La presa es sustentable; se recuperará una zona con severo daño ambiental, justifica la CFE

En contra del proyecto, la especialista Úrsula Oswald advierte de riesgos por sismos y huracanes que no se consideran en el estudio. Klimek subraya la destrucción de selva caducifolia, por una obra cuyos posibles beneficios son ambiguos

 Raquel Santiago Maganda

En la reunión pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico La Parota se confrontaron las opiniones de quienes están a favor de la presa, y quienes la rechazan porque la consideran un ecocidio y señalan que hay un conflicto social provocado por la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La postura de la CFE fue que la obra es un proyecto sustentable, en una zona que está destinada a un severo daño ambiental en 30 años.

En el salón Triángulo del Sol del Centro de Convenciones de Acapulco asistieron a la reunión unas 900 personas entre ellos comuneros, ambientalistas, ecologistas, profesionistas, representantes empresariales y funcionarios. La mayoría de las 56 participaciones registradas fueron en contra de la obra.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la Unidad de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, Regina Barba Pírez.

En la exposición de la CFE, promovente de la aceptación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el coordinador de Proyectos Hidrológicos de la empresa, Humberto Marengo Mogollón, resumió que el proyecto cumple técnicamente con los requisitos de ingeniería “y un poco más”.

Después la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, Irma Rosas Pérez, presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que después fue criticada técnicamente por otros ambientalistas.

Los investigadores mencionaron las características del proyecto como el que la construcción tardará seis años, el reordenamiento poblacional con la construcción de casas y la entrega de servicios públicos a los desplazados, la generación de 5 mil empleos directos y otros 5 mil indirectos todos temporales.

Además de la apertura de caminos y obras, y la posibilidad de proyectos productivos y turísticos, todo esto si los comuneros autorizan la obra y permiten la compra de 14 mil 213 hectáreas, de las cuales 8 mil 500 son de las tierras más fértiles.

A manera de justificación la MIA asegura que en la zona donde se planea construir la presa existe un daño ecológico irreversible porque “es un área de problemas severos ambientales”, por la deforestación y la erosión, e incluso se vaticina que la selva caducifolia desaparecerá “en no más de tres décadas”.

La MIA establece que con la tala de los árboles en la zona de embalse se dará el incremento del efecto invernadero y el calentamiento global, y niega que se vaya a afectar la zona de playas.

En el aspecto social, se mencionó que el 44 por ciento de las casas tienen un migrante transnacional; el 21 por ciento de los habitantes es analfabeta; el 71 por ciento de la población carece de atención médica, y el 65 por ciento de los habitantes está clasificado en el margen de pobreza extrema. Los posibles desplazados serían 2 mil 940 personas y 637 viviendas.

En el funcionamiento de la presa, Irma Rosas especificó que se cambió la estrategia que al principio consideraba que durante 20 horas no se permitiera el flujo de salida del agua, y se propuso la construcción de un bordo o represa.

Mientras que el coordinador de los trabajos socioeconómicos de la UAG, Alfonso Guzmán Andrade, aseguró que las presas son “económicamente rentables” pero no así en el aspecto social, y mencionó que hay experiencias de otros sitios donde se hicieron estas obras, en donde los desplazados no tienen todos los beneficios, y aseguró que el objetivo es hacer un trabajo de recuperación del medio ambiente.

Tras la exposición oficial comenzó la audiencia pública, entonces los comuneros opositores al proyecto entraron al salón con unas mantas en donde manifestaron su rechazo, y además llevaron consigo muestras de los frutos de la región.

Regina Barba Pirez, conminó al orden y su solicitud de sacar las mantas fue rechazada a gritos por los inconformes; además la funcionaria recordó que estaban prohibidos los aplausos para evitar confrontación entre los asistentes.

Por momentos, esta recomendación no fue acatada, y la coordinadora tuvo que imponer orden con quienes pretendían rebasar los 5 minutos de participación.

La secretaria general del Consejo Internacional de Investigadores por la Paz, Úrsula Oswald Spring, que también es especialista en presas, criticó la MIA al asegurar que no se consideraron los aspectos de la hidrogeología por la combinación de agua y roca, además del aspecto sísmico, porque la obra se ubica en una placa de mayor actividad. Así como la necesidad de estudios isotópicos de la estación de lluvia y seca, y reiteró que es más barato la prevención que la recuperación de los recursos naturales.

Además de los aspectos de que el almacenaje de tanta agua representa un riesgo e instó a analizar los huracanes.

El asesor de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados federal, Octavio Klimek Alcaraz, consideró ilógico que la CFE “venga a resolver los problemas de rezago” en la zona.

Klimek, ex delegado de la Semarnat en Guerrero, mencionó que la CFE ofrece empleos temporales pero a un costo de mano de obra barata, con el costo de talar la selva caducifolia que además provocará el incremento de los asentamientos, porque la empresa no considera “los costos sociales” y existe “ambigüedad en los posibles beneficios”.

Otro aspecto que fue recriminado por comuneros fue el incumplimiento de la CFE que va desde el haber introducido la maquinaria e iniciar los trabajos cuando se carecía de la aprobación de la MIA, así como no informar a los lugareños de la obra.

Ante el incumplimiento se reiteró que gracias a los grupos opositores también se realizaba la reunión pública, cuando la CFE debió actuar y cumplir con el procedimiento sin recibir presión alguna.