó.
Aguilar Gil dijo que la gran incógnita sigue siendo “¿por qué no al menos tuvieron la capacidad el estado de retener al fugado-desaparecido presidente municipal con licencia de Iguala? Aparente-mente hubo una incapacidad del estado, al menos así lo dijo el fiscal, y por último y más importante ¿por qué no detuvieron, si no tenía fuero, al secretario de Seguridad  Pública (Felipe Flores) cuando había todos los elementos para hacerlo?”.
La diputada dijo que sostienen que si el alcalde estuviese detenido “otra sería la condición de esta situación y, bueno, desgraciadamente estamos en este asunto porque aparentemente ha habido un problema de coordinación y yo diría que hasta de incapacidad de las fuerzas de seguridad pública, específicamente con lo que tiene que ver con la detención del presidente municipal de Iguala”.
La legisladora del PT comentó que se hizo una serie general de cuestionamientos sobre la investigación, que no podría revelar, pero el gobernador Ángel Aguirre “respondió todo, pero no dio respuesta a todas las preguntas”.

Investigación rápida, urgente y objetiva, demanda la comisión

En nombre de sus compañeros, el diputado federal Guillermo Anaya Llamas reconoció que hay una “presión enorme de la sociedad” por los ataques de la policía municipal de Iguala contra los normalistas que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Abundó que esclarecer el caso “ya no le corresponde sólo a Iguala ni a Guerrero sino a todo el país”, porque la presión internacional exige que el caso “se resuelva, que se haga con transparencia, que no haya un chivo expiatorio, que haya mucha objetividad, que todo lo que se diga sobre todo a los familiares y a la opinión pública sea con datos objetivos, científicos y jurídicos, que no haya un mal uso de la información”.
En declaraciones al salir de la reunión, Anaya dijo que ésta fue “muy larga y muy productiva” y “muy transparente donde hubo toda clase de cuestionamientos”.
La reunión fue en privado en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial de Acapulco, y los diputados llegaron a las 12:20 del día y salieron minutos después de las 4 de la tarde.
Además de Anaya y Liliana Aguilar, estuvieron  los diputados Manuel Añorve Baños (PRI), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Sonia Rincón Chanona (Nueva alianza), Alejandro Carbajal González, quien representó a Lizbeth Rosas Montero (PRD), y Ruth Zavaleta Salgado (PVEM).
También participaron en la comisión del gobierno del estado el senador Sofío Ramírez Hernán-dez y el presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Anaya informó que en la reunión recibieron los expedientes de las actuaciones que realizó la Procuraduría de Justicia del estado (actualmente Fiscalía General del Estado), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y la Secretaría General de Gobierno sobre la atención a víctimas pero están pendientes otros documentos que entregará el gobierno del estado sobre las preguntas que no respondieron los funcionarios estatales ayer.
Anaya indicó que la información pendiente es “sobre todo en el área de tratamiento a las víctimas de las familias de los heridos, las víctimas mortales y los desaparecidos, sobre todo información de cómo sucedieron los hechos, de cuando atendieron y es parte fundamental el alcalde con licencia y el secretario de Seguridad Publica”.
Indicó que la información que les entregó el gobierno del estado la van a “cotejar” con los informes que les entregó la PGR principalmente la que se refiere a la búsqueda de los 43 desaparecidos.
Indicó que después de revisar los documentos que entregó el gobierno del estado valorarán la pertinencia de otra reunión o solicitarle nuevos informes.
Dijo que no sabe en cuánto tiempo tendrá resultados la comisión porque “depende” de la investigación de la PGR.
Agregó que también van a buscar información con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los familiares de las víctimas y organizaciones sociales locales, nacionales e internacionales que han tenido contacto con los familiares de las víctimas.

