Las amenazas de muerte tienen relación directa con Ayotzinapa: Vidulfo Rosales

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que aunque ha enfrentado riesgos graves al asumir la defensa jurídica de casos emblemáticos en la entidad, el que tiene que ver con el violento desalojo de los normalistas de Ayotzinapa tiene una conexión particular con la persecución y amenazas de muerte que en los últimos días ha recibido y por las cuales se vio obligado a salir del país, el viernes 25 de mayo, para poner a salvo su vida.
Culpó de esta situación al gobierno de Guerrero y argumentó que éste ha permitido que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “sigan enquistados personajes que obedecen a poderes fácticos y que incluso son señalados por tener nexos con la delincuencia organizada. Hay personajes también con recomendaciones por violaciones a derechos humanos y siguen ahí; en suma, en la Procuraduría hay personas que están claramente identificadas o responden a intereses fácticos y controlan a la Procuraduría”.
Después del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Oaxaca, que se fue de México el 16 de mayo, Vidulfo Rosales se convierte en el segundo defensor de derechos humanos, tan sólo en este mes, que tiene que salir del país por el recrudecimiento de amenazas en su contra. Su vuelo hacia Estados Unidos salió el viernes al medio día.
Antes hubo otros dirigentes sociales perseguidos que tuvieron que abandonar el país, como Ranferi Hernánez Acevedo, quien obtuvo el asilo político en Paris, Francia, en 1997, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero tras ser señalado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Otro caso fue el del miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Rodolfo Montiel, que en 1999 fue detenido y torturado por militares, después acusado de delitos contra la salud y portación de armas, que salió en libertad en 2011, tras el asesinato de su primera defensora, la abogada Digna Ochoa, y pero las amenazas en su contra siguieron cuando fue liberado y está asilado en Estados Unidos.
“Mi intención no es abandonar el país, yo no lo hubiera querido, pero ni el Estado mexicano ni el gobierno de Guerrero generan las condiciones para que los defensores de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor”, comentó Vidulfo Rosales, el jueves en la noche, en entrevista por teléfono desde la Ciudad de México a donde acudió a reuniones con organizaciones de derechos humanos, y expuso su caso en una conferencia de prensa en la que Amnistía Internacional dio a conocer un informe.
El abogado de Tlachinollan sostuvo que en el país el riesgo que enfrenta es inminente porque “los órganos de justicia son inoperantes, las medidas de protección dictadas por organismos internacionales no se ejercen a cabalidad y en casos como Ayotzinapa la impunidad es lo que prevalece y apostarle quedarse es complicado”.
El 23 de mayo Tlachinollan denunció en la Procuraducía la amenaza que recibió el abogado Vidulfo Rosales Sierra, en un escrito en el que un anónimo que se firma como “La ley” lo califica de “defensor de vándalos y guerrilleros” y se refiere a casos que ha defendido: “ya nos debes varias, en todo te metes. La Parota, las dizque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos”.

