Centro de Derechos Humanos de la Montaña

El legado fatídico de los gobiernos
El panorama que presentó Amnistía Internacional (AI) este viernes 25 en su informe de 2012 sobre la situación de los derechos humanos en México es devastador: “Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos mataron y secuestraron a miles de personas… el gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir e investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias… los responsables de la mayoría de los delitos incluidos los ataques contra periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, no rindieron cuentas de sus actos”. Habla de que más de 12 mil personas perdieron la vida en este 2011 como resultado de la violencia imparable. Cita las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que había aún 8 mil 898 cadáveres sin identificar en las morgues del país y de que se había denunciado la desaparición de 5 mil 397 personas desde 2006. Sostiene que más de 40 soldados y 500 policías fueron asesinados en 2011.
En su informe AI cita la represión sufrida por los estudiantes de Ayotzinapa por parte de las corporaciones policiacas, donde murieron Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría: “En diciembre, la policía mató por disparos a dos manifestantes estudiantiles en Chilpancingo, Guerrero,  después de que, al parecer, policías federales y estatales abrieran fuego contra los manifestantes con armas automáticas. Varios manifestantes sufrieron malos tratos al ser detenidos por la policía federal y, según informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado para implicarlo falsamente en los disparos. Al finalizar el año varios policías estaban sometidos a investigación”.
Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, AI informa que en el 2011 documentó más de 20 casos de defensores y defensoras que fueron objeto de amenazas o de ataques. Reiteró lo que sucede en nuestro país, que las investigaciones oficiales no habían dado con el paradero de los autores de estas agresiones. Por esto mismo comenta que la provisión de protección de defensores y defensoras es lenta, burocrática e inadecuada.
Por otra parte AI señala que la violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. A pesar de que se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos estados, los responsables siguieron eludiendo la justicia, quedando en total indefensión y padeciendo un proceso de revictimización las mujeres que se atrevieron a levantar la voz y a denunciar públicamente a sus agresores. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas reporta que siguen sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas con relación a los derechos a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Señala que el gobierno continúa aferrado en implementar proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento, libre e informado de las comunidades afectadas.
Se trata de una radiografía que a contraluz muestra los severos daños que padece la sociedad mexicana, a causa de la corrupción generalizada y los altos índices de impunidad que imperan en las instituciones gubernamentales. Nada de esta información es ajena a lo que sucede en nuestro estado, más bien, es una imagen donde se traslucen síntomas de mayor gravedad por el grado de descomposición que persiste al interior de las instituciones públicas. Es lamentable constatar el fracaso de la estrategia que ha implantado el gobierno federal a través del programa Guerrero Seguro, que sólo en estadísticas pueden sostener que han logrado bajar los índices de criminalidad. La realidad es que la violencia no cesa y por el contario se ha extendido a diferentes zonas y sectores, abarcando las regiones de la Costa Grande, el puerto de Acapulco, la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente, de las zonas Norte y Centro. La violencia sigue haciendo estragos y causando severos daños a la precaria estabilidad social y económica que pende de un hilo, por la incapacidad de las autoridades para contener la fuerza avasalladora de los grupos de la delincuencia. El crimen organizado ha sabido sacar provecho a la porosidad y permeabilidad que caracteriza a las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas, para erigirse como un actor de cuidado, por su capacidad de fuego y poder de cooptación.
La impavidez de las autoridades es atroz, no se vislumbra un cambio al interior de las instituciones que están carcomidas por la corrupción y sometidas al poder de las mafias. Se trabaja en la superficie, tratando de limpiar la fachada y retocar la imagen, sin entrar a las entrañas de las instituciones donde está el hervidero de la corrupción. Se mantienen intactos los intereses de los grupos que siempre han lucrado con el poder y no hay forma de remover a personajes que son claves y funcionales al aparato reproductor de la corrupción. Por eso no hay resultados tangibles que hablen de un combate frontal a este mal endémico y que en verdad desarticulen y desmonten las estructuras que se han anclado dentro de las instituciones para medrar con los privilegios que se obtienen al interior de ellas. En lugar de avanzar en la limpieza de las instituciones más se enlodan con la incorporación de familiares y amigos que llegan para disputar los espacios de poder y para agarrar la mejor tajada de los recursos públicos. En lugar de salir nos hundimos en este pantano plagado de asquerosidad donde los grandes anfibios políticos no tienen llenadera.