Importantísimo reunirse con los familiares de las víctimas

Guillermo Anaya dijo que para los integrantes de la comisión especial es “importantísimo” tener contacto con los familiares de los lesionados, fallecidos y los “todavía” desaparecidos.
Expresó que no sabe cuándo se van a reunir con los familiares por las condiciones de rechazo que hay hacia las autoridades.
De lo que se trata es “trabajar con mucha confianza para que los testigos presenciales nos puedan aportar datos, como ustedes saben no creen en nada ni en nadie y tenemos que darles certeza de que esta comisión está actuando en forma muy profesional, no queremos emitir juicios de valor político independientemente de los cuestionamientos que se hayan hecho contra el gobernador y que han planteado lo mismo de que él está dispuesto a salir si el caso lo amerita, reiteramos que no es nuestro papel, no somos la instancia correspondiente, hay un debate en el Senado que es la instancia para este tipo de debate político”.
Dijo que la esperanza de los gobiernos federal, estatal y las organizaciones sociales es encontrar con vida a los 43 normalistas
Anaya dijo que la información de la PGR de que los 28 cuerpos encontrados en las fosas el 3 de octubre no son de los normalistas “alienta muchísimo a encontrarlos con vida y todos los esfuerzos hay que encaminarlos hacia ello”.
Sobre el planteamiento del PAN en el Senado para la desaparición de poderes en el estado, Anaya Llamas dijo que “es un debate que se da en el Senado, que no es nuestro espacio”.
El vicecoordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve, indicó que la reunión fue cordial  y que aunque ya la investigación la tiene la PGR, era necesario platicar con las autoridades estatales porque ellas iniciaron la investigación e indicó que las declaraciones del procurador Jesús Murillo, de que los encontrados en las fosas en Iguala no son de los normalistas, “permite abrir una puerta de esperanza para encontrar con vida a los 43 jóvenes”.
Añorve comentó que propuso en la reunión que se amplíe una investigación porque se requiere una respuesta de porqué dos de los 22 policías municipales detenidos de Iguala señalaron en sus declaraciones que ahí fueron enterrados los alumnos de Ayotzinapa.
Después los diputados federales se reunieron por dos horas con los diputados locales que integran la comisión especial del Congreso en un salón del hotel Holliday Inn.
Anaya Llamas dijo que en la reunión acordaron una minuta de trabajo y que tocaron temas como dónde está Abarca y por qué fueron los normalistas a Iguala, además de mantener prudencia  y sensibilidad.
El diputado local del PVEM, Arturo Álvarez Angli, dijo que en la reunión acordaron mantener comunicación constante y pidieron a los diputados federales gestionar una reunión con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Los diputados que asistieron fueron Tomás Hernández Palma del PRD, que es el presidente de la comisión de diputados locales; Evencio Romero de Movimiento Ciudadano, Jorge Camacho del PAN, Emiliano Díaz Román del Panal. No asistieron Jorge Salazar Marchan del PT y Rubén Figueroa Smutny del PRI. (Redacción con información de Agencia Refor-ma, Daniel Velázquez y Karina Contreras).

Es improcedente el referéndum sobre su renuncia, responde el IEPC al gobernador

*Toman el acuerdo por unanimidad en sesión nocturna el martes

Redacción

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad que legalmente no procede realizar la consulta ciudadana que solicitó el gobernador Ángel Aguirre Rivero con el fin de someter su permanencia en el cargo a la decisión de la población guerrerense.
El martes por la noche, los siete consejeros electorales y 10 representantes de partido sostuvieron una reunión de trabajo para darle trámite a la solicitud que el Ejecutivo les hizo llegar ese mismo día.
En esa reunión de trabajo, el Consejo General declaró improcedente la petición del gobernador, por lo que de inmediato envió al gobierno la notificación correspondiente.
Durante la reunión los consejeros electorales explicaron que este instrumento de participación ciudadana corresponde ejercerla al gobernador, las instancias de administración pública del estado, los presidentes municipales o el Congreso local, para que en sí o en colaboración, sometan a consideración de la ciudadanía –a través de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta- cualquier tema de interés social.
“De este modo, la solicitud de consulta ciudadana que plantea el titular del Poder Ejecutivo del estado sólo puede darse en modalidad de coadyuvancia con este organismo electoral local, por lo que no puede asumir directamente la organización de tal proceso en sí, puesto que es claramente que el supuesto de competencia es propio de las autoridades de la administración pública que se han señalado”, se lee en la tercera y cuarta página de la minuta elaborada con motivo de la reunión de trabajo, y de la que este reportero tiene una copia.
Además en el mismo documento se explica que la petición del gobernador se encuentra “fuera de lógica” porque, a perecer del IEPC, no tiene sentido realizar una consulta para una posible revocación de mandato cuando ya inició formalmente el proceso electoral que servirá para elegir al sucesor de quien pide la consulta.
La solicitud que Aguirre Rivero envió al IEPC, estaba acompañada de una copia de la iniciativa de decreto firmada también por el gobernador y dirigida al Congreso local, por la cual pone a consideración del Legislativo el proyecto de decreto para crear el referéndum, en su modalidad de consulta ciudadana para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal.
En la minuta de la reunión del IEPC se lee que “el documento (proyecto de decreto enviado al Congreso) carece de carácter normativo, puesto que no ha sido sometido al procedimiento legislativo correspondiente, por lo cual este organismo electoral se reserva la facultad de realizar consideraciones al respecto”.
Además los consejeros electorales indicaron que al encontrarse ya en un proceso electoral, las figuras de referéndum y plebiscito resultan improcedentes, por lo tanto el IEPC se encuentra imposibilitado legal y materialmente para desarrollar una consulta.
Los siete consejeros y los 11 representantes de partidos coincidieron en que no es procedente la petición, y por esta razón votaron por unanimidad “la imposibilidad legal para la realización de la referida consulta”.
El mismo martes, el IEPC notificó al gobernador, a través del expediente IEPC/P/I/2014 número 1148, sobre los acuerdos y la improcedencia de la consulta que requirió al órgano local.

