Exigen indígenas al gobierno reconocer su sistema de justicia y seguridad comunitario

Concluye el foro estatal por la defensa de los derechos de los pueblos

Firman pronunciamiento en el que exigen la desmilitarizacióin y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y contra ejidatarios que se oponen al proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

Con un pronunciamiento por el respeto y reconocimiento al proyecto de justicia y seguridad comunitaria de los pueblos indígenas, a los acuerdos en la iniciativa de la COCOPA y la exigencia a los gobiernos federal y estatal de que cumpla con la recomendación del relator de la ONU sobre los derechos de indígenas, concluyó el Foro Estatal por la Defensa de Nuestros Derechos y de Nuestro Patrimonio como Pueblos.

Al concluir el acto, este sábado, las 14 organizaciones convocantes firmaron el pronunciamiento Por el Respeto a Nuestros Derechos y a Nuestro Patrimonio como Pueblos, en el que demandan la desmilitaización, así como cancelar las órdenes de aprehensión contra las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y contra ejidatarios que se oponen al proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota.

Exigen también respeto y reconocimiento al proyecto del Consejo de Autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, y que cese el hostigamiento y la persecución de las autoridades estatales y municipales “que les niegan el derecho a regirse por sus sistemas normativos”.

En el documento –de cuatro cuartillas–, los representantes de los cuatro pueblos indígenas con presencia en Guerrero, así como organizaciones sociales y civiles demandan “un mayor compromiso de las autoridades para atender los conflictos agrarios que siguen cobrando víctimas y fragmentando la vida de las comunidades”.

Otra de las peticiones que surgieron de las propuestas hechas durante los trabajos de dicho foro, es que los gobiernos estatal y federal cumplan con las normas internacionales para establecer proyectos regionales que no afectan los derechos de la población y alteren los ecosistemas, “buscando ante todo el diálogo respetuoso y transparente para evitar que se polaricen los conflictos como sucede en el caso de La Parota”.

Al foro asistieron representantes de los pueblos me phaa, nahua, na savi y amuzgos, organismos no gubernamentales de derechos humanos, así como organizaciones sociales y civiles, los cuales a través de su pronunciamiento demandan la participación directa de los pueblos en el diseño de las políticas públicas y en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos y su patrimonio.

El acto comenzó el viernes y concluyó este sábado con la lectura del pronunciamiento conjunto ante los cerca de 500 asistentes que llenaron el auditorio Eduardo Neri, de la Unidad Deportiva de Chilpancingo.

Otro de los acuerdos de dicho foro es la demanda a las autoridades agrarias “el respeto a nuestro territorio y exigimos que se tome en cuenta nuestra decisión como comuneros y ejidatarios en torno al programa de certificación de derechos ejidales que se nos quiere imponer y condicionar para la entrega de otros recursos, atentando nuestro modo de poseer nuestras tierras y de vivir como pueblos”.

Otros participantes fueron representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos; la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos; la Coordinadora Nacional y Guerrerense de Mujeres Indígenas, y La Unión de Ejidos Luz de la Montaña.

Asimismo, el Consejo de la Nación Amuzga; la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA-Guerrero); la ANIPA nacional y de Guerrero; el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena; el Frente Popular Revolucionario; el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales; la Unión de Pueblos Indígenas Voces de mi Tierra, y la Unión de Mujeres Indígenas Lucero de la Montaña.

El acto

Antes del medio día del viernes se presentaron los temas La Defensa de Nuestro Maíz, a cargo de Jaime Castillo y Katie Mariel, de la UNORCA; La defensa de nuestro territorio, a cargo de Roberto Gamboa, de Tlachinollan, y Miguel Angel Mijangos, del Programa de Aprovechamiento Integral y de los Recursos Naturales. Otro fue La defensa de nuestro sistema de justicia, a cargo de Abel Barrera Hernández, de Tlachinollan, y con testimonios de representantes de autoridades de Xochistlahuaca y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Mientras que por la tarde del viernes se transmitieron los videos El hambre no aguanta más, a cargo de la UNORCA; La Carta del Indio, de Tlachonillan; El conflicto militar en Ayutla, de la OIPM-OPIT, así como el video Cuando la Justicia se Hace Pueblos (historia de la Policía Comunitaria) a cargo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Mientras que por la mañana del sábado continuaron las mesas de trabajo: La Defensa de Nuestro Maíz; La Defensa de Nuestro Territorio y La Defensa de Nuestro Sistema de Justicia, para concluir –después del mediodía– con la plenaria en la que se presentaron las conclusiones y la declaración final.

Durante el desarrollo del foro se escucharon reclamos por el incumplimiento de los gobiernos federal y estatal para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, así como denuncias por “la embestida de un gobierno empresarial que quiere vender nuestro patrimonio a los extranjeros con la idea falaz y perversa de hacerse de recursos financieros poniendo en charola de plata nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra dignidad”, como se dejó asentado en el documento final.

También se indica en dicho documento la inconformidad por la “indiferencia y demagogia de los partidos políticos, que sólo buscan clientelas sumisas para seguir lucrando con las necesidades del pueblo apropiándose de recursos financieros para destinarlos a proyectos personales y facciosos”.

Asimismo, hubo quejas por la imposición de las políticas públicas, y denuncias por la falta de canales de interlocución política entre los pueblos indígenas y las autoridades competentes para atender los conflictos sociales y políticos que siguen sin resolverse.

Otra de las quejas fue que se sigue utilizando al Ejército para reprimir la lucha de los pueblos indígenas, con el pretexto del combate al narcotráfico y la inseguridad pública.

Se denunció también la criminalización del movimiento social con la aprobación de leyes “que en lugar de proteger y salvaguardar mejor los derechos humanos de la gente, los ignora y los descalifica mostrando con ello el poco compromiso que existe en la legislatura local por la defensa de los derechos humanos”.

También hay criticas al proceso electoral actual, del que señalan está “pervertido” y en el que “sobresalen los intereses de grupo, las prebendas, los juegos sucios, la defensa de intereses ocultos, sin importarles la dignidad, la palabra, las demandas y los sueños del pueblo guerrerense”.