Carlos García Jiménez

Bajo el ala del sombrero

*Desaparición de poderes, vía para construir un nuevo Guerrero

Así como una herida infectada se cura extirpando la purulencia, mucha limpieza y aplicando el remedio adecuado, la crisis de gobernabilidad que hoy vive Guerrero tiene como cura eficaz la desaparición de poderes, el restablecimiento del Estado de derecho y el involucramiento armonioso de todos los actores sociales y políticos en el diseño del nuevo orden sociopolítico. Las soluciones pactadas fuera de la ley, o la medicación con aspirinas y vendajes superficiales, sólo avivarán las llamas del descontento social que se avizoran más contundentes a partir del próximo miércoles Día de la Acción Global por Ayotzinapa.
Y es que dada la magnitud de la reciente herida infectada que sufre Guerrero (el asesinato de 6 y la desaparición de 43), no sólo se trata de remover de sus puestos a los responsables directos y omisos de tales hechos (y aplicar las correspondientes sanciones y castigos), sino de extirpar la corrupción e impunidad que la produjo y que aún sigue supurando en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La tardía revocación de mandato del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y la inminente remoción de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura estatal, son apenas los primeros tratamientos curativos para recuperar el Estado de derecho, la seguridad pública y las condiciones para la construcción, ahora sí, del nuevo Guerrero que los guerrerenses necesitan.
El nuevo Guerrero al que aspiran los ciudadanos que cada día se vuelca en masa a las calles en contra de la impunidad, la corrupción y la delincuencia institucionalizada es aquel que se espera se edifique bajo el concepto moderno de gobernanza, entendida ésta como “un proceso de coordinación de actores –de grupos sociales y de instituciones– para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre” (Le Galès).
En otras términos, el nuevo Guerrero que se espera emerja de esta crisis de gobernabilidad (del sistema de gobierno centrado en la autoridad), deberá basarse en la democracia participativa, en el ejercicio transparente de los recurso públicos, en la honorabilidad y austeridad republicana de los servidores públicos, y en el respeto irrestricto de la ley, entre otros principios de civilidad.
En tanto se definen los mecanismos legales y políticos para el nombramiento del gobernador interino, es pertinente reflexionar acerca de las causas estructurales que condujeron a esta circunstancia histórica, y a partir de ello visualizar algunas vías que transformen la actual situación de ingobernabilidad a una situación de gobernanza con la participación de los distintos actores sociales y políticos de la entidad.
La desaparición de poderes se define como el proceso legal mediante el cual se declara que, por distintas causas que pueden ser políticas o sociales han dejado de existir como tales los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de un estado de la federación; y por lo tanto, al Senado de la República le compete intervenir por sobre la soberanía de un estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos.
Al respecto, la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política mexicana establece que es facultad del Senado de la República: “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocara a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta de una terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso”.
Ciertamente, la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero no es la solución a la crisis de gobernabilidad que desde el inicio de su mandato ya existía, sin embargo es un paso más hacia la desaparición de poderes, demanda social que nace de las entrañas de la historia guerrerense y que, de lograrse permitirá remover la podredumbre que ha venido carcomiendo a las instituciones de los tres poderes del estado.
¿Por qué la corrupción, la impunidad y la delincuencia se hicieron gobierno y llegaron a niveles de barbarismo y envilecimiento de la dignidad humana y la vida social? ¿Por qué el gobierno del estado siempre se mantuvo omiso a las demandas y propuestas que planteaban a diario los distintos sectores sociales y ciudadanos? ¿Por qué los poderes Legislativo y Judicial (y también la Codehum, el Itaigro, la Contraloría estatal y los partidos políticos) se hicieron comparsas de los eventos anticonstitucionales muchas veces denunciados por la ciudadanía? Las respuestas a éstas y muchas otras preguntas similares ayudarán a entender la demanda de desaparición de poderes que hoy resurge en Guerrero, tal como se concretó hace 53 años, tras la represión a estudiantes el 30 de diciembre de 1960 y que desembocó, cinco días después (el 4 de enero de 1961), en la caída del general Raúl Caballero Aburto como gobernador constitucional.
Por eso, no es casual que la demanda de desaparición de poderes en Guerrero esté siendo enarbolada en las recientes movilizaciones sociales, tras la confabulación u omisión o muy lenta respuesta de los poderes estatales a los hechos sangrientos y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta demanda social ha sido retomada y presentada en el Senado de la República por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, y secundada por ciudadanos y organizaciones civiles y empresariales de la entidad. La propuesta será dictaminada este martes. Si a esta iniciativa se suma la fracción del PRI, o por separado algunos legisladores del PRI y del PRD la apoyan, seguro que la propuesta logrará la mayoría simple requerida.
Sea que desaparezcan los poderes del estado, o que simplemente se remueva al gobernador, es preciso que todos los actores sociales y políticos en esta crisis actúen con la responsabilidad y la visión de construir un nuevo Guerrero.
Del lado del gobierno, es preciso que los funcionarios públicos asuman con sensatez y sensibilidad humana las omisiones y deficiencias que ha caracterizado a sus instituciones, y que a partir de ello revaloren las demandas y propuestas ciudadanas, transparenten su operación; y empiecen a erradicar los vicios clientelares, la corrupción y la aplicación discrecional de los programas públicos.
Del lado del poder legislativo local, que se apliquen en el ejercicio de legislar con eficacia y coadyuvar de manera no facciosa en los conflictos sociales a los que generalmente han rehuido.
Del poder Judicial (del que poco sabe la ciudadanía cómo opera), se espera que actúen con prontitud y apegado a derecho, no sólo en el conflicto que ahora vivimos, sino en todos los que han sido omisos y que por ello han contribuido a que en Guerrero cabalgue la impunidad y la violación de los derechos humanos.

Gobernanza, armonía y desarrollo

No cabe duda que la vía del diálogo y la construcción mancomunada de propuestas de desarrollo que propuso el Frente Popular para el Desarrollo de Guerrero desde agosto pasado eran el camino apropiado para evitar los lamentables hechos de Iguala, y el consiguiente colapso gubernamental. Lamentablemente, los funcionarios federales y estatales que en la primera fase actuaron como contraparte no dimensionaron en su justa magnitud esta vía hacia la gobernanza.
De las siete mesas de trabajo convenidas con la Secretaría de Gobernación federal (Segob), solo la mesa siete no se realizó, justamente la que abordaría el tema de Gobernanza y democracia participativa. Además de los temas neurálgicos que vive el estado (seguridad pública, presos políticos, remunicipalización y cuarto orden de gobierno, entre otros), en esta mesa se acordaría la instalación de la Comisión de Diálogo y Concordia para el Desarrollo de Guerrero. A esta instancia de representantes de organizaciones y de los titulares de las dependencias públicas del nivel estatal y federal, le corresponde analizar los problemas y las propuestas que pueden contribuir a lograr la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de Guerrero.
Frente a la crisis de gobernabilidad en la que ahora estamos colocados, este espacio de diálogo y de construcción de propuesta hoy es más que necesario. En el contexto del movimiento global por Ayotzinapa, esta instancia mixta y plural, ampliada al conjunto de organizaciones sociales que actúan en Guerrero, puede ser la vía para destensar la crisis de gobernabilidad. Y también, en caso de que se declare la desaparición de poderes, podría instituirse en la Asamblea Estatal Constituyente desde donde pudiera transitarse hacia una situación de gobernanza y de construcción de un Guerrero más justo, más transparente, más democrático y más sustentable.

* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuesta para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos