La PGR sí trabaja en el caso del ex contralor, dice Rodríguez Calderón

No podemos informar las líneas de investigación que se siguen, aclara el delegado de la dependencia. Desconoce si se ofrece alguna recompensa para dar con los criminales

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, respondió ayer al hijo del ex contralor José Manuel Armenta Villegas, José Manuel Armenta Tello, que esa dependencia “sí trabaja” en el caso, aunque aseguró que lo único que no pueden dar a conocer son las líneas de investigación que se siguen, “por la naturaleza del problema”.

Rodríguez Calderón, consultado luego de su conferencia mensual, y en respuesta al reclamo que hiciera el hijo del ex contralor sobre la lentitud en las investigaciones, citó que unos tres meses atrás “nuestro amigo nos hizo esa pregunta, y le comentábamos que este asunto es relevante para nosotros”.

Expuso que a raíz de que la Procuraduría atrajo la averiguación previa, la delegación estatal ha hecho diligencias; “hemos investigado al respecto pero no hemos encontrado alguna línea precisa de investigación que nos muestre el móvil del homicidio, pero esto no significa que no trabajemos”.

Rodríguez Calderón indicó que debido “la buena reputación” que tenía el ex contralor “hasta el momento no hemos descubierto la existencia de algún enemigo conocido, lo que sabemos es que era una persona muy respetable en Guerrero y que no tenía enemigos”.

Producto de la investigación –dijo– se han generado “bastantes hojas de trabajo, pero obviamente el avance en la cuestión jurídica no es tan objetiva, no se ve, no se nota, pero no por eso significa que no existe”.

Justificó que lo que “no podemos dar conocer las líneas de investigación que trabajamos, y ello es por la circunstancia que marca este problema”.

Enfatizó que por la “presión” de las declaraciones del hijo del ex contralor , quien funge como secretario privado del gobernador René Juárez Cisneros, “yo no voy a mentir, no voy a decir cosas que no son ciertas, hemos investigado, hemos trabajado muchas horas”.

Precisó que ante el Ministerio Público Federal han comparecido 50 trabajadores del gobierno del estado, entre ellos directores de área, directores generales y tres secretarios de despacho, pero no reveló sus nombres.

Aseguró que al gobernador no lo ha citado para comparecer porque “de todas las declaraciones que se han vertido ninguna lo relaciona, ninguna desprende relación con el gobernador y al no estar involucrado pues no se le puede citar”.

La idea de citar a 50 funcionarios del gobierno del estado –indicó Rodríguez Calderón– fue para buscar alguna causa o motivo del homicidio, “y es que toda esa gente era la que él investigaba, pero hasta el momento no puedo decir si alguna persona tenía algo contra él”.

Para Rodríguez Calderón el “no se encuentra estancado, lo seguimos investigando y de las investigaciones que tenemos, por razones obvias no podemos de ninguna manera publicitarlas”.

Agregó que de las tres líneas de investigación que se diseñaron la PGR ha agotado dos: “una que tenía que ver con la búsqueda de amigos o enemigos, en tanto que la segunda fue buscar si dentro de las áreas cercanas a él existió algún tipo de venganza, pero hasta el momento no hemos encontrado”.

“La intención no es decir que es un asunto empantanado porque estamos trabajando, y si el caso hubiera sido dirigido al archivo yo les diría, aunque no es así”, expresó.

El homicidio equivocado

Con relación a un posible homicidio equivocado, Calderón Rodríguez no descartó la posibilidad, aunque dijo no poder afirmarlo. “Si lo afirmo se prestará a una mala interpretación y van a decir el delegado está buscando una salida fácil, cómoda”.

Sobre la existencia de una recompensa que, según Armenta Tello, le informó la PGR-México, Rodríguez Calderón aclaró que “en la delegación PGR-Guerrero nunca hemos ofrecido tal recompensa, desconozco a qué oficina de PGR se refiera, pero no dudo de lo que él diga, seguramente acudió a alguna oficina”.

Decomisos de armas, de drogas, y de productos piratas hizo la PGR en julio

En su informe correspondiente al mes de julio, el delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón informó que del Programa de Narcomenudeo, durante tres operaciones efectuadas en Chilapa y Acapulco, detuvieron a cinco personas que en suma traían 218.5 gramos de marihuana y 68.300 gramos de cocaína.

En cuanto al programa Nacional de Control de Drogas, indicó que el Ejército Mexicano detuvo a dos personas con 250 kilogramos de marihuana; en tanto que la Policía Ministerial aprehendió a 21 personas, quienes en total portaban 10 kilogramos de marihuana, 31gramos de cocaína, y 415 gramos de goma de opio.

Dentro del mismo programa –agregó– la Policía Preventiva Municipal decomisó 8.641 kilogramos de marihuana y cinco matas de marihuana en 12 operaciones, donde además detuvieron a 12 personas.

Con relación a la ejecución de órdenes de aprehensión por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el delegado estatal citó que se aprehendieron a 11 personas por delitos como violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, uso de documentos falsos, robo de energía eléctrica así como contra la administración de justicia y evasión de presos.

Referente a las órdenes de reaprehensión, Rodríguez Calderón indicó que la AFI detuvo a cuatro personas que cometieron delitos contra la salud y por portar armas de fuego sin licencia.

Por decomiso de armas, expuso que fueron 30 armas con 159 cartuchos y 16 cargadores, además se comenzaron 27 averiguaciones previas contra 38 personas detenidas; entre las personas aprehendidas se encuentran cinco personas

–fueron liberadas bajo caución– que estaban en el edificio de la Sección 20 de la CTM.

Del Programa de Ataque a la Piratería, Rodríguez Calderón informó que en julio se decomisaron 13 mil productos piratas en ciudades como Acapulco, Arcelia, Iguala y Chilpancingo.

Señaló que se suscitó un supuesto altercado entre los comerciantes y los agentes de la AFI, pero al practicarle un examen médico a quien argumentaba haber sido golpeado no se detectó ninguna lesión.

Por el caso de las averiguaciones previas que la Policía Federal Preventiva integró contra los líderes de la OCSS por el bloqueo de la carretera federal Acapulco- Zihuatanejo, dijo que son competencia des estado, y “de acuerdo con el Código Penal Federal, cuando el bloqueo se realiza en áreas urbanas, la competencia del asunto deja de ser federal y pasa al ámbito del fuero común”.