Las amenazas

Vidulfo Rosales de 35 años de edad, es abogado de Tlachinollan desde hace 11 años, ingresó en 2001 como miembro del equipo del Área Jurídica y para 2003 asumió la coordinación. En 2004 hubo un coordinación dual con el abogado Mario Patrón, y en la actualidad lo hacía con el abogado Isidoro Vicario. A lo largo de su carrera profesional se ha destacado no sólo por la defensa jurídica de los casos sino por que junto con las víctimas también ha sido el rostro de las denuncias públicas.
En la entrevista, Vidulfo Rosales enumeró una serie de amenazas que ha enfrentado a los largo de su trabajo en Tlachinollan, pero resaltó que entre las de mayor riesgo está la que recibió en 2009 por el caso de los líderes indígenas de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados en febrero en Ayutla.
“En ese tiempo, yo recibí amenazas de personas que me decían a través de mi familia a quienes visitaron en mi pueblo (Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa) y les dijeron que ya no continuara en el caso, les dijeron que me advirtieran que ya no fuera a Ayutla porque me iba a pasar lo mismo que a Raúl y Manuel”, citó.
Otra amenaza que recordó fue la del 20 de marzo de 2009 cuando integrantes de Tlachinollan fueron perseguidos en la carretera de Ayutla hacia Tierra Colorada, “el seguimiento de personas que viajaban en una camioneta fue hasta el pueblo de La Palma, no sabíamos sus intenciones, no pasó a mayores pero sí tuvo que ir por nosotros personal de la Comisión de Derechos Humanos, la Codehum”, precisó.
En 2010, en el contexto de la defensa del integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundió preso en Ayutla, dijo que también fue amenazado “por miembros de un grupo de informantes del Ejército que opera en la comunidad de El Camalote, de donde es originario Raúl. Ahí hay una denuncia en mi en contra de Abel Barrera –director de Tlachinollan– y de líderes de la OPIM, por el delito de robo, existe una averiguación previa el Ministerio Público de Ayutla y no se sabe en que etapa está”.
Para 2011, dijo que aparentemente “el trabajo había estado tranquilo pero se da el caso del desalojo de los estudiantes de Ayotzinapa, el 12 de diciembre en donde son asesinados dos normalistas, Tlachinollan retoma la defensa y me asigna al frente del caso, haciendo diferentes acciones jurídicas de defensa de los compañeros que fueron detenidos, contra los torturados y ahí se hicieron serios señalamientos contra policías ministeriales”.
“Y posteriormente cuando hay funcionarios que empiezan a ser señalados, se empiezan a cernir amenazas contra mí, cada vez que iba a la Procuraduría de Justicia tenía seguimiento, pude identificar en tres ocasiones a personas que conozco que son policías ministeriales, me seguían”, indicó.
Destacó que un seguimiento que tuvo muy marcado ocurrió después de la muerte de los dos ex escoltas del director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Marciano Peñaloza Agama, el 21 de febrero.
“Ese día fui a la Procuraduría a hacer unos trámites, al salir tomé un taxi y al pasar por el Palacio de Gobierno noté que una camioneta Izuzu, sin placas me seguía. En ella iban dos hombres y uno de ellos llevaba un arma larga, lo noté porque vi la punta del arma que sobresalía en una de las ventanas”, explicó.
Consideró que no se pudo concretar la agresión en su contra porque “el tráfico era fuerte y nunca logró la camioneta emparejarse al taxi y en los semáforos que están cerca de Aurrerá el taxi pudo ganar un poco de espacio y al llegar a las oficinas de la Red (Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos) me metí y no hice nada, ni llamé, no salí; ese día me rescataron estudiantes de Ayotzinapa, algunos padres de familia y compañeros de Tlachinollan y de ahí me fui a la Normal. Yo creo que quienes me perseguían no tenían claridad de si estaba o no en la Red, si no, temo que pudieron haber entrado o forzado las puertas”.
Dijo que después de este hecho su presencia en Chilpancingo “era esporádica, por el temor que sentía”, pero que el 3 de mayo se vio obligado a regresar a la capital porque teníamos reuniones pactadas con el Tribunal Superior de Justicia, en la PGJE y en el Juzgado de Primera Instancia para ver los avances del caso de los normalistas torturados y del expediente de los dos agentes de la PIM encarcelados por la muerte de los dos normalistas.
“Al otro día temprano (el 4 de mayo) cuando llegamos a las oficinas en Red, estaba tirado un papel en la puerta, una media hoja carta cortada por la mitad con el texto impreso, estaba doblada. Lo levantaron otros compañeros y me lo mostraron”, detalló.
“Eso me puso en estado de temor, pero por las reuniones que ya tenía pactadas tuve que quedarme pues no pude cancelarlas y al término nos fuimos a Tlapa y de esa fecha ya no regresé a Chilpancingo, hasta el 23 de mayo cuando ya de manera colegiada Tlachinollan hizo la denuncia correspondiente en la Procuraduría”, abundó.
De estas amenazas responsabilizó al gobierno de Ángel Aguirre, y dijo que en la reunión que sostuvieron en Casa Guerrero el 23 de mayo, en donde estuvo la encargada de despacho de la PGJE, Martha Elba Garzón, sólo manifestó que tiene voluntad para investigar su caso, pero dijo no se traduce en acciones reales, pues si fuera de ese modo “no tendría hoy que salir del país”, dijo.

