Eduardo Pérez Haro

Los estudiantes lo tienen claro y tienen el apoyo del mundo

Para Agustín Ávila.

El viernes pasado, la revista The Economist dijo que “las dos atrocidades (los seis homicidios y la desaparición de 43 personas) parecen suficientemente serias como para cambiar el curso de estos dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, cita el periodista Jorge Zepeda Paterson (El Sur 19/10/14).
Veintiocho cadáveres calcinados que se aglomeran en la tragedia de los tres estudiantes muertos, un futbolista, un chofer, una ama de casa y 25 heridos, estela de crímenes que se convulsionan con la revelación abierta de 43 estudiantes desaparecidos, una cadena criminal, sucesión de hechos que vinculan a las policías con los gobernantes, los partidos políticos y los integrantes del crimen organizado. Seis fosas, cuatro fosas, seis fosas más…, el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue Hermanos en el Camino, habla de 26 fosas que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) han encontrado en Iguala.
En rueda de prensa acompañado por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam aseguró que han encontrado más fosas, pero aún no cuenta con la información del número de cadáveres que ahí se encontraban (sic, que quiere decir “sin comentarios” ante la inadmisibilidad del hecho). En la misma conferencia de prensa, el jefe de la PGR anuncia que se ha detenido a Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, líder de Guerreros Unidos (cártel del crimen organizado que se sitúa en el dominio de la región en la que se inscribe la ciudad de Iguala, cabecera municipal y epicentro de los infaustos acontecimientos), quien declara desconocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Detienen a 22 policías del municipio de Iguala y 14 de Cocula por su reconocida (filmada por cámaras de seguridad y transmitida por televisión) participación en la detención y entrega de los jóvenes estudiantes a Guerreros Unidos (grupo criminal que domina la región Norte y Tierra Caliente del estado) y aun así, teniendo a los directamente implicados, es decir al jefe del grupo criminal Guerreros Unidos y a los mismos policías que se llevaron a los estudiantes desaparecidos, el gobierno federal no halla cómo dar con el paradero de los estudiantes normalistas, por lo que decide desplegar 900 policías federales, 300 marinos y 3 mil 500 soldados, pasando a tomar el control de 12 municipios (Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tlapehuala) además de Iguala y Cocula, e Ixtapan de la Sal en el Estado de México.
El padre Alejandro Solalinde, en entrevista para la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, declaró “desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos (…) Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel…” El Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 aseguró que el gobierno mexicano evalúa qué verdad decir para que tenga el menor costo político. “¿Qué es menos penoso para el sistema? ¿Decir que están calcinados con todo lo que implica eso? ¿O decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó? Porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor. El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó, y su manejo no es de justicia, es político”. (El Sur 18/10/14).
En la tribuna del máximo órgano de dirección del PRD, su Consejo Nacional, dirigentes perredistas exigieron al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, que solicite licencia al cargo para distensar la crisis que vive el estado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), corrientes dominantes, cerraron filas para garantizar su permanencia. “Esa licencia no está en el resolutivo ni en el documento, advirtió el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz”. (El Universal 19/10/14). Cabe mencionar que el Senador Alejandro Encinas se colocó fuera de esta postura, demandando la dimisión del gobernador Ángel Aguirre. Ligado a ello, al cierre del domingo la televisión transmitió el pronunciamiento de respaldo del PRD estatal al gobernador Ángel Aguirre.
Legisladores del Congreso de Guerrero de la Comisión Especial creada par dar seguimiento a las investigaciones pidieron a diputados federales que les ayuden a “desaparecer” la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, debido a que es “una bomba de tiempo” y se debe cambiar el futuro de esta institución rural. “El planteamiento fue replantear las normales rurales, porque ellos (diputados locales) creen que son más negativas que positivas y que los muchachos han sido utilizados para desequilibrar el país, y la lógica de los diputados del PRD, MC y el PVEM fue específicamente que no solamente la Escuela Normal de Ayotzinapa, sino las escuelas rurales en general se tenían que replantear en su naturaleza para ver la pertinencia de su existencia y si seguían cumpliendo con sus objetivos originales, que es dar salida a la educación a los hijos de los campesinos”, comentó en entrevista la diputada del PT, Lilia Aguilar quien asimismo, cabe señalar, que al tiempo que reveló esto expresó su desacuerdo (El Universal 19/10/14).
