Señalan de corrupto al juez que impuso una magra multa al líder Antonio Valdés

 Vecina despojada de su casa en la colonia Rodríguez Alcaine sospecha de la flexibilidad del juez Alderete

 Verónica Nava Lorenzo, quien comenzó un proceso penal por el delito de despojo en contra de Antonio Valdés Andrade, informó que el juez tercero penal además de reducir la sentencia multó con mil 300 pesos al demandado, y aseguró que esta flexibilidad es una muestra de la corrupción en la impartición de la justicia.

La demandante dijo en la redacción de El Sur que el 5 de noviembre de 2001, el entonces juez tercero de lo penal, Leoncio Molina Mercado sentenció a Valdés Andrade a siete años de cárcel, pero el pasado 16 de julio, por el número penal 47-1/2001, el actual juez Derly Arnoldo Alderete Cruz redujo la sentencia a dos años, tres meses y 15 días e impuso una multa de mil 300 pesos, la cual fue apelada.

Nava Lorenzo reiteró que su única pretensión es recuperar la casa, de la cual fue desalojada el 24 de mayo de 1998, ubicada en la colonia Rodríguez Alcaine, bajo el control del líder Valdés Andrade.

Ante las supuestas irregularidades Nava Lorenzo manifestó su inconformidad en contra del magistrado, y preguntó “¿de qué manera se puede combatir la impunidad si a los delincuentes se les fijan ridículas multas de mil 300 pesos?”.

La desalojada es integrante de Auténticos Colonos de la Unidad Obrera, quienes también han interpuesto averiguaciones previas en contra del dirigente de comerciantes semifijos.

Esta sentencia, por la apelación de Nava Lorenzo se encuentra en análisis por los magistrados, quienes ratificarán o modificarán el dictamen.

Dijo que le informaron que la gente de Valdés Andrade es asesorada por el juez –Víctor Arellano Justo, quien vive en la colonia Rodríguez Alcaine– y que estos acuden en la noche a su casa con los expedientes, por eso “está metiendo la mano”, y lo consideró responsable de que esté detrás de todo y beneficie al acusado por un terreno.

Agregó que uno de los líderes del grupo de choque, Andrés Miguel Camacho Sánchez trabaja con el secretario de Desarrollo Económico, Juan Salgado Tenorio, y dijo que esto es un vínculo de impunidad y protección del mismo gobierno.

Nava Lorenzo responsabilizó al dirigente y a su grupo de cualquier ataque a ella y a su familia, porque mantiene su denuncia aunque implica “un desgaste emocional y económico”.