Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Aguirre, la renuncia urgente

Es inevitable que el Senado apruebe la propuesta del PAN para declarar desaparecidos los poderes en Guerrero y por lo tanto para designar a un nuevo gobernador. Esta iniciativa, presentada el lunes por los senadores panistas, recoge el reclamo generalizado en el país y ofrece una salida a la vertiente política de la crisis originada por la matanza y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala.
En medio del dolor causado por estos hechos, la renuencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero a renunciar ha profundizado el desgobierno que se extiende por todo el estado. La desaparición de poderes y la salida de Aguirre Rivero no resolverán el caso criminal, pero sí removerán el factor decisivo por cuya negligencia se produjo la tragedia, que es la inacción y el encubrimiento del gobernador en relación con el drama que se gestaba en el Palacio Municipal de Iguala bajo el control de José Luis Abarca Velázquez. La clave del conflicto político es el apoyo que Aguirre dio al ex alcalde Abarca, tan grande que lo dejó escapar, motivo por el cual el gobernador se convirtió en juez y parte del problema, en un problema más.
Sin embargo, es posible que el gobernador se vaya por su propio pie antes de que el procedimiento legislativo llegue a su término la próxima semana, y probablemente lo haga ya en cualquier momento o a más tardar el lunes próximo, pues finalmente el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, se rindió a las evidencias y le retiró el apoyo que le había brindado desde el 5 de octubre e inclusive abrazó la propuesta de los panistas.
Cada día que pasa es más insostenible la permanencia de Aguirre Rivero en el poder. El gobernador no gobierna y perdió ya el control de todo. Las dos semanas en las que la investigación de la matanza y desaparición de estudiantes estuvo en manos del gobierno del estado, la búsqueda no produjo ningún resultado y pareció destinada más a salvar la imagen del gobernador que a la efectiva localización de los jóvenes. Por su parte, la Procuraduría estatal apenas fue capaz de detener a policías municipales, pero inexplicablemente dejó escapar al ex alcalde de Iguala. Esa notoria ineptitud para resolver la crisis de Iguala y para ofrecer una respuesta y certidumbre institucional a las demandas justísimas de las familias y compañeros de las víctimas del ataque de la policía municipal de Iguala son la demostración más clara de que no existe gobierno en el estado.
En consecuencia, que el estado se sumió en un pozo de ingobernabilidad no es una metáfora sino un hecho real, tangible y amenazante. El incendio del Palacio de Gobierno por parte de los normalistas es la prueba más cruda de ello, y estuvo motivado en la desesperación que las autoridades no son capaces de aliviar.
Guerrero, el país y el mundo esperan anhelantes el desenlace de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, el objetivo principal en esta crisis, pero en ello el gobernador no es ya de ninguna ayuda, sino un obstáculo. Ángel Aguirre no ofrece ya certeza institucional, ni confianza, ni es fuente de consuelo para la desgracia que agobia a las familias de las víctimas. Y ni hablar de eficacia, porque ésta no ha existido nunca en su gobierno. El ataque de policías ministeriales contra estudiantes del Tec de Monterrey en Chilpancingo el domingo pasado y las heridas que los balazos le produjeron a un estudiante alemán exhiben el extravío que afecta al gobierno del estado. Sólo aquí y en el gobierno de Aguirre habría sido posible otro ataque a balazos de policías contra estudiantes en medio de la crisis nacional provocada por la policía municipal de Iguala.
Las impactantes imágenes del Palacio de Gobierno en llamas, que le dieron la vuelta al mundo, parecen haber inducido el cambio en la postura de Navarrete, quien había defendido a Aguirre y secundado sus reacciones. El dirigente del PRD busca de esa manera frenar el enorme descrédito que el derrumbe del gobierno aguirrista le ha causado al partido justo en la antesala del proceso electoral de 2015.
La putrefacción que manifiesta el gobierno de Aguirre es un problema no solamente para el PRD –problema del que por otra parte este partido es responsable y se ganó a pulso–, sino para el gobierno de Enrique Peña Nieto y para el país. En su enésimo mensaje sobre la crisis de Iguala, el Presidente dijo el miércoles que “estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”. Lo son, en efecto, y hasta hoy las instituciones federales tampoco han sido capaces de encontrar a los 43 desaparecidos ni de dar respuestas satisfactorias a las familias y la sociedad agraviada. El gobierno federal tardó demasiado tiempo en intervenir, cuando debió hacerlo al instante, y ahora mismo se halla atrapado en una dinámica frustrante y fallida.
Para trazar la intensidad y el impacto histórico de la crisis de Iguala, el rector de la UNAM, José Narro, dijo antier que nada podrá ser igual en México después de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa. Así debería ser y es deseable y saludable que lo sea, pero quién sabe si así sea. La indignación nacional por la atrocidad de que se hizo víctimas a los estudiantes necesita derribar la simulación y la corrupción, esas sólidas estructuras de hormigón que sostienen al sistema político. El hecho de que en plena tempestad el gobernador de Guerrero se aferre al cargo y declare que los poderes y las instituciones funcionan adecuadamente, y que el conflicto se limita a Iguala, después de que el Palacio de Gobierno fue quemado y las protestas se han extendido a todo el estado –a la misma velocidad con la que son halladas más fosas clandestinas en los alrededores de Iguala–, es otra demostración de que las fuerzas políticas tratarán de impedir que la tragedia de Iguala y Ayotzinapa se convierta en el paradigma planteado por el rector de la UNAM.
Por eso debe ser echado Ángel Aguirre de la gubernatura, y antes de que provoque otra desgracia irreparable, que lamentablemente podría estar incubándose desde ayer en Acapulco, hacia donde el gobierno del estado desplazó a unos mil 500 policías antimotines con el objetivo de evitar desmanes de los normalistas en la magna marcha convocada para este día en el puerto en demanda de la aparición de sus 43 compañeros. ¿Quién se hará responsable si en el caos prevaleciente se produce hoy un nuevo acto de violencia contra los estudiantes? ¿Quién, si Aguirre ya ni está?

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