Roger Bergeret puede apelar el dictamen de la Contraloría, indica López Rosas
*Es probable que el lunes dé el nombre del nuevo director de Turismo, dice el alcalde y agrega que éste saldrá del Colegio de Licenciados en Turismo
Magdalena Cisneros
Luego de destacar la autonomía de la Contraloría Municipal pues –dijo– las resoluciones que ha emitido contra algunos funcionarios están ajenos a la voluntad del presidente municipal, lo cual proporciona fortaleza moral a su gobierno, el alcalde Alberto López Rosas dijo que Roger Bergeret Muñoz si quiere puede interponer un recurso contra la resolución que emitió dicha dependencia de su responsabilidad en el caso de la expedición de credenciales a informadores turísticos.
También informó que es probable que el lunes dé a conocer el nombre del nuevo titular de la Dirección de Turismo, y que éste salga de la terna enviada por el Colegio de Licenciados en Turismo, donde están Abraham Garay Vázquez, Jesús Sánchez Cuevas, Nicolás Castillo Díaz y Rubén Camacho Zavala, además López Rosas mencionó que valora cambios en algunas direcciones del Ayuntamiento.
Aseguró que su administración no dejará cuentas pendientes al próximo gobierno “sea cual sea el relevo del gobierno municipal”, por eso está aplicando ahora medidas correctivas a todo funcionario que real o presuntamente falte en sus obligaciones éticas.
En declaraciones en las oficinas de presidencia el viernes, López Rosas dijo que para actuar contra Roger Bergeret se tiene que esperar los términos de ley para poder actuar porque “no toda conducta “irregular es ilícita, puede ser reprobable administrativamente, no toda acción irregular, puede ser omisión, indolencia pero no necesariamente implica un delito”.
Dijo que se debe determinar si participó en el dinero que entregaron los informadores turísticos “o pecó solo de omisión, eso es lo que se tiene que determinar después de la resolución de la Contraloría”.
Y explicó que el funcionario con licencia puede acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a un juez de distrito para apelar el dictamen de la Contraloría, pero también “quiero dejar bien claro, que la Contraloría no tiene la última palabra, si hay instancia que modifique o revoque la resolución, entonces tendré que resarcir al funcionario de daño que se le pudo haber ocasionado”.
López Rosas dijo que él puede sostener a un funcionario por amistad pero no por complicidad, y advirtió que quien no se ajuste a los términos éticos “tendrán que salir de mi gobierno”, pues asume los retos y costos para entregar un gobierno depurado y que no sea objeto de persecución, sea cual sea el relevo del gobierno municipal”.
Indicó que percibe una “severidad” en contra de las acciones del gobierno municipal, pues pretenden “resaltar más algunas incidencias” aún cuando la estructura de las dependencias funcionan y ejemplificó las obras que lleva a cabo su gobierno.
Aseguró que su administración ha podido constituir una Contraloría ajena a la voluntad del alcalde en cuanto a las decisiones que toma, “eso da fortaleza moral a un gobierno que atiende y acata las resoluciones de una instancia encargada de vigilar las acciones de los funcionarios”, y que la dependencia también está ajeno “a la línea del presidente”.
Sobre el número de casos que ha atendido la Contraloría, agregó que no quería hacer “escarnio de nadie”, pues muchos de los que trabajaron pusieron su empeño “no quiero herir ninguna susceptibilidad”.
En el caso del ex secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Juárez Soto, el alcalde dijo que la Contraloría determinó que el caso fuera enviado al área jurídica porque ya no era funcionario, pero reiteró que no todos los casos puede efectuarse acción legal y aseguró que la mayor sanción para un funcionario es la separación al cargo.




