El informe que presentó Murillo no incluye la versión de los estudiantes de Ayotzinapa, dice Tlachinollan

*En los interrogatorios a los normalistas hay una tendencia de la PGR a criminalizarlos, porque les preguntan de la toma de autobuses, que cada cuánto tiempo lo hacen, y de la estructura de la organización estudiantil, denuncia Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El informe sobre el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayozinapa que presentó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam corresponde sólo a la versión de los policías detenidos, aún no incluye las declaraciones de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica dijo que los normalistas comenzaron a declarar este lunes y que sus testimonios todavía no han sido integrados a la averiguación previa, por eso no coincide con las versiones de los estudiantes que se difundieron en la prensa.
Expuso que la investigación se perfeccionará con las declaraciones de los sobrevivientes de los ataques en Iguala la noche del 26 de septiembre, donde fueron masacrados tres estudiantes y otros tres civiles y 43 estudiantes están desaparecidos.
Aclaró que la información que Murillo Karam presentó a nivel nacional ya era conocida por los estudiantes, familiares y abogados, pero todavía que no se ajusta a la verdad histórica, “hay datos que faltan por corroborar”, dijo, pero no cuestionó que se difunda la investigación de manera parcial.
Adelantó que los testimonios de los estudiantes terminarán de recogerse en los próximos días, pues acaban de empezar a declarar y han tenido facilidades.
No obstante señaló que en los interrogatorios hay una tendencia de la PGR a criminalizar a los normalistas rurales de Ayotzinapa, porque les preguntan sobre la toma de autobuses, que cada cuánto tiempo lo hacen, de la estructura de la organización estudiantil y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de la que forman parte.
Opinó que esos elementos en nada servirán a la investigación del paradero de sus compañeros ni a garantizar justicia para los asesinados.
Consideró que los fiscales deben limitarse a los hechos del 26 y 27 de septiembre, “lo hemos expresado al procurador, esperemos que se corrija eso”.
Entre las contradicciones del informe de Murillo Karam con las versiones de los normalistas, mencionó que los policías dicen que antes de los ataques a los estudiantes éstos agredieron a personas de un lavado de autos y al chofer de uno de los tres camiones que retuvieron en Iguala pero que no se pudieron llevar.
Dijo que las autoridades temían otro ataque al Ayuntamiento por el ocurrido en junio de 2013 por el homicidio del líder de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, después de que un testigo reveló que el alcalde José Luis Abarca Velázquez asesinó personalmente al luchador social.
Pero los normalistas indicaron que el viernes 26 estuvieron pidiendo cooperaciones en Iguala para ir a la protesta del 2 de octubre a la ciudad de México y apoyar a los choferes que en el tiempo que los acompañan en sus acciones no tienen ingresos. Viajaban en cinco camiones, tres retenidos esa noche sin violencia.
Murillo Karam también dijo que esa noche se corrió el rumor de que los estudiantes pertenecían a una banda delincuencial contraria a Guerreros Unidos que es la que opera en Iguala, y por eso fueron agredidos por sicarios, y cuando uno de los autobuses de los estudiantes se separó del grupo fue perseguido y en la confusión dispararon contra el camión del equipo de futbol de los Avispones, donde asesinaron al chofer y a un adolescente.
Las versiones periodísticas indican que fueron ataques separados, igual que los disparos a dos taxis de la ruta Chilpancingo-Iguala, donde fue asesinada una ama de casa.
De los 30 cuerpos hallados en fosas en Iguala que se informó que no pertenecen a los normalistas, el procurador dijo que las muestras fueron tomadas por la Fiscalía General del Estado, que pudieron estar contaminadas y que esperan la confirmación de las pruebas que realizan los peritos argentinos.
Por otro lado, Rosales Sierra informó que el gobierno del estado ha buscado a los familiares de los estudiantes asesinados en Iguala para ofrecer su plan de reparación integral del daño, pero los abogados están demandando que se ajusten a los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y para ello las autoridades estatales deben coordinar acciones con la federación.
Precisó que en el caso de los desaparecidos aún no se puede hablar de reparación del daño, mientras no sean encontrados, con vida o no.