Diputados locales del PAN y el dirigente apoyan a Aguirre contra senadores y el presidente del PAN

*El gobernador no está solo”, afirma por su parate el coordinador de los legisladores perredistas, Bernardo Ortega. También el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano rechaza la desaparición de poderes

El dirigente estatal y los diputados locales del PAN salieron a la defensa del gobernador Ángel Aguirre Rivero y rechazaron la desaparición de poderes que promueven los senadores de su partido respaldados por el presidente nacional del mismo.
El martes, 30 de los 38 senadores del blanquiazul solicitaron de manera formal la desaparición de poderes en el estado. Si procede la solicitud, el gobernador deberá dejar el cargo al igual que el desvanecimiento de los otros dos poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, a partir de las movilizaciones y acciones realizadas por estudiantes, padres de familia y organizaciones que reclaman la aparición con vida de 43 normalistas y justicia por los ataques en su contra en Iguala.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de “sacar raja política” de la situación que enfrenta el estado de Guerrero, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la pretensión de ganar espacios en el próximo proceso electoral.
El legislador asistió ayer como invitado y representante del Poder Legislativo al auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde la Comisión de la Verdad rindió su último informe sobre las investigaciones de las desapariciones forzadas y asesinatos en el periodo conocido como la guerra sucia.
En declaraciones a reporteros, el legislador perredista reprobó la propuesta de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado y advirtió que el Congreso local no permitirá que ese partido saque ventaja pues “el gobernador no está solo”, dijo.
El legislador perredista insistió en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero no debe renunciar al cargo, porque esto nada solucionaría, además arremetió en contra del PAN, partido al que acusó de sacar provecho de la situación que vive Guerrero para beneficiarse en el próximo proceso electoral.
El presidente del Legislativo local dijo que la Cámara de Senadores no tiene la facultad de promover la desaparición de poderes, pero no supo argumentar esa postura y se limitó a decir que “así lo dijo un especialista”.
“Su renuncia creo que es una decisión personal, sin embargo yo creo que no están las condiciones dadas para que él renuncie o él pida licencia, mucho menos para que desaparezcan los poderes, porque lo que quiere el PAN es: si hoy tiene tres diputados, quiere ahora tener 12 diputados aquí”, dijo.
Respecto a la iniciativa de decreto que envió el gobernador para crear la figura de referéndum en su modalidad de consulta ciudadana para la revocación de mandato deltitular del Poder Ejecutivo, explicó que será analizada con los asesores del Congreso para determinar si es o no factible, y en su momento abordará este asunto con la fracción del PRD.
Mencionó que aún no conoce el monto de daños por las afectaciones al edificio y dijo que aún no ha determinado si procederá o no legalmente en contra de los responsables.
Los diputados panistas también consideraron que no es necesaria la desaparición de poderes en el estado, porque “no es la solución al problema que tenemos”.
Marcos Efrén Parra Gómez comentó que de acuerdo con la información que los senadores panistas les enviaron con la coordinadora de la fracción panista en Guerrero, Delfina Oliva Concepción Hernández, la propuesta es a partir de los hechos violentos ocurridos en el estado.
El panista fue también candidato a gobernador, que en la ruta final de la campaña electoral declinó a favor de Ángel Aguirre, postulado por la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano antes Convergencia.
Dijo que la postura de los senadores panistas fue a partir de las acciones de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y “personas que han causado daños y destrozos a la entidad”.
Marcos Parra insistió en que las acciones de manifestación que realizan los compañeros de los estudiantes desaparecidos, y el magisterio disidente de Guerrero “dañan la gobernabilidad en el estado y a la sociedad”.
Y que por eso los legisladores federales del PAN en el Senado están encabezando la solicitud de los manifestantes para que desaparezcan los poderes en Guerrero.
Pero reconoció que a partir del involucramiento de la policía municipal de Iguala y la de Cocula, gobernados por el PRD y PRI, respectivamente, y el hallazgo de fosas con cadáveres “son problemas serios” y que la desaparición de poderes “podría calmarlo”, pero insistió en que no es la única solución.
Por su parte Jorge Camacho Peñaloza afirmó que la propuesta del PAN a nivel nacional sólo pretende encauzar las manifestaciones que se han realizado en el estado y que el Senado, que es al que le compete, defina si el gobernador Ángel Aguirre Rivero continúa en el cargo.
Consideró que antes de tomar una decisión en ese sentido deben valorar el papel que ha realizado cada uno de los poderes, “no es un tema sencillo y no porque lo propongan los senadores lo tenemos que dar por hecho que se va a dar la desaparición de poderes en el estado”.

