Los que desaparecieron a los normalistas creían que eran de Los Rojos: PGR

*El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca ordenó “enfrentar” a los estudiantes de Ayotzinapa para que no afectaran el informe de su esposa y “operadora principal” de Guerreros Unidos, afirma Murillo Karam

*Pero El Gil dijo a Sidronio Casarrubias que los muchachos eran del “grupo delictivo contrario”

*Esta es la única línea de investigación que se sigue, informa el procurador

*La averiguación indica que los 43 jóvenes fueron llevados a un paraje de Pueblo Viejo, expone

*Para encontrarlos primero tienen que ser detenidos los autores intelectuales y quienes se los llevaron, dice

*El informe no incluye la versión de los normalistas, señala el abogado de Tlachinollan

Los que desaparecieron a los normalistas creían que eran de Los Rojos, dice la PGR

*El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca ordenó “enfrentar” a los estudiantes de Ayotyzinapa para que no afectaran el informe de su esposa y “operadora principal” de Guerreros Unidos, afirma Murillo Karam. Esta es la única línea de investigación que se sigue, informa el procurador. La averiguación indica que los 43 jóvenes fueron llevados a un paraje de Pueblo Viejo, expone. Para encontrarlos primero tienen que ser detenidos los autores intelectuales y quienes se los llevaron, dice

Redacción

Acapulco

El ex alcalde de Iguala, que fue desaforado, José Luis Abarca Velázquez dio la orden de “enfrentar” a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque creía que afectarían el informe de su esposa y “operadora financiera de actividades delictivas desde la Presidencia municipal”, dijo en conferencia de prensa el procurador Jesús Murillo Karam.
Mientras que los sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos a quienes policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a los 43 normalistas desaparecidos creían que éstos eran integrantes del “grupo delictivo contrario” –Los Rojos–, aseguró el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Reiteró que la prioridad es encontrar a los normalistas, pero argumentó que se sabrá dónde están cuando sean detenidos el alcalde, su esposa, el secretario de Seguridad Pública del municipio Felipe Flores Velázquez, el subjefe de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y un hombre identificado como El Gil, a quienes señaló como los probables responsables y “autores intelectuales” de los ataques y desapariciones, además de tres integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los normalistas.
Afirmó que espera que los peritos argentinos confirmen si los 30 cuerpos hallados en 9 fosas clandestinas son de los jóvenes, porque la investigación indica que fueron llevados a un paraje de Pueblo Viejo, y las muestras de ADN que la Fiscalía General del Estado entregó a la PGR podría tener “errores”.
En una conferencia de prensa en las oficinas centrales de la dependencia federal en la ciudad de México, indicó que además de la búsqueda de las fuerzas federales para localizar al alcalde, su esposa y el secretario de Seguridad, y la solicitud para liberar las órdenes de aprehensión contra los tres, existe una línea de investigación para averiguar si la “penetración del crimen organizado en Cocula llegó a niveles superiores”.
Expuso que tras la captura del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, y a partir de sus declaraciones, la PGR determinó una sola línea de investigación que señala a los funcionarios como presuntos responsables, que Guerreros Unidos “había tejido una red de complicidad en varias alcaldías”, principalmente con el personal de las dependencias de Seguridad, y por ello la federación ha tomado el control de la seguridad de 14 municipios de Guerrero.
“Este grupo delictivo de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, o semanal, de los cuales cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales”, reveló.
Dijo que Casarrubias Salgado señaló a Pineda Villa como “la principal operadora de las actividades delictivas desde la Presidencia municipal” en complicidad con Abarca Velázquez y el secretario de Seguridad, y confirmó que dos de sus hermanos eran operadores financieros del grupo de los Beltrán Leyva.
Contó que el alcalde y su esposa también tenían relación con una persona que “sería el gran intermediario” que manejaba el dinero, que “se habla de una relación que se deriva desde la campaña” a la alcaldía, aunque todavía no se sabe si la financiaron, pero hay muchísimas cosas más que permiten asegurar que existía una “total y absoluta empatía entre los funcionarios y el grupo delictivo”.
Señaló que de las declaraciones obtenidas, testimonios, peritajes e investigaciones, lo acontecido en Iguala “constituyó una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando”.
Resumió que está acreditado el modo de operar, los móviles de los policías y los funcionarios de Iguala y Cocula, el aval de acción de Sidronio Casarrubias creyendo que eran de un grupo contrario, el lugar donde fueron entregados al grupo delincuencial, y la identificación de los policías que cometieron los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Agregó que están concluyendo las diligencias para acreditar el delito de “desaparición forzada” cometido por los funcionarios municipales, que el alcalde, su esposa y el secretario de Seguridad siguen prófugos “en su calidad de probables responsables como autores intelectuales”, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el asesinato del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Destacó que han detenido y consignado a 52 personas por los ataques de la noche del 26 de septiembre en Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, y que al informarle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto de las infiltraciones de la delincuencia en las policías municipales ordenó la intervención de la federación para garantizar la seguridad de las personas y restablecer el Estado de Derecho, así como la evaluación de los policías y la revisión de armas.
Dijo que la “prioridad fundamental” es encontrar a los normalistas, pero que para eso es fundamental encontrar a los autores intelectuales y a las personas que recibieron al grupo de jóvenes “porque ellos nos darían la información de qué fue lo que pasó con estos desaparecidos y, desde luego, la ubicación de todas las ramificaciones que pudiera tener esta incidencia delictiva y los grupos contrarios” en otros municipios.

