Ex trabajadores despedidos de la Comverdad piden al Congreso intervenir

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque la Comisión de la Verdad terminó ayer formalmente su periodo de operación, cuatro ex trabajadores del organismo demandaron que el Congreso del estado, que aprobó y financió su creación, responda a la demanda laboral por despido injustificado que interpusieron contra el organismo en la ciudad de México.
En conferencia de prensa, los investigadores Absalón Torres Peláez y José Luis Peralta Flores denunciaron que firmaron un contrato de dos años con ampliación a seis meses (el tiempo que se estableció por Ley para la Comisión) y fueron despedidos en diciembre de 2013, sin finiquito y nunca gozaron de prestaciones laborales.
Asimismo, denunciaron que no se respetó el salario convenido, que fue reducido en dos ocasiones, la primera vez en 10 por ciento y la segunda en un 33 por ciento.
Indicaron que hablaron del caso con el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, que sólo ofreció revisarlo, porque dijo que desconocía el conflicto.
Sin embargo, insistieron en que si la Comverdad ya concluyó su función (entregó su informe final el miércoles), el Congreso local debe asumir la responsabilidad con los trabajadores y resolver favorablemente y de acuerdo a las leyes este conflicto laboral.
Consideraron que en el manejo del financiamiento de la Comverdad, predominó la política neoliberal y la corrupción, cuando por sus objetivos, de investigar prioritariamente la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y desplazamientos forzados, su operación debía ser limpia y transparente.
Como ejemplo de las irregularidades, insistieron en que el jefe del equipo de investigación, Alberto López Limón, incluyó a su hijo en el equipo de trabajo, a su cuñado y a un amigo de su hijo, y a eso se le llama nepotismo.
Sobre acuerdos incumplidos, aseguraron que no se cubrió el apoyo de mil pesos mensuales a dos estudiantes de historia, que les prometieron, tampoco supieron del destino de los 5 mil pesos mensuales para gastos menores para el equipo de investigación documental, del que formaban parte.
La denuncia que también entregaran al Congreso local, está firmada por los dos investigadores que dieron la conferencia y dos personas de apoyo, Antulio Fernández y Rodrigo García.