No a la desaparición de poderes

Los dirigentes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, Andrés Bahena Montero y Adrián Wences Carrasco, rechazaron la desaparición de poderes, y opinaron que la renuncia del gobernador Aguirre no eliminaría el ambiente de inconformidad y que debería decidirse cuando aparezcan los normalistas, se concluya la investigación de la PGR y se deslinden responsabilidades.
Consultado vía telefónica, Bahena Montero no respaldó la postura de la dirigencia nacional de su partido porque considera que no es el momento adecuado para decidir si el gobernador se va, a excepción de que el Senado lo solicite de manera formal y con base en sus facultades constitucionales.
A pregunta expresa de si el comité estatal del PAN apoya la propuesta, respondió que “desafortunadamente en Guerrero se han rebasado de alguna manera el gobierno estatal”, el partido ha manifestado su apoyo al gobernador pero “no hemos visto ninguna respuesta, ninguna acción” para resolver la situación que se vive.
“A partir de la comparecencia del procurador de la República pues estaremos ya recibiendo nosotros una línea de coordinación a nivel nacional como partido para poder ya estar tomando una determinación”, afirmó.
Al insistirle en si el gobernador debe de seguir o dejar el cargo para distender el ambiente, opinó que “en estos momentos sería muy complicado” que dejara el cargo porque estamos en un momento de crisis, se tiene que solucionar, los jóvenes normalistas tienen que aparecer, y cuando se solucione el conflicto se deberá “pasar al segundo tema” de la sanción a los culpables y el deslinde de responsabilidades de los tres niveles de gobierno.
“Hacer un vacío de poder con ausencia del gobernador pues no ayudaría en nada el conflicto que estamos viviendo en Guerrero”, concluyó el dirigente panista.
Por separado, Wences Carrasco se dijo “extrañado” por la propuesta del PAN porque la figura de la desaparición de poderes “ya no está en la Constitución”.
“Se me hace muy irresponsable que ahorita quieran sacar raja política los señores del PAN, seguramente están indignados por el asesinato de su secretario general (Braulio Zaragoza Maganda Villalva), y los entendemos, pero de eso al despropósito de pedir la desaparición de poderes que desde luego no procede”, señaló. (Carlos Navarrete, Rosalba Ramírez y Redacción / Chilpancingo y Acapulco)

Con el nuncio, emiten los cuatro obispos un tercer llamamiento contra la inseguridad

