Tlachinollan: que Aguirre ya no sea juez y parte permite una mejor investigación

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que la solicitud de licencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero permitirá hacer una mejor investigación, porque ya no será juez y parte.
Rosales Sierra reconoció que no ayudará a la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, y aseguró que debería irse todo el aparato de justicia en el estado.
Sobre el tema, en declaraciones por separado, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensoras de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, coincidió en que la salida del gobernador “no va a resolver prácticamente nada”, porque el caso está a cargo de la federación.
Por la tarde, el gobernador del estado en conferencia de prensa anunció que envió al Congreso local su solicitud de licencia, para separarse del cargo por 30 días, bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones.
Rosales Sierra dijo que la acción del gobernador es el punto de partida para deslindar responsabilidades, de las omisiones de las autoridades que no dieron auxilio a los estudiantes. Además, señaló que es el momento oportuno para hacer un balance de la gestión del gobernador, y recordó las desapariciones y asesinatos cometidos contra dirigentes sociales, además de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su gobierno.
En declaraciones pasadas, el abogado había informado que el centro de derechos que representa tenía un conteo de 17 casos de dirigentes sociales desaparecidos y asesinados, de 2011 a 2014, más los 43 estudiantes desaparecidos por policías municipales.
El abogado abundó que sin el cargo, Aguirre Rivero dejará de ser “juez y parte” y habrá la oportunidad de que la Procuraduría General de la República realice una investigación exhaustiva. Acotó que la renuncia del gobernador no debe convertirse en un efecto que mediatice las luchas de los movimientos sociales y sea un mecanismo para apaciguar las inconformidades, que se han extendidos por todo el mundo, por la desaparición forzada de los normalistas.
Rosales Sierra afirmó que junto el gobernador se debería ir todo el aparato de procuración de justicia del estado, para que pueda existir una investigación objetiva y eficaz. “De nada sirve que se vaya, si el presidente del Tribunal Superior de Justicia le está dando pleitesía, eso no va ayudar”, reiteró.
Dijo que el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado tuvo desviaciones, desde el proceso de búsqueda que fue un acto mediático, donde se obligó a los trabajadores del gobierno a ir a Iguala, para repartir volantes en las casas de la ciudad. Hasta el inadecuado proceso de exhumación, lo que provocó retrasos en las pruebas a los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas clandestinas.