Piden a la CIDH medidas cautelares para indígenas que habitan zonas de riesgo

 El gobierno no los ha reubicado, dicen vecinos de San Rafael, Metlatónoc. Protección Civil inspeccionó la zona y la calificó como inhabitable, indica el comisario

 Habitantes del pueblo indígena de San Rafael, municipio de Metlatónoc, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de cumplimiento de los gobiernos estatal y federal para su reubicación del lugar que actualmente habitan por los hundimientos de tierra, y que mantienen en riesgo a 250 familias.

El comisario del lugar, Margarito de la Cruz Ortiz, recordó que los daños a sus viviendas comenzaron a partir del 25 de septiembre de 2003 y que de acuerdo con estudios realizados por la Coordinación Estatal del Protección Civil, el lugar donde se asienta el pueblo de San Rafael ya es inhabitable por la falla geológica.

Agregó que la dependencia ya recomendó a las autoridades estatales y federales la reubicación de las 250 casas.

Indicó que a pesar de que hay un acuerdo del gobierno federal y estatal para la reubicación de las familias, y para lo cual se constituyó un fondo para el manejo de los recursos, el proyecto no ha comenzado.

Informó que el movimiento costará 11 millones de pesos, según el estudio de las autoridades estatales y federales, de los cuales seis aportará la federación y 5 el estado.

Pero De la Cruz Ortiz dijo que en el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero les han informado que sólo la aportación del gobierno federal se hecho y que falta la del estatal, y por ello no empiezan las obras de introducción de servicios y viviendas en el lugar.

El comisario informó que el temor es porque los movimientos de tierra se generan con mayor frecuencia en la temporada de lluvias, y que debido a ello las familias abandonan la localidad para irse a vivir con familiares de comunidades vecinas, mientras que las 10 familias que perdieron totalmente sus viviendas se reubicaron a la Comisaría municipal.

Informó que actualmente están en riesgo mil 556 habitantes, de los cuales mil 50 son niños y niñas, quienes en su mayoría habitan casas de adobe y teja.

Explicó que el acuerdo fue que las obras serían ejecutadas por el Invisur Guerrero y que ya han acudido “pero allí nos dicen que están a la espera de la aportación de los recursos que le corresponden al gobierno estatal”.

Dijo que han enviado varios oficios al gobernador Rene Juárez y al secretario de Gobierno, Luis León Aponte, pero que ni si quiera han sido respondidos.

El comisario informó que por ello la semana pasada solicitaron medidas cautelares a la CIDH y notificaron de estos hechos al relator especial de la ONU para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a fin de que recomienden a los gobiernos estatal y federal que se tomen las medidas preventivas para proteger la vida de los habitantes de San Rafael.