Toma el gobierno federal control de la seguridad en 12 municipios más del Norte y Tierra Caliente

*El motivo, presuntos nexos de las policías municipales con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Los efectivos locales son desarmados por el Ejército y enviados a Tlaxcala. La Policía Federal asume las labores de patrullaje con la Gendarmería y la Marina en Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Canuto Neri, Ixcateopan, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tlapehuala así como Ixtapan de la Sal en el Estado de México, además de Iguala y Cocula donde estaba antes de este domingo, informa el comisionado nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido

Agencia Reforma

Ciudad de México

Ante la presunción de nexos entre el crimen organizado y policías municipales, el gobierno federal asumió ayer las funciones de seguridad en 13 municipios, como ya ocurría en Iguala y Cocula.
Se trata de localidades ubicadas en las regiones de Tierra Caliente y norte en Guerrero. Los municipios son Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tlapehuala así como Ixtapan de la Sal en el Estado de México.
En esas demarcaciones suman ya unos mil 500 agentes municipales cesados por el gobierno federal, al igual que sus mandos.
Como parte de estas acciones, el síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda, ha sido requerido por el Ministerio Público de la federación y su detención con fines de presentación ya se efectuó.
En Taxco, que cuenta con unos 140 policías, los elementos del turno matutino fueron sorprendidos por los militares, quienes solicitaron la entrega de las armas.
Los agentes municipales fueron “concentrados” en las instalaciones de la Policía, mientras que los soldados patrullaron esa localidad en coordinación con elementos de la Policía Federal.
Erubiel Salado Chávez, jefe de la Policía de Taxco, huyó de este Municipio luego de que el Ejército arribó al cuartel para revisar el armamento de sus elementos, aseguraron fuentes castrenses.
Salado Chávez ha sido señalado en repetidas ocasiones de otorgar protección a la organización criminal Guerreros Unidos.
Ayer el Ejército desarmó a los policías de esas localidades para revisar si sus fusiles y pistolas cuentan con el permiso oficial. En tanto, la Policía Federal asumió las labores de patrullaje con elementos de la Gendarmería y la Marina.
Investigaciones federales indican que el crimen organizado se infiltró en las corporaciones de seguridad de esos municipios.
Esta infiltración se dio por medio de pagos mensuales a sus mandos para la protección de actividades ilícitas, entre ellas el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, así como el cobro de piso al transporte y comercios.
Luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, la federación ha reforzado la seguridad en Guerrero.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, acompañado del procurador Jesús Murillo Karam y del director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República Tomás Zerón de Lucio, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, leyó un informe de sus acciones, e indicó que en la investigación que realizan han identificado “situaciones irregulares” en algunas corporaciones de la región Norte y Tierra Caliente de Guerrero y en el municipio de Ixtapan de la Sal, “lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada”.
Indicó que parte de esta investigación el síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda, ha sido requerido por el Ministerio Público de la Federación y que su detención con fines de presentación ya se ha efectuado.
Agregó que para recuperar la seguridad y tranquilidad, el Gobierno de la República “en el marco de sus atribuciones y en acuerdo con las autoridades estatales” implementó una operación específica en dichas zonas que significa que el gobierno de la República además de Iguala y Cocula –ésta última a partir del sábado– asumirá la seguridad en 12 municipios de Guerrero, además de Ixtapan de la Sal en el estado de México.
Los policías de los 13 municipios serán trasladados a la Sexta Región Militar, en Mazaquiahuac, Tlaxcala, para practicarles los exámenes de control de confianza, valorar su actuación y de su responsabilidad y el gobierno federal revisará las licencias colectivas de las armas, efectuar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la PGR a fin de corroborar su posible uso en actos ilícitos.
Rubido explicó que para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos están desplegados efectivos de todas las instituciones de las fuerzas federales, hay 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, 3 aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles y que hasta ayer se han efectuado “casi 500 recorridos de búsqueda y patrullaje, así como más de 70 vuelos de reconocimiento”.
En las acciones se incluyen la revisión de cuevas, pozos, cerros, cañadas, túneles, minas, ríos, lagunas y presas, han trabajado en zonas urbanas y rurales y estas acciones se realizan con base en un plan de búsqueda elaborado por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.
Mencionó que han atendido todas las líneas derivadas de las investigaciones, así como todos los señalamientos que han hecho familiares, compañeros y amigos de los estudiantes desaparecidos y que se revisarán de manera exhaustiva todas las muestras y perfiles genéticos que se han recabado como parte de las investigaciones, como se ha señalado, junto con los peritos argentinos.
Rubido mencionó que tras acuerdos con familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas y que hay una propuesta del plan de atención integral a víctimas que se envió a representantes y familiares de los estudiantes con el fin de contar con su apoyo en la implementación.
Mencionó que la PGR acreditó a los abogados representantes de los estudiantes en sus familiares con el fin de otorgarles pleno acceso al expediente.
Enfatizó que el gobierno de la República llevará a cabo todas las acciones necesarias que permitan la localización de los estudiantes, “conocer la verdad, dar con los responsables de estos hechos indignantes, dolorosos e inaceptables y asegurar una aplicación estricta de la Ley, así como, restablecer el orden y la seguridad en toda la región del estado de Guerrero”.

Beneplácito de Aguirre

En un boletín se informó que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, conversó telefónicamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le informó que para reforzar la seguridad en diversas zonas del estado, la Policía Federal se hará cargo de las mismas.
Aguirre destacó la colaboración que se mantiene con el gobierno federal, y expresó su beneplácito de que las fuerzas federales envíe elementos a los 14 municipios.