Trabajan en la normalidad, responden al Senado el TSJ y el Congreso local

*La Cámara alta lleva adelante el trámite para una eventual desaparición de poderes y les pregunta si los integrantes del Judicial y el Legislativo dejaron de cumplir las obligaciones que ordena la Constitución

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado de la República envió notificaciones al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y al Congreso local, para que expliquen si laboran en condiciones normales y determinar la posibilidad de desaparición de poderes en el estado.
El Tribunal Superior de Justicia y el Congreso de local rechazaron que existan condiciones para declarar la desaparición de poderes en esa entidad y dijeron que trabajan con normalidad.
Conforme oficios, la Comisión de Gobernación del Senado notifica a los titulares de los poderes, que procede en atención a la demanda presentada por el PAN y da como plazo este lunes para que respondan.
En ambos casos, se pregunta si sus integrantes han dejado de cumplir las obligaciones que ordena la Constitución y el estado de Guerrero, y si sus miembros están imposibilitados físicamente para cumplir con las funciones inherentes a sus cargos por la situación que vive la entidad.
Además se cuestiona si por los acontecimientos se ha impedido la vigencia del orden jurídico en el órgano legislativo y en el de justicia.
Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero rechazó que existan condiciones para que el Senado decrete la desaparición del Poder Judicial en la entidad.
En respuesta al requerimiento realizado por la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, la magistrada presidenta, Lambertina Galeana, aseguró que los integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades administrativas trabajan con normalidad en toda la entidad.
“En ningún momento han abandonado o dejado de cumplir sus funciones ordinarias que ordena la Constitución. Se trabaja en forma normal, proporcionando de modo regular los servicios de impartición de justicia en cada uno de los casos que así se solicita por los interesados”, indicó la también presidenta del Consejo de la Judicatura local.
“No se encuentran imposibilitados físicamente, ni limitados en forma alguna en el ejercicio de sus funciones inherentes a sus cargos, con motivo de la situación que vive actualmente el estado de Guerrero o por otra causa o situación”.
En el documento, fechado el sábado 18 de octubre, se afirma que a pesar de los acontecimientos por los que atraviesa el estado, no se ha impedido la vigencia del orden jurídico ni el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
“El orden jurídico que rige las instituciones del estado de Guerrero y las relaciones interpersonales y sociales en esta entidad federativa, tienen plena vigencia, y se aplica y cumple con absoluta normalidad”, señaló.
“Los tribunales del estado están operando y cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales en los términos, plazos y condiciones que establece el propio orden jurídico vigente”, indicó.
Por su parte, el Congreso de Guerrero negó que sus integrantes hayan abandonado sus funciones y obligaciones constitucionales.
Advirtió que “en ningún momento se ha perdido la vigencia del orden jurídico”.
La presidenta de la Legis-latura local, Laura Arizmendi Campos, del partido Movimien-to Ciudadano aseguró que tras los hechos violentos registrados en Igualael 27 y 28 de septiembre pasado, los diputados han redoblado esfuerzos para cumplir con su mandato legal y constitucional.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el perredista Miguel Barbosa, ex-plicó que el martes, luego de que el tema sea procesado en comisiones, la petición del PAN será discutida en el pleno.
“Tiene que ser un dictamen ajustado estrictamente al rigor de la ley, valoración de pruebas, fundamentos legales, encuadramiento de los hechos a los supuestos de la ley. Debe subir como dictamen desechando o como dictamen aprobando la solicitud”, afirmó.