Pide Amnistía que se investigue a militares que intimidaron a indígenas de Metlatónoc

En un documento, el organismo internacional expresa su preocupación por la seguridad de los dirigentes del poblado de San Rafael y por la comunidad, afectada por daños en sus viviendas

Amnistía Internacional mostró su preocupación por la seguridad de los dirigentes comunitarios de San Rafael, municipio de Metlatónoc, Margarito de la Cruz Ortiz y Paulino Díaz, quienes fueron intimidados por policías y soldados del Ejército el pasado 5 de agosto.

En un boletín de prensa el organismo pidió a las autoridades correspondientes que lleven a cabo una investigación imparcial, inmediata y exhaustiva sobre el papel de los funcionarios, militares y policías que les hicieron la visita a la comunidad. Además de que se ocupen de las quejas de los pobladores de la comunidad, quienes no disponen de viviendas seguras y adecuadas.

Agregan que la comunidad tiene derecho a recurrir a los organismos de derechos humanos internacionales sin temor a represalias, ante la insuficiente respuesta de las autoridades a quien corresponde atenderlas.

En el boletín cuentan que a consecuencia de un desprendimiento de tierras el año pasado, 250 viviendas de la comunidad se dañaron y las familias afectadas dormían en alojamientos temporales. Entonces los habitantes plantearon a organizaciones de derechos humanos sus quejas ante la falta de respuesta de las autoridades y que el 5 de agosto un grupo de soldados y policías llegó a San Rafael, “en un aparente intento de intimidar a la comunidad y suscitar la posibilidad de represalias si la comunidad proseguía con su campaña”. Aunque el capitán del Ejército al mando de la visita a la comunidad dijo que su misión era simplemente recoger información, agregan.

De acuerdo con Amnistía Internacional, según los informes que tiene, la tarde del 5 de agosto, 12 soldados, 15 policías estatales y un agente del Ministerio Público llegaron en un convoy de vehículos a la comunidad. El capitán del Ejército al mando preguntó a los dirigentes de la comunidad si era cierto que habían informado de su caso a grupos de derechos humanos y pidió ver los papeles relativos al caso y conocer los nombres de los dirigentes de la comunidad implicados y del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Continúan contando que los informes del diagnóstico de las condiciones de las viviendas y del lugar recomendaban el traslado urgente de las partes afectadas de la comunidad a una zona mas estable en las inmediaciones. En noviembre de 2003, las autoridades federales y estatales crearon un comité para financiar este traslado. Después los dirigentes no recibieron más información hasta la fecha.

Fue por medio del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que se informó de los hechos al relator especial de las Naciones Unidas y solicitó las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aministía Internacional expresa que los indígenas de la comunidades asiladas de Guerrero “son especialmente vulnerables a abusos a manos del Ejército, como detenciones arbitrarias y en algunos casos malos tratos”, que son ignoradas por las autoridades estatales, además de que no tienen acceso a servicios como la asistencia médica y educación.

Indican que reciben regularmente informes de intimidación de comunidades por parte de patrullas militares, pero que aún hay indígenas que están poco dispuestos a presentar sus quejas.