Minimiza el gobierno de Aguirre conflictos religiosos en Ometepec, se quejan evangélicos

Misael Damián

Ndyowe (Ometepec)

El representante regional de la Unidad del Pueblo Evangélico en el Estado de Guerrero (UPEEG), Ramsés Guadalupe Guillén, dijo que en la Costa Chica cristianos evangélicos son víctimas de la intolerancia religiosa.
El evangélico ometepequense lamentó que en pleno siglo XXI sus compañeros estén pasando por esta situación, pues dijo que a pesar que las leyes dican que hay libertad religiosa, en muchas de las comunidades esto no es tolerado, ejemplificó a dos comunidades: Acalmani del municipio de Igualapa y El Capulín del municipio de Tlacoachistlahuaca, ambas de lengua na savi (mixteca).
Afirmó que en El Capulín por versiones del responsable de la iglesia que tiene su origen Pentecostés, hace aproximadamente como un mes, la comunidad (en su mayoría de la religión católica) intentó quemar las viviendas de los habitantes que pregona el cristianismo evangélico.
“Ya tenían la gasolina almacenada en la comisaría para luego prenderle fuego a las casas de los hermanos”, agregó.
Dijo que esto fue informado al gobierno del estado, por lo que el 9 de mayo fueron a la comunidad para resolver el problema, el Subsecretario de Asuntos Religiosos, Jorge González Rivero; el delegado de Gobernación en la Costa Chica, Germán Herrera Clemente; el delegado regional de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Daniel Sánchez Néstor; y el sacerdote responsable de la iglesia de religión católica de Tlacoachistlahuaca, pero no pudieron resolver nada, debido a que no se reunieron en su totalidad de los habitantes.
Ramsés Guadalupe, dijo que es preocupante lo que está sucediendo en las comunidades de El Capulín y Acalmani; problema que – mencionó- minimiza el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, sólo espera que no llegue a mayores, “porque si se llegara a afectar la integridad física de los hermanos, lo vamos a lamentar y los responsabilizaremos porque tienen conocimiento y no han hecho mucho”.
Expuso que da tristeza que el subsecretario de Asuntos Religiosos, haya dicho que irá al lugar hasta el 16 de junio, “no sabemos que vaya pasar en estos días”, reiteró que preocupa mucho porque el responsable de la iglesia, Santiago Comonfor Vivar es inválido, por lo que eso hace que sea más vulnerable ante la situación.
En ambas comunidades los miembros de la iglesia católica tratan de someter a sus usos y costumbres a los miembros de la Iglesia Católica Apostólica Reformada (los llamados evangelistas). Dijo que cuando éstos se niegan el resto de la población católica optan por tomar medidas drásticas con ellos, incluso de expulsarlos de la comunidad, como está sucediendo en El Capulín, donde los pobladores le están pidiendo a los evangélicos que compren un terreno aparte y funden otra comunidad para que se rijan de acuerdo a lo que les dicta su religión.
Los problemas surgen cuando el pueblo festeja a un santo patrono y pide cooperación económica a los habitantes, cooperación que los evangelistas se niegan a dar, porque no es la religión donde profesan; relata el representante de la UPEEG en Costa Chica, que hace unos meses se agudizó el problema porque el hermano responsable de la iglesia evangelista, Agustín Comonfort Vivar fue nombrado mayordomo para la fiesta de un santo de la iglesia católica, al negarse por poco y lo golpeaban.
La comunidad de El Capulín se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Ometepec y cuenta con cerca de 800 habitantes, de éstos cerca de 40 pertenecen a la iglesia evangélica; mientras que Acalmani está a unos 25 kilómetros de Ometepec y cuenta con dos iglesias evangelistas con 36 miembros cada una.
Ramsés Guadalupe, quien es abogado, dijo que es necesario legislar en materia religiosa en el Congreso del Estado, para que lo que se denomina como intolerancia religiosa, pase a ser un delito y en consecuencia tenga un castigo correspondiente, “que se tipifique como un delito, y haya una fiscalía especializada para atender estos casos”.
Hizo hincapié que la intolerancia religiosa se da en las comunidades porque los habitantes saben que no serán castigados ante las instancias correspondientes.