Exige Tlachinollan a Salud que acepte la recomendación sobre indígenas esterilizados

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan demandó a la Secretaría de Salud que, mediante una postura crítica y apegada a la vigencia de los derechos humanos, acepte la recomendación de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) y se sancione a los funcionarios responsables, indemnice a los afectados y revise sus políticas de planificación que garantice que estos actos no se repitan.

En la recomendación 035/2004, la Coddehum pide a Salud comenzar el proceso administrativo para indemnizar a 14 indígenas me´phaa de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron esterilizados “con engaños y promesas de apoyo” en abril de 1998.

La recomendación no fue aceptada por la Secretaría de Salud por “ilegal e incongruente”, debido a que no hay ningún elemento que pueda considerar la dependencia como probable responsable de esa vasectomía, según informó el jueves, el jefe del área jurídica de la Secretaría de Salud, Luis Enrique Díaz Rivera.

En un comunicado de prensa, titulado La esterilización forzada de indígenas a través de engaño no es un hecho aislado: Falaces los argumentos de la Secretaría de Salud, Tlachinollan manifiesta que una vez más su actuar como organización civil protectora de los derechos fundamentales es público y transparente, y en este caso “hasta robustecido por la Comisión Estatal”.

Lo anterior lo indican por la acusación que hace Luis Enrique Díaz, cuando declara que detrás de los indígenas de El Camalote por intereses económicos está Tlachinollan.

Cuentan que después de varios meses en que los indígenas me phaa presentaran su queja por esterilización forzada ante la Coddehum, dicho organismo emitió la recomendación 35/2004, dando razón a los me phaa.

Los indígenas son Silverio Remigio Guzmán, Bibiano García Santiago, Bonifacio García Cruz, Crisóforo Manzanares Lorenzo, Artemio Cruz Vicente, Modesto Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Julio Bolaños Lorenzo, Marcelino Santiago Flores, Cipriano Santiago García, Lázaro Carranza Oropeza, Mauricio Cruz Morales, Arnulfo Cruz Concepción y Pascual Eugenio Cruz.

Expone que anteriormente en la región Na savi de la Costa Montaña, en las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, también del municipio de Ayutla Guerrero, los indígenas José Toribio Cornelio, Severiano Lucas Petra, Felipe de Jesús Morales, Sabino Francisco Pedro, Bartola Gutiérrez Fidel, Antonio Francisco Leobardo, Vicente Lauro Catarino, Miguel Ángel Lauro de la Cruz, Martín García Benito, Alejandor Cristino Meza, Juan Santiago García, Felipe Rufina Celestino, Rutilo Juárez Feliciano, Alfonso Reyes Victoriano, Hilario García de los Santos y Francisco Prisciliano Josefa, fueron convencidos de esterilizarse bajo el mismo método de promesas y engaños.

Y que este caso ameritó la emisión de la recomendación 041/99 de la Codehum, misma que fue remitida ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la negativa de la Secretaría de Salud para dar cumplimiento, procediendo dicho organismo nacional a confirmar el veredicto local mediante la correlativa recomendación 18/2001.

Expresa que hay dos casos que suman el total de 30 indígenas que han sido víctimas del mismo método “anómalo de esterilización”.

Dicen que si bien tanto los me phaa como los na savi expresaron su consentimiento en términos de realizarse la vasectomía, “dicha voluntad fue motivada a causa de las promesas anómalas expresadas por la brigada sanitaria, mismas que al pasar del tiempo no fueron cumplidas”.

En pocas palabras –agregan– el método utilizado por el sector salud fue abusar de la pobreza y necesidades de subsistencia de los indígenas para convencerlos de la vasectomía. “A todas luces el consentimiento otorgado por los Me phaa, y al que se aferra la Secretaría de Salud para justificar su actuar se encuentra manipulado, no es un consentimiento informado, sino un consentimiento viciado”.

Tlachinollan manifiesta que resulta preocupante que ante casos tan evidentes, bien documentados y sobre todo sustentados no sólo por este Centro de Derechos Humanos, sino también por otros dos organismos públicos de defensa de las garantías individuales, no generen una actitud autocrítica de la dependencia responsable, sino que la respuesta sea descalificar a los defensores de derechos humanos como lo hace Luis Enrique Díaz Rivera.