Notifica la Codehum a indígenas de El Camalote de la negativa a indemnizarlos

A partir de que todos los afectados estén informados tienen 30 días para impugnar el fallo de la Secretaría de Salud, informa la secretaria ejecutiva del organismo de derechos humanos, Vianey Castorena Tenorio

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) comenzó a notificar desde ayer a los 14 indígenas esterilizados de El Camalote, municipio de Ayutla, la respuesta de la Secretaría de Salud, en la que rechaza la recomendación para comenzar un procedimiento administrativo contra la brigada de Salud e indemnizar a los afectados.

La secretaria ejecutiva de la Codehum, Vianey Castorena Tenorio, informó que a partir de la fecha en que se den por enterados los indígenas de la respuesta de Salud, tienen 30 días de plazo para impugnar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La respuesta de la Secretaría también fue enviada al representante de los 14 indígenas Orlando Manzanares Lorenzo, así como a los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Alejandro Ramos Gallegos y Viliulfo González Sierra.

En la recomendación 035, de fecha 16 de agosto, enviada a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, la Codehum recomienda que instruya un procedimiento administrativo de investigación a los miembros de la brigada de salud de la Jurisdicción Sanitaria 06, con sede en la Costa Chica, Ernesto Guzmán León, Mayra Ramos Benito y Rafael Almazán Solís, médico general operativo, enfermera y promotor, respectivamente.

Asimismo, recomienda otorgar una indemnización a los 14 indígenas, “debido a que fueron esterilizados de manera forzada por los integrantes de la brigada de Salud”.

En el documento la Codehum recomienda a la titular de la secretaría, Verónica Muñoz Parra, que instruya a los trabajadores de esa Secretaría “para que en lo sucesivo las políticas de planificación familiar se ajusten a la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993 y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre información de programas de salud a los pueblos indígenas”.

A ello la Secretaría de Salud responde, mediante oficio 3111, del 24 de agosto, que no acepta y argumenta que la Coddehum, “no debió radicar de ninguna manera la queja que nos ocupa, ya suponiendo, sin conceder, que los actos que motivan la queja fueran atentatorios de los derechos humanos, los mismos exceden con mucho el año de plazo que señala el artículo 28 de la ley que crea la Comisión de Derechos Humanos y el artículo 26 de la correlativa nacional, porque la queja deriva de actos supuestamente violatorios ocurridos el 16 de abril de 1998, quedando claramente evidenciado que la queja se presenta cinco años después de los hechos”.

La dependencia estatal también explica en su documento que de acuerdo con la ley de la misma Codehum, sólo podrá excederse el plazo de cinco días cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados de lesa humanidad, sin embargo señala que “en ninguna parte del expediente que nos ocupa obra la resolución razonada que fundamente legalmente la excepción al tiempo”.

Asimismo, se niega a indemnizar a los indígenas porque señala que la Codehum no tiene facultades para hacer condenas indemnizatorias, “facultad única y exclusiva de un juez jurisdiccional”.

Argumenta en su respuesta que el organismo de derechos humanos “pasa por alto” la reunión celebrada el día 25 de febrero, a solicitud de la Secretaría de Salud con los quejosos, en la que estuvo el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, a quien le manifestaron “que las personas que en ese momento se encontraban por parte de la organización Tlachonillan habían tratado de inducirlas para que manifestaran su inconformidad con la vasectomía”.

Explica que en esa misma reunión recibió el testimonio de Romualdo Remigio Cantú, quien fungió como comisario en el año que se practicaron las vasectomías, “afirmando que las personas ahora inconformes no fueron engañadas y que no suscribieron convenio alguno para la intervenció”.

“Pero lo más importante de esta reunión es que se les preguntó a cada uno de los quejosos si estaban de acuerdo con la vasectomía, y se les hizo saber que si estaban en desacuerdo se les podía hacer nuevamente la intervención quirúrgica para que volvieran a ser fértiles, pero todos de manera unánime manifestaron su conformidad y por lo consiguiente no había ningún problema”.

En la reunión del 25 de febrero, a la que se refiere el documento de la Secretaría de Salud, hubo dos posturas: la de indígenas que fueron llevados por empleados de la Secretaría, entre ellos la enfermera Mayra Ramos, en vehículos, y la de otro grupo que llegó por sus propios medios.

Los primeros aseguraron que fueron inducidos por los representantes de Tlachinollan para que se inconformaran por la vasectomía, y los segundos reiteraron que fueron engañados y presionados para que aceptaran la operación.

Y al final, cuando el subdirector jurídico de la dependencia, Luis Enrique Díaz Rivera, preguntó si querían que se les volviera a operar para que pudieran tener hijos la mayoría respondió que no, pero que sí pedían la reparación del daño por el engaño de que habían sido objeto y en ese momento pidieron 300 mil pesos como indemnización.

El engaño de la Secretaría de Salud

El engaño a que se referían los indígenas –según habían explicado antes– era porque los integrantes de la brigada de Salud les prometieron la construcción de una clínica, un médico y enfermera, así como equipo y la dotación de medicamentos. También les ofrecieron becas para sus hijos y despensas.

La secretaria ejecutiva de la Codehum, Castorena Tenorio, dijo ayer que la respuesta de la dependencia cuenta con algunas irregularidades, como el hecho de haber sido enviada tres días después del plazo establecido por el organismo, pero que además el documento no está firmado por la titular –a quien está dirigida la recomendación– si no que lo firma el director jurídico Luis Enrique Díaz Rivera y que este funcionario no cuenta con el respaldo.