Sidronio Casarrubias avaló la acción

En su relatoría, Murillo Karam recordó que Arturo Beltrán Leyva fue abatido en 2009, entonces el grupo delincuencial que encabezaba se dividió en cuatro que se han disputado las áreas de influencia, principalmente en Guerrero, uno es Guerreros Unidos y “el grupo principal de controversia con éste es el de Los Rojos”.
Recapituló que en junio de 2013 -tras el asesinato de tres integrantes de Unidad Popular-, el Palacio Municipal fue agredido en un conflicto entre personas afines al alcalde e integrantes de la organización Unión Popular Emiliano Zapata, incluyendo a estudiantes de la escuela de Ayotzinapa.
Mencionó que a las 6 de la tarde del 26 de septiembre los jóvenes salieron de la escuela hacia Iguala en dos autobuses, a las 9:00 de la noche llegaron, tomaron dos camiones de Costa Line, un tercer chofer se resistió y fue lesionado, y que hay una sub línea de investigación abierta porque frente a un lavado de autos resultó herida una dependiente.
Dijo que según testimonios y el empleado de Protección Civil y Seguridad Pública que estaba a cargo del Centro del Control de la Policía Municipal, David Hernández Cruz, los halcones de Guerreros Unidos y policías de Iguala reportaron la llegada de los estudiantes, mientras que el integrante de Guerreros Unidos, Marco Antonio Ríos Berber y los policías detenidos afirmaron que asumieron que el grupo “se dirigía a sabotear” el informe de la presidenta del DIF y “podría repetirse” el escenario de junio del año pasado, por lo que se les ordenó “reaccionar” y pedir el apoyo de la Policía de Cocula.
“Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala”, afirmó Murillo, y agregó que por ello los policías de Iguala y Cocula bloquearon la carretera.
En ese incidente un policía municipal asesinó a uno de los estudiantes y ante la agresión, los estudiantes y “otros sujetos” intentaron darse a la fuga en un autobús que la Policía Municipal de Iguala rastreó y “en la confusión reinante” retuvieron y dispararon contra el autobús en que viajaba el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo pero se dieron cuenta del error”.
Dijo que minutos después detuvieron el camión que había escapado, los estudiantes fueron ingresados a la Central de Policía de Iguala, y los policías de Cocula en patrullas con números alterados los sustrajeron porque el subjefe de la Policía de Cocula “estaba también a las órdenes de los Guerreros Unidos”.
Agregó que los estudiantes fueron subidos a una camioneta blanca de redilas y trasladados por un camino de terracería a Pueblo Viejo, y el lugarteniente de Guerreros Unidos conocido como El Gil contactó a Sidronio Casarrubias por mensajes a su celular, le reportó los conflictos “atribuyéndolos al grupo delictivo contrario”, por lo que el líder avaló las acciones para “la defensa de su territorio de influencia en Iguala”.
Reveló que El Gil conoce el camino de terracería, que su casa está cerca del paraje donde se encontraron las 9 fosas con 30 restos humanos -28 en las primeras cinco fosas y 2 más en las cuatro fosas posteriores-, y que el 9 de octubre en un cateo la PGR encontró la camioneta blanca en el patio.
Recordó que la PGR y la Policía Federal realizaron dos exámenes periciales con las muestras genéticas que les dio la Fiscalía General de Guerrero y resultaron negativos, pero dijo que están a la espera del tercer peritaje de los forenses argentinos con las muestras que tomaron directamente de los familiares, porque las muestras que les dio el gobierno estatal podrían tener “un error” que pudiera llevar a otros “errores”, y si resulta positivo volverán a hacer las pruebas.

