Denuncia el Centro Tlachinollan deficiencias de la PGR en la búsqueda de los 43 normalistas

*Esperar los peritajes antes de asumir que están muertos como afirmó el padre Solalinde, plantea Abel Barrera. Por la forma de operar de Abarca, hay “muy pocas posibilidades” de que los estudiantes estén vivos, dice Bertoldo Martínez Cruz

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Más que manejo político, la investigación sobre el paradero de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos por la Policía Municipal de Iguala, evidencia serias deficiencias de la Procuraduría General de la República (PGR), opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, sobre la declaración del padre Alejandro Solalinde Guerra.
En medios nacionales, el sacerdote que se ha destacado por la defensa de migrantes de Centroamérica en el país, reveló el viernes que habló con testigos que aseguran que los normalistas detenidos el 26 de septiembre en Iguala fueron asesinados y sus cuerpos quemados, algunos aún con vida, y denunció que las autoridades federales están dando al caso un manejo político, no de justicia, mientras evalúa qué verdad decir para que tenga el menor costo político para el régimen.
Por separado, el veterano luchador social Bertoldo Martínez Cruz coincidió con Solalinde y dijo que ve “muy pocas posibilidades” de que los estudiantes desaparecidos estén vivos, por los antecedentes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado de ordenar el secuestro de ocho miembros de organizaciones sociales de Iguala y de asesinar él mismo posteriormente al dirigente de la Unidad Popular, el perredista, Arturo Hernández Cardona.
Añadió que “la cuestión es dónde están y la exigencia de justicia, porque las autoridades saben dónde se encuentran y no quieren decir”.
En consulta telefónica, Barrera Hernández recordó que Tlachinollan está dando acompañamiento jurídico a las víctimas y familiares de los estudiantes de la normal en el diálogo con la Secretaría de Gobernación, y en ese sentido, no tienen certeza de lo que se afirma, que los estudiantes estén muertos o fueron quemados.
“No hay elementos porque a nivel de investigación y peritaje que hace el equipo forense de Argentina todavía no hay resultados científicos para identificar los cuerpos (que se han encontrado en fosas), más allá de testimonios, versiones de personas, científicamente falta constatar eso”, dijo.
Reiteró que las familias han dejado en manos del equipo argentino las investigaciones sobre la identificación de los cuerpos, y las versiones o declaraciones que surjan son líneas de investigación, pues entre los cuerpos localizados en Iguala hay personas mayores, mujeres y algunos de mucho tiempo de fallecidos.
Subrayó que con una declaración no se puede dar por terminada una investigación, ni ayuda a dar certeza a las familias.
Del desempeño de la PGR, dijo que hay resistencias, “a pesar de que han enviado policías y un sinnúmero de equipos para localización, vemos que en verdad hay serias deficiencias en torno al trabajo que se hace; nos desconcierta que a pesar de que ha enviado equipo especializado no saben (cómo localizar a los estudiantes)”.
Pero dijo que tampoco puede decir que sea una estrategia para evadir la responsabilidad de decir dónde se encuentran los estudiantes.
Aseguró que los padres de familia están desesperados y desconcertados porque no tienen información veraz sobre el paradero de sus hijos, a pesar de los recursos invertidos.
Sin embargo, consideró que la falta de resultados no es por cuestiones políticas, sino que se está desenmascarando el aparato del Estado, que tiene serias deficiencias en la búsqueda de los estudiantes.
En consulta telefónica, Bertoldo Martínez recordó que en el caso de los activistas de UP, secuestrados por la policía de Iguala el 30 de mayo de 2013, fueron asesinados el siguiente día.
En ese sentido, opinó que hay muy pocas posibilidades de que los normalistas estén vivos, y coincidió con el padre Alejandro Solalinde en que las autoridades esperan que se calmen los ánimos, antes de revelar más información.
Añadió que la sociedad está harta de los homicidios, y la PGR debería dejar de jugar con la población como hizo en el caso de Hernández Cardona, pues “si la hubiera atendido, no tendríamos este problema”.
El secretario Técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, que también es parte de equipo de asesores de los normalistas, declaró que se debe actuar con cautela ante las versiones de distintos actores, mientras reciben los informes de los antropólogos argentinos.
Coincidió en que las autoridades hacen un manejo político e irresponsable de información, pero declaraciones como la de Solalinde “ponen en mayor vulnerabilidad a las familias, confunde y genera mucho dolor”.
No obstante, aceptó que hay más de 30 detenidos vinculados con la desaparición de los estudiantes, y la PGR, como en su momento la Fiscalía General del Estado (antes PGJE), ser niega a decir qué pudo haber pasado con ellos.
Sobre los informes que acordaron con la Segob, para que detallen a los familiares sobre los avances de la investigación, indicó que se replantearon hacerlo dos veces por semana, porque no han presentado nada nuevo. Indicó que el reclamo de los padres de familia es que obtienen más información de redes sociales que de las autoridades.