Exigen defensores de derechos humanos que cese intimidación a opositores a La Parota

Advierten que denunciarán los hechos ante representantes de varias instancias de la ONU

Organizaciones de defensa de los derechos humanos que integran Espacio DESC dieron a conocer su preocupación por la situación de 25 mil personas que habitan los 22 poblados de los municipios de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo y Tecuanapan que se verán afectados por el proyecto de la presa La Parota y exigieron al gobierno de Guerrero suspenda los actos de intimidación, persecución y criminalización en contra de las personas que han emprendido la defensa legal de sus tierras y viviendas.

Mencionan que ya dos comuneros estuvieron presos –Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández Valeriano– y que existen órdenes de aprensión en contra de cuatro más; aunque hay versiones que indican que en realidad son diez los campesinos amenazados de ser privados de su libertad.

En un documento fechado en la ciudad de México, titulado Organizaciones demandan a distintas autoridades su intervención en el caso de La Parota, en Guerrero, Espacio DESC, que se define como el “grupo de organizaciones que luchan por el respeto a la promoción y la exigilibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, exigieron también que los tres niveles de gobierno tomen las decisiones apropiadas e inmediatas para revisar el proyecto de la presa La Parota que forma parte del Sistema de Interconexión Energética para Centroamérica (SIEPAC) inscrita en el Plan Puebla Panamá, con base en las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.

También como “medidas inmediatas pidieron suspenda cualquier avance o estudio preliminar del proyecto de la presa La Parota, mientras se hace el debido proceso de evaluación tomando en cuenta las obligaciones de derechos humanos adquiridas por las autoridades mexicanas a través de la firma de los tratados mencionados”.

Declare definitivamente cancelado el proyecto de la presa La Parota, en caso de que la evaluación indicada verificara un impacto violatorio a los derechos humanos señalados.

Lleve a cabo los procedimientos adecuados de consulta a las comunidades y ejidos involucrados de acuerdo con lo establecido por el derecho interno e internacional, y en tanto no lo haga se abstengan de ingresar maquinara y equipo al lugar donde se tiene proyectado construir la presa hidroeléctrica para evitar confrontaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los vecinos.

Evalúe, a través de expertos independientes aceptados por las comunidades, el impacto social, cultural y ambiental del proyecto, privilegiando los derechos ambientales, a la vivienda, alimentación, salud, trabajo y educación de los 22 poblados amenazados con ser desalojados.

Haga diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y energéticas de la población y proponga diferentes opciones para satisfacer dichas necesidades.

En el documento mencionan que el gobierno federal con apoyo del local, ha llevado a cabo acciones de prospección en la zona sin consultar adecuadamente a las comunidades y ejidos que serán afectados, ni tampoco han sido informados respecto de las consecuencias ambientales, sociales y culturales, lo cual se traduce, dicen, en la violación de los derechos a la libre determinación (art. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) así como el derecho a la participación sobre las decisiones que les afectan (art.6 Carta Democrática Interamericana); ambos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

El documento va dirigido al presidente de la República, Vicente Fox Quesada; al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros; al procurador general de Justicia del Estado de Guerrero,

Jesús Ramírez Guerrero; al presidente de las Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández; y al jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz.

En el documento, se especifica que Espacio DESC está conformado por las organizaciones Casa y Ciudad, A.C., de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Ecucativo, A.C. (Cereal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), DECA Equipo Pueblo, A.C., Defensoría del derecho a la salud, FIAN – Sección México, Liga Mexicana de Defensa de los derechos humanos (Limeddh), Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).