Jesús Mendoza Zaragoza

Narcopolítica: no es sólo el alcalde, es el sistema

*El caso de la matanza de Iguala no se soluciona con la destitución y el castigo correspondiente de un alcalde mafioso. Hay que cambiar el sistema político que permite que haya alcaldes o legisladores o gobernadores mafiosos

La tragedia de Iguala ha visibilizado un caso de colusión del poder político con el crimen organizado, un alcalde que tiene vínculos estrechos con una organización criminal y que ejerce sus facultades públicas favoreciendo, precisamente, el interés de ésta. La respuesta de las autoridades, sobre todo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y la Procuraduría General de la República, ha sido la de proceder contra el alcalde caído en desgracia. De hecho hay una condena generalizada en la sociedad hacia el ahora ex alcalde desaforado y buscado por la justicia.
Incluso, de parte del gobierno del estado se ha publicado información relacionada con otras alcaldías que estarían en las mismas condiciones que la igualteca y que tendrían que ser investigadas, igualmente. Por su parte el Partido de la Revolución Democrática (PRD), damnificado por este caso, ha propuesto que la PGR certifique a los candidatos que van a contender en el proceso electoral que se ha iniciado en estado de Guerrero para evitar que sean postulados quienes tengan ligas con el crimen organizado. Suena a algo así como a una carta de buena conducta.
El enfoque que se está dando a este asunto me parece muy estrecho y hasta ingenuo, porque en el caso de Iguala no está de por medio sólo la decisión de un alcalde de aceptar vínculos con una organización criminal, sino que se ha hecho patente toda la maraña de un sistema político que permitió al alcalde hacer toda clase de abusos. En otras palabras, hay un andamiaje político que ha permitido que los alcaldes, y no sólo ellos, lleguen a aberraciones como la de Iguala.
La propuesta del PRD busca, supuestamente candidatos limpios. Está bien, en principio, esta iniciativa. Pero, ¿qué puede hacer un nuevo alcalde que toma las rienda de un municipio y recibe las acostumbradas presiones o amenazas de las organizaciones criminales, acostumbradas a imponer sus intereses en los municipios? O puede ser sometido o vivir amenazado. O también puede coludirse para sacar ventajas personales. Esto quiere decir que no basta contar con alcaldes limpios, pues hay que buscar que tengan condiciones para que permanezcan limpios y para salvaguardar las instituciones públicas que tengan a su cargo. Esto mismo hay que aplicarlo a las instituciones de seguridad pública, a los partidos políticos, a las legislaturas, y a todas las instituciones públicas del Estado.
Si tenemos instituciones cooptadas o sometidas por los grupos criminales, no hay posibilidades de que estén a favor de los ciudadanos. En este sentido, hay que seleccionar muy bien a los candidatos a cargos de elección popular y, por otra parte hay que proteger o, como se suele decir, blindar a las instituciones para que tengan condiciones para cumplir sus obligaciones apegadas a la ley y con un claro sentido del servicio público. Pero no basta.
Edgardo Buscaglia señalaba en su último libro, Vacíos de poder en México, que si queremos llegar al fondo del problema que representa el crimen organizado encaramado en las instituciones públicas, hay que tocar las estructuras que tienen su expresión en los ordenamientos legales. Señala que el Estado tiene que poner controles para bloquear cualquier forma de penetración de la delincuencia organizada en sus instituciones.
Para ejemplificar, se necesitan controles en la parte electoral para que los procesos electorales no se contaminen con dinero sucio. Y resulta que las leyes electorales tienen vacíos en este aspecto, vacíos que se han dejado a propósito que son llenados por la delincuencia organizada. Los topes electorales nunca se respetan ni se sancionan, lo cual permite que el dinero sucio se meta como Juan en su casa en los tiempos electorales.
El caso de Iguala no se soluciona con la destitución y el castigo correspondiente de un alcalde mafioso. Hay que cambiar el sistema político que permite que haya alcaldes o legisladores o gobernadores mafiosos. Hay que cambiar las legislaciones correspondientes para no permitir que el poder político se transfiera a las mafias, como ha estado sucediendo. Cambiando al alcalde de Iguala no se asegura que ese gobierno municipal se mantenga limpio del influjo de las organizaciones delincuenciales, que tienen gran capacidad para reconstruirse y cambiar sus formas de hacer negocios. Aquí entra el gran desafío de la democracia real y participativa como una forma de fortalecer las instituciones públicas. Sin democracia no es posible rescatarlas ni ponerlas al servicio de los pueblos y de los ciudadanos.
Las movilizaciones que en estas semanas se han dado en el estado y en el país por los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, pueden representar un signo de la necesidad de un cambio del sistema político. Por ello, no deberían quedarse sólo con las demandas inmediatas que son la presentación de los desaparecidos y el castigo a los culpables. Debiera visualizarse el futuro que queremos. Estas movilizaciones que han tenido una resonancia internacional y que están expresando la indignación y el hartazgo ante un Estado que no está funcionando para el bienestar de los ciudadanos, pueden ser un detonante de una organización amplia y plural que se enfoque a transformar el sistema político con un enfoque de construcción de paz. Estas movilizaciones tendrían que ser pacíficas, no violentas, como condición necesaria para transformar el sistema político que está haciendo tanto daño. La violencia es propia de quienes excluyen el bien común de sus proyectos.
Para construir la paz en México, necesitamos democracia y desarrollo integral. No es posible la paz mientras tengamos deficientes formas de participación ciudadana y condiciones económicas excluyentes. Es necesario recuperar la política como herramienta necesaria para superar las condiciones que generan violencia, y para construir la paz. Mientras la política esté en manos sólo de los políticos, estamos en alto riesgo de ser violentados, y seguirán multiplicándose los muertos y desaparecidos. Si queremos que ya no los haya, los ciudadanos deben tomar en sus manos la política, dando lugar a un sistema distinto, ligado al bienestar de la población.
Por lo tanto, hay que añadir otra demanda a las movilizaciones de hoy y disponerse a empujarla hasta que llegue, así sea después de años de lucha, la demanda de un sistema político que ya no genere violencia sino que construya la paz.