El presidente Enrique Peña Nieto ha optado por una actitud distante y reservada, que si bien ha dado lugar al despliegue de las fuerzas federales de seguridad, en lo personal ha tratado de marcar el problema como un asunto local y aislado del estado de Guerrero en un intento por evitar que el problema sea referido como un asunto federal, y más que eso como un asunto nacional y, en segundo lugar, porque en su cálculo está que el problema no pueda ser desactivado rápidamente y menos aún resuelto, y si “no se dio en su espacio” menos aún querrá cargar con la responsabilidad de su falta de control que bien le puede significar, por un lado, la retracción de buena parte de las inversiones que en su estimación habrían de sacarlo a flote después de dos años sin resultados en la economía y, por otro lado, el descrédito político-partidista para las elecciones de 2015 y, por ende de 2018. Nada desproporcionado resulta cuando sus propios panegiristas de la televisión y los medios impresos (López Dóriga, Loret de Mola, Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Alejandro Cacho, Ricardo Alemán, etcétera) han tenido que reconocer y afirmar explícitamente que se trata del momento político más difícil del régimen ante el desbordamiento del problema y el juicio crítico en los medios internacionales, tanto periodísticos como institucionales.
Es probable que la estrategia del régimen sea la de abrir el compás de tiempo para dejar que el movimiento estudiantil en sus ímpetus radicales se desprestigie, a la vez que se confunda ante la tentación reiterada de abrir sus demandas con la suma de otras luchas y reivindicaciones que terminarían por sumirlo en alegatos internos hasta terminar dispersándolo, y sobre esa base entregar al final de cuentas la cabeza de un par de sicarios, un par de presidentes municipales y un gobernador, todo ello pero en su momento haciendo gala de que es un gobierno “eficaz”. El riesgo existe y los medios, fundamentalmente las televisoras pero no sólo ellas, harán lo posible por alarmar ante “el vandalismo de pseudoestudiantes” y la “mano morena del peligro para México”.
Nadie debe alentar formas violentas de lucha pero tampoco debe hacer de esas expresiones del movimiento el asunto definitorio, lo fundamental de la protesta estudiantil está en el crimen que se ha perpetrado entre la autoridad y el crimen organizado, en la escalada contra los normalistas rurales de todo el país, las intenciones del reglamento autoritario en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la reforma educativa que no conlleva el mejoramiento de la educación nacional. Pero más aún, el movimiento estudiantil representa una lucha por el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, no sólo pues implica el desenmascaramiento de un estado, sino de un régimen de gobierno que desdeña y excluye a los jóvenes, dejando a la mayoría sin trabajo, a un grueso en calidad de técnicos para los nuevos negocios provenientes de la reforma energética, principalmente, y a unos cuántos, como cuadros de excelencia. Un proyecto segregacionista tras una decisión sin consulta ni discusión, ni participación abierta de los jóvenes y ciudadanos.
Tras el paro de actividades en 35 planteles de educación media y superior, con el IPN en paro general y 36 normales rurales movilizadas en busca de solidaridad, los estudiantes reunidos en un acto de concentración en la Ciudad Universitaria de la UNAM destacaron en voz del representante de la Facultad de Economía que “no nos gusta perder clases, pero menos nos gusta perder vidas”, mientras que la representante de la Facultad de Psicología destacó que “a partir del reclamo por la presentación de los 43 desaparecidos se levanta una lucha por el proyecto educativo nacional que parte de la pervivencia de las normales rurales y la democratización en la elección del director del politécnico, y se traslada al proyecto educativo nacional”. Nada fuera de lugar ni carente de visión que no tardará en atraer la reivindicación principalísima del movimiento #YoSoy132, que puso en el centro del debate “la democratización de los medios de comunicación”, que bien saben, pues así lo denunciaron en su momento, que en la época actual desde ahí se hace la política y se moldea la cultura, y que precisamente por ello no habrá proyecto educativo nacional que no pase por materializar esta exigencia.
Los hombres duros y eficaces del régimen han subestimado a los jóvenes, pero no están tratando con vándalos sino con el segmento ilustrado de la sociedad, los jóvenes estudiantes que desde distintas plataformas académicas y condiciones sociales se perfilan, a lo largo y ancho del territorio nacional, como una generación reclamante de derechos y libertades, de ser reconocidos y tomados en cuenta, y de impedir el ascenso impune de las partidocracias amarillas, verdes, azules, rojas o morenas. Son una fuerza democratizadora que, desde donde está y tras el proyecto propio ajustará a la corruptocracia y la soberbia autoritaria del gobierno, y sabrán llevar su proceso a un acuerdo que obligue el ajuste y los signos de un gobierno menos vertical y menos antisocial, y nadie dude que tratándose de ellos cuentan con el apoyo de sus padres y del mundo.

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