En el marco de la conmemoración de la semana internacional del detenido desaparecido, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas de violaciones de derechos humanos en México (Afadem) invitó al director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña para presentar el informe del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, cuyo contenido resalta lo siguiente: en  el periodo conocido como la “Guerra Sucia”, desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición. Para el grupo de trabajo existe un segundo periodo de preocupación como la actual situación de seguridad en la que múltiples casos de desapariciones forzadas han sido y continúan siendo reportados. En ambos periodos observan que, a pesar de las diferencias históricas, hay identidad en algunos patrones de comportamiento por parte de las autoridades, como la impunidad generalizada y la falta de la plena verdad y reparación para las víctimas. Este informe nos muestra con toda su crudeza cómo los casos de desapariciones forzadas siguen acrecentándose en nuestro país. En Guerrero tenemos a más de 600 casos de desaparecidos que han documentado los compañeros y compañeras de Afadem, que se enmarcan dentro del periodo de la guerra sucia. En el segundo periodo existen centenares de casos que han sido registrados por el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, cobijados por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), sin embargo las autoridades estatales se han negado a atender sus denuncias desacreditando el prestigio de quienes han sido víctimas de desapariciones forzadas. Los casos de Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y secretario de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, que fueron desaparecidos desde el 7 de diciembre pasado, son dos casos emblemáticos ante los cuales las autoridades del estado han sido omisas porque a pocos días de cumplir medio año de sus desapariciones, no han dado con su paradero y tampoco han asumido el compromiso de investigar a fondo el involucramiento de agentes del Estado.
Las muertes violentas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales como los casos de Raúl Lucas, Manuel Ponce, Lorenzo Fernández, Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, nos muestran el legado fatídico que nos han dejado los gobiernos, priistas, panistas y perredistas. Todos ellos son corresponsables de esta crisis de seguridad y del empoderamiento de las bandas del crimen organizado. Por esta razón los defensores y defensoras de derechos humanos nos encontramos inermes porque hay una política deliberada de no investigar y castigar a las autoridades que violan los derechos humanos, en consecuencia se alienta la impunidad y se fortalece a los grupos y personas que están dispuestos a impedir a cualquier costo el trabajo de quienes defendemos los derechos humanos.
Las amenazas de muerte contra el compañero Vidulfo Rosales no tienen otro marco explicativo que este ambiente de permisividad que raya en la ingobernabilidad, donde no hay control en los mandos de gobierno y donde existe la autarquía, donde nadie se siente obligado de rendir cuentas, porque forma parte de los poderes fácticos.
En medio de la pobreza que padeció ante la muerte temprana de su padre, Vidulfo logró continuar sus estudios fuera de Totomixtlahuaca, gracias a los esfuerzos sobrehumanos de su madre. Como hijo mayor se vio obligado a trabajar y estudiar para contribuir en los gastos de sus hermanos menores. Siempre ha sido fiel a las luchas de su pueblo y se formó al calor de las mismas luchas estudiantiles. Es un gran autodidacta, y en el acompañamiento cercano y comprometido con las victimas ha forjado su identidad como defensor. Nunca lo ha vencido la precariedad económica ni ha claudicado ante la multiplicidad de peligros que ha enfrentado. Por amor a su pueblo y a la gente que sufre ha asumido con todas sus consecuencias lo que significa ser un defensor de derechos humanos en un Estado donde impera la violencia y la impunidad.
Nos unimos al clamor de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, a la solidaridad de las organizaciones sociales y de compañeros y compañeras que exigen a las autoridades que investiguen estos hechos deleznables y que asuman su responsabilidad de garantizar un trabajo seguro para quienes nos hemos entregado a la noble causa de defender y promover los derechos humanos.