Carlos Pérez Aguirre

¡Garantías ya! para defensores de derechos humanos

Dentro del contexto enrarecido y de náusea que generan las designaciones de candidatos por la instrucción de los caciques y no por los propios procedimientos partidistas, en donde no han importado las siglas y mucho menos intenciones e ideología, lo que prevaleció fue la subordinación de los partidos al juego local de los caciques que compran de manera vergonzante a los dirigentes para poder seguir aprovechándose del poder.

Y es precisamente dentro de ese escenario de apetito del poder, en donde no importando los medios para conservarlo como el asesinato, la represión, la corrupción, el nepotismo y la amenaza,  en donde se anida el temor a la critica y al respeto de la ley.

Así con impunidad y mediante cobardes anónimos se amenaza al abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, los temas que toca la amenaza son La Parota, las mujeres violadas y Ayotzinapa. Los tres temas tienen una dinámica propia de intereses y responsabilidades tocadas, pero en los tres existen hilos conductores específicos que pudiesen determinar de manera contundente a los autores intelectuales.

Por ello nos sumamos a la demanda del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, para que tanto el gobierno federal y el estatal garanticen la seguridad de los defensores de los derechos humanos en especial de los integrantes de Tlachinollan. Algunas organizaciones como la (APPG) y la (Redgro) señalan que las amenazas provienen del propio gobierno, lo cual conociendo las prácticas represivas violentas y antidemocráticas de quienes lo integran en sus más altos niveles, genera en esas organizaciones esa aseveración.

Sólo habrá que mirar recientemente lo que denunciaron líderes de productores de mango y pescadores de Petatacalco a los cuales, según reseñan, los convocó a una supuesta reunión el secretario de Gobierno pero en vez de ello intentaron detenerlos; o las pláticas dilatorias a los estudiantes de Ayotzinapa que desembocaron en el asesinato de dos de ellos.

Todo ello no sólo genera desconfianza entre las organizaciones civiles y ciudadanas, genera sobre todo líneas de conducta. El mismo organismo amenazado, Tlachinollan, responsabiliza de cualquier agresión que sufran al gobierno federal y evidentemente al estatal. Mientras el gobernador de la entidad dice ser respetuoso del trabajo de los defensores de los derechos humanos. Quisiéramos creer que eso es cierto.

Mientras tanto existe una amenaza abierta no sólo contra Tlachinollan sino contra todas las organizaciones críticas y defensoras de esos derechos fundamentales e inalienables del ser humano. En las actuales condiciones de violencia generalizada, todos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad requerimos de organismos fuertes, independientes y blindados del poder público. Esta amenaza debe ser rechazada por todos y debemos llamar a la más amplia solidaridad.

Si por alguna razón o instrucción, algún despistado funcionario de gobierno de mentalidad aviesa, generó o propició esos mensajes, deberá retractarse de su intención, pues habrá que recordarle que ya no estamos en el siglo pasado y que tarde o temprano todo saldrá a flote y más temprano que tarde se hará justicia.

[email protected]