En tres años y medio de Aguirre el estado se convirtió en el más violento del país

*Aparecieron movimientos de autodefensa en cinco de las siete regiones en respuesta a la complicidad oficial ante los ataques del crimen organizado. Es marca de su gobierno la criminalización de las luchas sociales, lo que se tradujo en asesinatos, desaparición forzada, persecución y encarcelamiento de activistas y dirigentes de organizaciones

Redacción

Acapulco

En el gobierno de poco más de tres años y medio de Ángel Aguirre Rivero aumentaron la violencia del crimen organizado y la criminalidad, y Guerrero llegó al primer lugar en los índices de asesinatos, secuestros y extorsiones en México.
También se caracterizó por el surgimiento de movimientos de autodefensa en cinco de las siete regiones del estado, ante la indolencia oficial frente a generalizados agravios del crimen organizado contra la población en decenas de municipios.
Asimismo, fue marca de su gobierno la criminalización de las luchas sociales, lo que se tradujo en asesinatos, persecución y encarcelamiento de activistas y dirigentes de organizaciones populares.
La suya fue una administración a la que se le identificó por el nepotismo, que lo obligó a hacer diez cambios en su gabinete el 14 de mayo de 2012, aunque después su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez se reintegró como asesor, por las intensas movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa en 2013, la violación de seis turistas españolas en Acapulco el 4 de febrero del mismo año, y la devastación por la tormenta Manuel, ante la falta de alertas oportunas a la población.
Aguirre Rivero llegó como gobernador el 1 de abril de 2011, apoyado por la corriente Nueva Izquierda del PRD, en coalición con Movimiento Ciudadano y PT y una alianza de facto con el PAN, luego de que renunció al PRI cuando no fue elegido como candidato a la gubernatura.
Antes ya había ocupado el cargo como gobernador interino, de 1996 a 1999, cuando el Congreso lo nombró, tras la difusión de un video que confirmaba la brutalidad con la que la Policía Estatal mató a 17 campesinos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, lo que al final obligó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer a solicitar licencia indefinida en marzo de 1996, nueve meses después de la matanza.
Aguirre hizo lo propio ayer, a 27 días de la barbarie de Iguala, donde policías municipales mataron a seis personas y desaparecieran a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En julio pasado, la Red Nacio-nal de Organismos Civiles de Dere-chos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, denunció que de 2011 a 2013, el gobierno del estado acumuló 15 agresiones, 10 asesinatos y seis amenazas de muerte a luchadores sociales, dirigentes de organizaciones y defensores de derechos humanos.
El informe no incluía casos más recientes, como el encarcelamiento de los promotores de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Gonzalo Molina y Arturo Campos, ocurridos en agosto, noviembre y diciembre de 2013, respectivamente; ni el del infígena mixtec, sobreviviente de la matranza de El Charco y fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco, quiencon cuatro indígenas más está preso en la cárcel de Acapulco; ni el del líder y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido el 17 de junio de este año, llevado de Acapulco al penal de La Unión y luego trasladado a un penal federal en Tepic, donde ahora se encuentra junto a los 22 policías municipales de Iguala detenidos acusados de disparar a los normalistas de Ayotzinapa.
El 7 de diciembre de 2011, a menos de un año de Aguirre en el cargo, fueron desaparecidos por sicarios del crimen organizado, policías municipales de Tecpan y ministeriales del estado, que contaron con el apoyo logístico de soldados del Ejército, la coordinadora y el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, en la carretera federal entre Petatlán y Tecpan.
Cinco días después, el 12 de diciembre, en la Autopista del Sol a la salida de Chilpancingo hacia Acapulco, cayeron abatidos por las balas disparadas por policías federales, estatales y ministeriales los estudiantes normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
El 28 de noviembre de 2012 fueron asesinados en un ataque en Coyuca de Catalán, la líder de los desplazados de la sierra, Juventina Villa Mojica, y su hijo menor, mientras esperaban ser trasladados por enviados y policías del gobierno estatal a otra población.
Y el 31 de mayo en Iguala, ocho integrantes de la Unidad Popular fueron levantados después de una protesta en la caseta de peaje en Iguala, y tres días después aparecieron ejecutados y con huellas de tortura el dirigente Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandea Román y Ángel Román Ramírez. El testimonio de unos de los cinco sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa, señaló directamente al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de haber matado de dos disparos de escopeta a Hernández Cardona.
El 5 de agosto de 2013, el dirigente de la Liga Agraria Revolucio-naria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez, fue encontrado muerto en Coyuca de Benítez; y el 10 de noviembre el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez y su esposa Ana Lilia Gatica, fueron asesinados.
El 19 de octubre de 2013 fue acribillada la líder de la Organiza-ción Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, mientras apoyaba en la reconstrucción de un puente en Atoyac que fue destruido por la tormenta Manuel.
El gobierno de Aguirre también se destacó por el surgimiento de movimientos de autodefensa contra la delincuencia, que se extendieron en el estado, como el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, que se levantó en armas en 2012 en La Montaña; el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, que cumplirá un año en noviembre, y las policías ciudadanas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que se formaron en enero de 2013 y alcanzaron presencia en varios municipios de la Costa Chica y de la zona Centro en la periferia misma de la capital.
En julio El Sur contabilizó que más de 4 mil personas habían sido desplazadas por la violencia del crimen organizado principalmente en la zona serrana de Tierra Caliente.
En enero, la Comisión de Dere-chos Humanos de la Cámara de Diputados urgió el auxilio para unas 7 mil desplazados, ya que la mayoría sobrevivía “en total indigencia”; y en un informe de diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 2 mil 393 casos.
Los índices de violencia continúan a la alza, muy por encima del resto del país, y las más recientes estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que el mes pasado Guerrero continuó siendo el estado más violento de México, con 32.42 asesinatos por cada 100 mil guerrerenses.
En 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil guerrerenses fue de 43.55. Aguirre Rivero inició su periodo en abril de 2011 y ese año la tasa de homicidios llegó a 62.13; en 2012, en su segundo año de gobierno, la tasa se elevó a 66.01; el año pasado, en el tercer año, tuvo una pequeña variación a 59.22, pero se mantuvo como el estado más violento, con 2 mil 87 asesinatos; y será hasta enero cuando se revele la incidencia total de 2014.
Los primeros cinco meses de este año la tasa de Guerrero fue de 19.09 homicidios por cada 100 mil personas y se convirtió en el más violento del país en 2014, lo que fue confirmado días después por un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con las estadísticas de junio, la tasa aumentó a 21.99; al siguiente mes llegó a 25.2; en agosto aumentó a 29.01 y en septiembre promedió 32.44 asesinatos.
A esto se suman los asesinatos del 26 y 27 de septiembre en Iguala de los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Cortez; el disparo en la cabeza por el que está en coma el estudiante Aldo Gutiérrez Solano; el asesinato del futbolista de 15 años, David Josué García Evangelista; el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz, y una mujer que viajaba en un taxi, Blanca Sánchez Montiel, así como la desaparición de los 43 normalistas, hechos que provocaron la indignación de la sociedad en Guerrero, México y el mundo, y que precipitaron la renuncia de Ángel Aguirre.