El informe que presentó Murillo no incluye la versión de los estudiantes de Ayotzinapa, dice Tlachinollan

*En los interrogatorios a los normalistas hay una tendencia de la PGR a criminalizarlos, porque les preguntan de la toma de autobuses, que cada cuánto tiempo lo hacen, y de la estructura de la organización estudiantil, denuncia Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El informe sobre el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayozinapa que presentó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam corresponde sólo a la versión de los policías detenidos, aún no incluye las declaraciones de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica dijo que los normalistas comenzaron a declarar este lunes y que sus testimonios todavía no han sido integrados a la averiguación previa, por eso no coincide con las versiones de los estudiantes que se difundieron en la prensa.
Expuso que la investigación se perfeccionará con las declaraciones de los sobrevivientes de los ataques en Iguala la noche del 26 de septiembre, donde fueron masacrados tres estudiantes y otros tres civiles y 43 estudiantes están desaparecidos.
Aclaró que la información que Murillo Karam presentó a nivel nacional ya era conocida por los estudiantes, familiares y abogados, pero todavía que no se ajusta a la verdad histórica, “hay datos que faltan por corroborar”, dijo, pero no cuestionó que se difunda la investigación de manera parcial.
Adelantó que los testimonios de los estudiantes terminarán de recogerse en los próximos días, pues acaban de empezar a declarar y han tenido facilidades.
No obstante señaló que en los interrogatorios hay una tendencia de la PGR a criminalizar a los normalistas rurales de Ayotzinapa, porque les preguntan sobre la toma de autobuses, que cada cuánto tiempo lo hacen, de la estructura de la organización estudiantil y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de la que forman parte.
Opinó que esos elementos en nada servirán a la investigación del paradero de sus compañeros ni a garantizar justicia para los asesinados.
Consideró que los fiscales deben limitarse a los hechos del 26 y 27 de septiembre, “lo hemos expresado al procurador, esperemos que se corrija eso”.
Entre las contradicciones del informe de Murillo Karam con las versiones de los normalistas, mencionó que los policías dicen que antes de los ataques a los estudiantes éstos agredieron a personas de un lavado de autos y al chofer de uno de los tres camiones que retuvieron en Iguala pero que no se pudieron llevar.
Dijo que las autoridades temían otro ataque al Ayuntamiento por el ocurrido en junio de 2013 por el homicidio del líder de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, después de que un testigo reveló que el alcalde José Luis Abarca Velázquez asesinó personalmente al luchador social.
Pero los normalistas indicaron que el viernes 26 estuvieron pidiendo cooperaciones en Iguala para ir a la protesta del 2 de octubre a la ciudad de México y apoyar a los choferes que en el tiempo que los acompañan en sus acciones no tienen ingresos. Viajaban en cinco camiones, tres retenidos esa noche sin violencia.
Murillo Karam también dijo que esa noche se corrió el rumor de que los estudiantes pertenecían a una banda delincuencial contraria a Guerreros Unidos que es la que opera en Iguala, y por eso fueron agredidos por sicarios, y cuando uno de los autobuses de los estudiantes se separó del grupo fue perseguido y en la confusión dispararon contra el camión del equipo de futbol de los Avispones, donde asesinaron al chofer y a un adolescente.
Las versiones periodísticas indican que fueron ataques separados, igual que los disparos a dos taxis de la ruta Chilpancingo-Iguala, donde fue asesinada una ama de casa.
De los 30 cuerpos hallados en fosas en Iguala que se informó que no pertenecen a los normalistas, el procurador dijo que las muestras fueron tomadas por la Fiscalía General del Estado, que pudieron estar contaminadas y que esperan la confirmación de las pruebas que realizan los peritos argentinos.
Por otro lado, Rosales Sierra informó que el gobierno del estado ha buscado a los familiares de los estudiantes asesinados en Iguala para ofrecer su plan de reparación integral del daño, pero los abogados están demandando que se ajusten a los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y para ello las autoridades estatales deben coordinar acciones con la federación.
Precisó que en el caso de los desaparecidos aún no se puede hablar de reparación del daño, mientras no sean encontrados, con vida o no.