*La violencia desatada “tiene capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad”, advierten. El representante del Papa, Christopher Pierre, se suma a la demanda de sanear las instituciones “afectadas por el cáncer del crimen”

Mariana Labastida

Los cuatro obispos de Guerrero consideraron que a partir de los hechos sucedidos en Iguala se desencadenó una crisis social y política, que demostró que la violencia tiene la capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad, siendo una muestra de lo que se vive en la vida cotidiana en los últimos años.
Convocaron a hacer un esfuerzo “mayúsculo” en el saneamiento de las instituciones y dar atención especial a los municipios vulnerables por las amenazas del crimen organizado, expusieron en un comunicado leído por monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco.
En conferencia, Garfias Merlos indicó que la sociedad debe organizarse y ordenar sus expresiones en el caso de la petición de la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Por su parte, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala, negó que tuviera conocimiento previo de extorsiones o violencia contra los sacerdotes de esas diócesis.
El nuncio apostólico Christopher Pierre lamentó las muertes en Guerrero y se solidarizó con los obispos, con los que compartió la opinión de la limpieza de las instituciones.
Dentro de las actividades del vigésimo segundo Encuentro Nacional de la Pastoral de Comunicación, “la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro”, los obispos de Guerrero dieron a conocer un comunicado provincial, el cual fue leído por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.
Dos temas expusieron en el comunicado, el proceso pastoral de la provincia eclesiástica de Acapulco en el cual explicaron que cada seis meses se reúnen las diferentes comisiones, en los últimos años se ha dado principal atención al tema de la construcción de la paz debido a las condiciones “dramáticas” de violencia, así como la emergencia y reconstrucción después de los desastres naturales del año pasado, por lo que el encuentro de la comunicación era una oportunidad de fortalecer la colegialidad y colaboración de la acción pastoral.
El segundo tema fue el de los ataques a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Este es el tercer escrito que emiten los obispos en relación a ese tema, y en éste indican que se ha desencadenado en Guerrero una crisis social y política por lo que ocurrió, lo cual es un adelanto de la violencia desatada en el estado desde hace años que “tiene capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad”.
Los obispos exponen que Iguala es una muestra de lo que ha sido la vida cotidiana en los últimos años, por los diferentes hechos de violencia e inseguridad que se padecen, cifras que han sido engrosadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural, “estamos en un momento muy crítico, que necesita ser abonado con mucha responsabilidad social por los diversos actores políticos”, leyó Garfias Merlos.
En el texto indican que el hecho que hayan sido cuerpos policiacos y autoridades constituidas los protagonistas, “hace pensar en la necesidad de poner máxima atención en el factor político”, precisó el arzobispo, y posteriormente se refieren a que no se politice el hecho, porque dijo Garfias Merlos las situaciones que se politizan se hacen más violentas, más agresivas.
Por la participación en el hecho de los cuerpos policiacos y autoridades constituidas, los obispos pidieron un esfuerzo mayúsculo para sanear las instituciones públicas  que estén “afectadas por el cáncer del crimen”, así como los municipios que sean vulnerables; a ese respecto, Garfias Merlos precisó después que los municipios a los que se refieren son los que ha dado a conocer el gobernador Ángel Aguirre Rivero a través de los medios de comunicación.
En el texto, los obispos hacen un llamado “urgente” a las autoridades para que antepongan el bien de los pueblos ante cualquier interés político o partidista, que se protejan las instituciones públicas de cualquier “signo de orden criminal para que cuenten con la confianza de los ciudadanos”.
También pidieron que se dé preferencia a las víctimas y “sigue siendo de alta prioridad encontrar a los normalistas desaparecidos”. Así como las investigaciones y la información oficial puntual con “sus logros o dificultades”.
También llamaron a la sociedad y organizaciones a que participen de manera responsable en sus manifestaciones, “entendemos que en circunstancias como las actuales, repletas de rabia e inconformidad, los ánimos se exacerban, pero la violencia no resuelve nada pues sólo complica las soluciones”.
