Ex delegado denuncia corrupción de líderes y autoridades en Transportes

 En lo que va de la administración de René Juárez, más de 221 millones han entrado a Finanzas por concepto de concesiones, revista, renovación de permisos y transferencias, indica José Ascensión Dorantes. Los líderes deciden quién será delegado y quién no, todo con la venia del director de la dependencia, señala

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

Un ex delegado de Transportes que fungió en cuatro regiones del estado, de 2001 a 2004, denunció hechos de corrupción en el sector, e informó de los ingresos millonarios que percibe la Secretaría de Finanzas, lo que da origen –dice– “a intereses que se entrelazan entre los dirigentes transportistas y las autoridades del gobierno estatal e impide la aplicación de la ley”.

En el documento Transporte Público: Chantaje y corrupción, enviado al presidente de la Comisión de Transportes del Congreso local, Raúl Salgado Leyva, el ex delegado en Acapulco, Cruz Grande, Tecpan de Galeana y Chilapa de 2001 a 2004, José Ascensión Dorantes, hace un diagnóstico del problema en el estado y concluye que es necesaria una auditoría para ubicar las irregularidades.

Señala en su diagnóstico que durante los cinco años del actual gobierno estatal, que encabeza el gobernador René Juárez, han ingresado a la Secretaría de Finanzas 221 millones 346 mil 800 pesos, “lo que indica –que el transporte público es uno de los sectores que inyecta cada año millones de pesos por concepto de derechos de expedición de concesiones, pase de Revista, renovación anual de permisos y transferencias, entre otros conceptos”.

En el documento se detalla que en 1999 ingresaron 74 millones 53 mil pesos; en el 2000, 40 millones 472 mil 720 pesos; en 2001, 42 millones 124 mil 991; en 2002, 40 millones 252 mil 270, y en 2003, hasta septiembre, había una recaudación de 24 millones 443 mil 243 pesos.

Ascensión Dorantes expone que los recursos que ingresan a las arcas del gobierno estatal por el sector transporte explican los intereses económicos fuertes que se mueven, pero además esos recursos son independientes de “lo que propicia la gran corrupción en la Dirección de Transportes y en el gobierno del estado”.

En el documento de cuatro cuartillas, que envió a Salgado Leyva a fin de que la Comisión legislativa de Transportes realice una investigación al respecto, el ex funcionario denuncia que “el manejo perverso de estos intereses genera la formación de organizaciones de transportistas que se convierten en mafias, y que a la postre influyen en las decisiones del director de la dependencia”.

“Esta influencia empieza desde la misma designación del director general, la de los delegados regionales, así como en el otorgamiento de las concesiones o permisos de transporte público. Son estas organizaciones las que dan la pauta al gobierno del estado y en forma específica al director, de cómo quieren ellos que se trabaje y qué delegados regionales hay que cambiar o destituir”.

En estas condiciones –señala– “delegado que no convenga a sus intereses o que no le entre a sus corruptelas, una sola palabra de los dirigentes basta para que sea cambiado a otra delegación o destituido definitivamentel”.

Ascensión Dorantes denuncia que lo mismo pasa con el otorgamiento de las concesiones o permisos, “para lo que los líderes de las organizaciones también utilizan la presión y el chantaje”.

En esas condiciones –dice– “no todos los que reciben las concesiones o permisos son auténticos transportistas, muchas veces estas concesiones son otorgadas a profesionistas, comerciantes, parientes o familiares del director, a través de prestanombres”.

Incluso señala que si se hiciera una auditoría para saber en manos de quién están las concesiones y permisos que se han otorgado, “se evidenciaría que están en manos de caciques y vividores del transporte público y se descubrirá que en las listas van incluidos los familiares, esposas e hijos de los dirigentes y del mismo director estatal de Transportes”.

Agrega que esa es la explicación de porqué hay tanto trabajador del volante marginado desde 1997, y cita el caso de los transportistas de Acapulco.

El ex delegado explica que esto se propicia porque el mismo gobierno permite que los “líderes vividores del transporte” sean los intermediarios entre los auténticos trabajadores y las autoridades. “Si esto no fuera así no habría tanta corrupción ni tanto líder ni director de transportes que de la noche a la mañana de hacen millonarios”.

Concesiones a discresión

También expone que las concesiones se entregan a discreción por que las depuraciones no son públicas, incumpliendo con ello con la ley de transportes.

Señala que si esto fuera así permitiría dos cosas: “desenmascarar a aquellos que no sean transportistas, o los que lo sean pero que todavía no cumplen con los requisitos que marca la ley. También con ello se evitaría que los líderes se enriquezcan porque estos dejarían de ser los intermediarios o corredores, entonces ya no podrían venderlas al mejor postor, como hasta ahora hacen”.

Explica que el intermediarismo también se fomenta debido a que las notificaciones y órdenes de pago de expedición inicial de concesiones no se entregan directamente a los beneficiarios, sino que se entregan por paquetes a los dirigentes de las organizaciones, “y en este intermediarismo está el negocio del director de Transportes y de los líderes, pues los permisos no se entregan de manera abierta, incluso alldebería de intervenir la Contraloría y la Comisión de Transportes del Congreso del Estado”.

Indica que es por ello también que las autoridades ceden a la presión y al chantaje de las organizaciones, “por eso no se atreven a frenar tanta perversidad, por eso se negocia, se permite y se tolera la violación de la ley”.

Ascensión Dorantes concluye que mientras persista esta situación los ciudadanos seguirán siendo rehenes y víctimas de los transportistas, “quienes para lograr lo que quieren bloquean las principales calles, toman carreteras y edificios públicos”.