Sostiene el abogado de Tlachinollan que sí vienen del gobierno de Aguirre las amenazas que recibió

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó ayer que durante la reunión con el secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez y la encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Martha Elba Garzón Bernal, el miércoles, cuando se trató el caso de las amenazas de muerte en su contra, sí se puso sobre la mesa la denuncia de que éstas provienen de la órbita gubernamental, dijo.

Lo que pasa es que, agregó, el gobernador no fue debidamente informado por sus funcionarios, pues el abogado aclaró que el mandatario no estuvo en la reunión, a la que sólo asistieron los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría de Justicia.

Aclaró, que en esa reunión nunca hubo el acuerdo de que el caso se mantuviera en secrecía, como informó el mismo gobernador, “pues para nosotros no pude permanecer en secrecía un caso tan delicado como este”, dijo Rosales Sierra, entrevistado por teléfono ayer.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó el jueves a El Sur que en la reunión que sostuvieron el miércoles a la una de la tarde en Casa Guerrero le habían pedido secrecía, pero que Tlachinollan lo hizo público al día siguiente. Asimismo, el gobernador declaró que en esa reunión nunca le informaron o denunciaron que de su gobierno hubiera o existiera  antecedentes de amenazas en contra de integrantes de Tlachinollan.

Sin embargo el abogado Rosales Sierra, aclaró ayer que el gobernador no estuvo en la reunión y que en esta solamente estuvieron el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y la encargada de despacho de la Procuraduría de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal.

Así como el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, el director para México de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, y Omar Gómez, de la Oficina para México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Y luego aseguró que en esa reunión sí se puso sobre la mesa el señalamiento de que “nosotros creemos que estas amenazas provienen de la órbita gubernamental, tenemos elementos suficientes para pensar eso”, dijo.

Agregó que uno de estos indicios es que las amenazas en su contra comenzaron a partir de que se empezaron a dar algunos cambios de funcionarios en la Procuraduría de Justicia estatal, a raíz del caso Ayotzinapa, en el que él brindó acompañamiento legal a los estudiantes, a raíz del desalojo violento del 12 de diciembre, cuando dos normalistas, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

Dijo que también expuso que estas amenazas no pueden tener otros móviles que por el desempeño de su trabajo, puesto que en el mismo, mensaje que le mandaron el 4 de mayo, hace referencia a tres de los casos que ha llevado; el caso de La Parota; las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por elementos del Ejército mexicano y el caso de la normal de Ayotzinapa.

“Entonces no pueden ser otros los motivos que por el de mi trabajo que he realizado en la defensa legal de algunos grupos”, insistió Vidulfo Rosales, quien insistió que eso fue lo que se puso sobre la mesa en la reunión del miércoles, “pero lo que pasa es que el gobernador no fue bien informado por sus funcionarios, pues también quiero aclarar que él no estuvo en la reunión”, declaró el abogado.

Sin embargo admitió que en esa reunión en la que presentaron la denuncia a la encargada de despacho de la Procuraduría, hubo de inmediato el ofrecimiento de medidas de seguridad y protección, como el acompañamiento de elementos policiacos, así como equipo de telecomunicación, aparatos de geo localización y así como cámaras de video vigilancia.

Rechazó que Tlachinollan haya propuesto que el caso se mantuviera en secrecía, como lo declaró el gobernador Aguirre Rivero, “pues para nosotros no pude permanecer en secrecía un caso tan delicado como este”, dijo.

Agregó que él y Tlachinollan acordaron aceptar y dar un voto de confianza a las medidas de seguridad que propuso el gobierno del estado, pero que el lunes habrá una nueva reunión del área jurídica del organismo con los funcionarios del gobierno del estado, en la que Tlachinollan presentará un plan de seguridad, retomando las propuestas gubernamentales, mas las del propio organismo.

Pero agregó que, por lo pronto,  no existen las garantías de se seguridad para que siga desempeñando su trabajo en Guerrero y en el país, pues recordó que hay otros 18 casos de defensores que han sido amenazados y existe la denuncia, sin que se hayan dado los resultados de las investigaciones.

Por eso dijo que determinó salirse del país, para esperar el resultado de las investigaciones que se realicen, así como de las medidas de seguridad que se dispongan, “vamos a valorar y a esperar, para decidir en qué tiempo podemos retornar al país y al estado para seguir el trabo de acompañamiento legal de los grupos sociales”, dijo.

Añadió que por lo pronto esta situación trastocó la rutina de su vida personal y familiar, “la cambia y modifica radicalmente”, dijo y agregó que con ello se verán afectados también los grupos sociales a quienes venía brindando acompañamiento legal.

Vidulfo Rosales Sierra, informó que para su salida del país recibe el acompañamiento y ayuda de organismos internacionales como Hu-man Rights Watch,       la                Oficina en Washington para Asuntos Latino-americanos,  Amnistía Internacional (AI) y la Fundación Robert F. Kennedy.