Y se manifestaron por la oración para encontrar el camino del perdón, reconciliación, consuelo, esperanza y paz; además de acompañar a los pueblos para tener una sociedad “justa y pacífica”.
En las preguntas y respuestas, a pregunta expresa de una reportera sobre si la salida del gobernador Ángel Aguirre es la solución para la situación de violencia, el arzobispo Carlos Garfias dijo que es valioso que la sociedad se esté expresando.
“Es valioso que la sociedad se exprese, es importante que se organice y se ordene bien la expresión de la sociedad para que busquemos la verdad, el bien común, las mejores decisiones para el beneficio de todos, creo que eso es lo importante”, dijo.
Agregó que hay a quien le toca tomar las decisiones en ese tema, e insistió en que la iglesia lo que les toca es ofrecer atención a las víctimas y oración para reconstruir el tejido social.
Garfias Merlos lamentó lo que ocurrió el lunes en Chilpancingo cuando estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y miembros de la Ceteg incendiaron el Palacio de Gobierno y el palacio municipal, y reiteró que la violencia no llevará a encontrar soluciones, por lo que pidió que se encuentre el camino del perdón y reconciliación.
De la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, Garfias Merlos dijo que la información que tiene es la que aparece en los medios, y dijo que “ojalá que se logre” encontrar a los estudiantes, porque es una situación que está generando incertidumbre y zozobra; por su parte la iglesia ha acompañado a las familias con oración y presencia para atención espiritual.
A pregunta de un reportero en relación al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, Garfias Merlos dijo que las autoridades han manifestado que es culpable por los hechos ocurridos en ese municipio, “con lo que se le ha estado imputando es un delincuente”, pero que para ello existen los caminos para la justicia en Guerrero; de si busca a la iglesia para confesarse, el arzobispo dijo que como penitente arrepentido lo reciben para darle acompañamiento.
De si se han dado amenazas a los padres, Garfias Merlos dijo que “específicamente no tenemos señalamiento de amenaza y persecución a sacerdotes, los hechos que han sucedido han sucedido en un momento que no hay claridad”.
De si confían en que se pueda dar la recuperación de la tranquilidad por vía de las instituciones, democracia y electoral, Garfias Merlos dijo que el esquema de reconstrucción de la paz que tiene la Iglesia es la vinculación con instituciones, autoridades civiles y organizaciones, para ser parte del esfuerzo y conciencia de como se debe de trabajar con la esperanza de tener “una relación e influencia en la estructura de donde se toman las decisiones, buscando caminos para lograr ese avance y trasmitir valores propios del evangelio”.
De la situación en la que se encuentra Guerrero y si el gobernador Aguirre Rivero debería dejar el cargo, el nuncio apostólico puntualizó que como diplomático “no entro en la política local”, sin embargo compartió la opinión de los obispos en relación a que se deben sanear las instituciones, y llamó a los católicos a ayudar a generar una mejor sociedad.
Agregó que está en comunión y acompañamiento con los obispos de Guerrero, “comparto el dolor” de los hechos que han ocurrido, dijo admirar el trabajo que se está haciendo con las víctimas de la violencia para promover la reconciliación y la paz, y lamentó “mucho la situación de violencia, extorsiones, el papel que puede tener la corrupción, lo sabemos todos, siempre me pongo del lado de las víctimas”.
Dijo que se debe de acompañar a las familias de los jóvenes desaparecidos, rescatar la palabra responsabilidad, que cada integrante de la sociedad tiene y evitar el sufrimiento.
“Yo lamento todas las muertes, es lamentable y escandaloso, yo pienso que nosotros tenemos como miembros de la iglesia, que ofrecer una contribución a la sociedad proponiendo los valores del evangelio, la llamada como usted lo dice, es a todos a ser coherentes, a promover una cultura de la vida desde el inicio, respetar el valor sagrado de la vida”, dijo el nuncio a la pregunta de un reportero del llamado que le haría a los ciudadanos cuando el “no matarás es letra muerta en Guerrero”.
En la conferencia que se realizó en el salón Jaguar del hotel Playa Suites de Acapulco, donde se desarrollan las actividades del Encuentro Nacional de Pastoral de Comunicación, el nuncio apostólico Christopher Pierre habló en relación al uso de la tecnologías y convocó a no ser adictos a las mismas sino utilizarlas para compartir información y no para pensar de manera individualista; estuvo también el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, Antonio Camacho.