Niegan que la fianza de 1 millón para Alvaro Leyva sea “cuestión política”

 El caso del dirigente de Alianza por Guerrero se hubiera solucionado si él utilizara los recursos a los que tiene derecho, dice el presidente del TSJ, Raúl Calvo. Ya se dio el trámite administrativo para informar al juez de Tlapa las acusaciones en su contra, indica

 El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, negó que la fianza de 1 millón de pesos que el juez de Tlapa fijó al dirigente de Alianza Por Guerrero, Álvaro Leyva Reyes, tenga que ver con cuestiones políticas y aseguró que este caso ya se hubiera solucionado “si él utilizara los recursos a los que tiene derecho”.

Asimismo, informó que ayer el Consejo de la Judicatura ordenó el trámite administrativo para dar a conocer al juez de Tlapa, Margarito Ávila, las imputaciones que lo acusan por no aplicar la ley de manera correcta al liberar a un presunto secuestrdor.

El dirigente de la Alianza por Guerrero, Alvaro Leyva Reyes, manifestó que la fianza de 1 millón de pesos no se señala en ningún artículo, incluso dijo que a pesar de ello su caso no estará sujeto a ninguna negociación política.

Calvo Sánchez, consultado afuera del Tribunal Superior de Justicia, se dijo “respetuoso” de la decisión del juez de Tlapa; “yo he dicho que el señor –Alvaro Leyva– interponga los recursos que la ley le otorga para impugnar ese acuerdo, los acuerdos no son definitivos, pueden ser revocados”.

Aseguró que hasta el momento el dirigente de la Alianza por Guerrero “no ha interpuesto un recurso de apelación ante la Primera Sala Penal para que conozca de este asunto”.

Mencionó que en el Poder Judicial tienen toda una “estructura orgánica, donde hay jueces y magistrados. Aquí nada se improvisa, todo se hace de acuerdo con la normatividad, los jueces tiene plena autonomía y dependencia”.

Luego refirió que no es la primera vez que un juez del TSJ fija una fianza con este monto, “ha habido otras más elevadas”, aunque dijo no recodar los casos.

Calvo Sánchez negó que la fianza tenga que ver con motivos políticos, “es lo que él –Alvaro Leyva– dice, pero a mi su actitud sí me parece política y creo que esto ya se hubiera solucionados si este señor hiciera uso de los recursos a los que tiene derecho”.

Con relación al caso del juez Margarito Avila, cuya sentencia absolutoria que dictó –en diciembre de 2003– a un presunto secuestrador fue impugnada por supuestas irregularidades, Calvo Sánchez indicó que ayer el Consejo de la Judicatura ordenó el trámite administrativo, para que el juez “conozca las imputaciones y responda”.

Dijo que la sentencia para este caso tendrá una duración de uno a dos meses, “todo depende de la celeridad que se le dé, hoy –ayer– comenzó el procedimiento administrativo y el juez tiene que responder porqué no aplicó el derecho en ese caso concreto”.

En cuanto al caso del juez de Segunda Instancia de lo Familiar con sede en Acapulco, Ausencio Díaz, Calvo Sánchez indicó que el caso sigue en el Consejo de la Judicatura del Poder Federal, pero “se va a resolver todo”.

Citó que actualmente estos dos casos son prioridad por lo “delicados”, sin embargo agregó que en lo que va del año el Tribunal ha recibido quejas contra 100 jueces por distintos aspectos, “algunas de ellas han sido aceptadas y otras no, pero le explicamos a gente porque no fueron aceptadas”.