No hay condiciones para ejercer la labor de defensor

Sobre los puntos que tomó en cuenta en la decisión de salir de México, el abogado dijo que en la valoración que hizo Tlachinollan es que “no hay condiciones para que yo siga en Guerrero, pues somos beneficiarios de medidas de protección dictadas por la Corte Interamerina de Derechos Humanos y las amenazas están presentes; lo que se vislumbra es un clima de impunidad que hace difícil nuestra presencia en Guerrero y en el país”.
“Mi intención es no abandonar México, sino permanecer aquí porque hay mucho trabajo, pero la valoración es que mi vida y mi integridad están en riesgo, las condiciones no están dadas para quedarme pues los organismos de justicia son inoperantes, las medidas de protección no se ejercen a cabalidad, en Ayotziapa hay impunidad, y apostarle a quedarme al país es complicado”, precisó.
Desde 2009, después del asesinato de dos dirigentes indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección para integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que están amenazados a raíz de la defensa de los derechos de comunidades indígenas de Ayutla. Los beneficiarios de las medidas de protección, que consisten principalmente en sistemas de comunicación, son miembros de la Organización del Pueblo Indígena  Me’phaa, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y defensores de Tlachinollan.
En la entrevista, el abogado dijo que aunque para él fue difícil esa decisión coincide con Tlachinollan en que en este momento no hay condiciones para ejercer su labor de defensor y en ese sentido “el Estado mexicano tiene que responsabilizarse, tiene que entender el mensaje de que si los defensores estamos saliendo del país es porque no está garantizando nuestro trabajo. Con mi salida queremos disminuir los riesgos, pero también mandar el mensaje claro, al gobierno y las autoridades de que tiene que generar condiciones para los defensores”.
Vidulfo Rosales aseguró que “es doloroso y triste tener que irse porque hay muchos compromisos con los pueblos, con las comunidades. Las gente tiene esperanzas en que nosotros, los defensores, podamos ser un elemento para ayudar en sus problemáticas concretas. Alejarse en condiciones de amenaza, es doloroso y triste, pero estamos claros y conscientes de que con quedarnos ponemos en riesgo nuestra vida y la del equipo de Tlachinollan y hasta la de la familia”.
A pregunta expresa contestó que “es preocupante que como él haya otros casos de defensores de derechos humanos que estén saliendo del país, y es preocupante que en las agendas de los gobiernos ni de los candidatos a elección popular esté el tema de los derechos humanos, es visible que hay un desprecio por el trabajo de los defensores y si se habla de ello es sólo para querer ganar dividendos políticos pero no se traduce en hechos concretos, como en mi caso, el de Abel Barrera y el del sacerdote Solalinde”.
Criticó que en el caso concreto de Guerrero se haya aprobado una Ley de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y no funcione; y que lo mismo suceda con el Consejo de Defensa y Protección de los Defensores de Derechos Humanos que se instaló en febrero “y que no opera por falta de presupuesto  y en mi caso ni siquiera se ha posicionado”.
El abogado dijo que por toda esta situación es evidente que con las amenazas que sufrió, queda claro que “ahora es de sumo riesgo ser defensor de derechos humanos en Guerrero, es un trabajo de peligro”.
Vidulfo Rosales indicó que nunca pensó que esto pudiera ocurrirle pues creyó que a través de hacer un trabajo de defensa de las libertades fundamentales a través de una organización “implicaría menos riesgo, pero vemos que la situación es más difícil”, agregó.
Incluso, citó, que en la reunión del 23 de mayo con la encargada de la PGJE en Casa Guerrero decía que  había estado en mesas similares peleando porque se cumplan los derechos de indígenas y campesinos “no pensé que algún día iba a pedir medidas para mí, que ahora sea soy yo el amenazado”.
El abogado, expresó que aunque las autoridades dijeron que tienen voluntad para investigar su caso, dando acompañamiento policiaco y teléfonos “con eso no se arregla nada, con la buena voluntad no, además la investigación pasa por órganos de procuración de justicia que a la fecha son inoperantes, atraviesan por corrupción. Tenemos 118 casos desde 2009 sin justicia, entonces qué puedo esperar, yo no puedo tener confianza, yo no puedo confiar en los policías cuando veo que ellos tienen que ver con las amenazas en mi contra”.
Sostuvo que es obvio que las amenazas que le hicieron, “tienen una conexión particular con el caso Ayotzinapa, es obvio que también tiene que ver otros casos como La Parota y las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas violadas por militares”.
Lamentó que por los poderes “fácticos” que controlan la PGJE  el caso Ayotzinapa “no va a dar para más, lo más triste en este caso es que se logra ver un marco de impunidad, no creemos que en corto plazo vaya a haber justicia. El proceso penal contra los ministeriales presos (Rey David Cortés e Ismael Matadama), es muy endeble, porque hay una investigación irregular y deficiente de la Procuraduría, eso facilitará a los policías que en cualquier momento salgan libres, no porque sean inocentes sino por deficiencias en la investigación”.

“Uno se pregunta yo qué he hecho y qué delito he cometido”

Del tiempo que estará fuera de México, Vidulfo Rosales comentó que harán una valoración en unos tres meses para ver si es que puede volver. Detalló que mientras estará haciendo cabildeo de casos de Tlachinollan en EU así como apoyando al Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy que ha estado respaldo de cerca a los defensores en Guerrero e incluso en 2010 entregó un galardón al director de Tlachinollan, Abel Barrera.
Vidulfo Rosales admitió que las amenazas que recibió le han generado “mucho temor”, una inestabilidad emocional, así como un rompimiento en su vida cotidiana y familiar “se viven circunstancias muy difíciles. Uno se pregunta yo qué he hecho, qué delitos he cometido para no andar con libertad, pero eso son los riesgos que enfrenta un defensor y es lamentable. Espero que el gobierno mexicano y de Guerrero genere las condiciones para que los defensores podamos regresar y mi vida en particular no se vea alterada ni haya amenazas de que quieran terminar con mi vida”.
Consideró que a pesar de todo “vale la pena todo esto, pues hay pequeñas victorias al lado de este mar de injusticias, esas pequeñas victorias nos dan el ánimo de continuar adelante, por ejemplo en La Parota se ganaron cinco juicios, y por esos, ese proyecto está parado, cuando en 2005 decían que era cuestión de días para que se pusiera la primera piedra”.
En los casos de líderes de la OPIM, Raúl Hernández y de la OFPM, Maximino García Catarino que estuvieron presos en Ayutla, “hemos logrado evidenciar un sistema de justicia corrupto e inoperante” y precisamente dijo que su anhelo es “poner un granito de arena para que en los pueblos se ejerza realmente el derecho a la salud, que ya no haya violencia contra las mujeres, ni se exploten los recursos naturales”

Espera que haya condiciones para que “pronto pueda regresar”

De 35 años de edad, Vidulfo Rosales es originario de la comunidad de Totomixtlahuaca en el municipio de Tlacopa en la región de La Montaña. Fue el primero de los siete hijos que tuvo la familia que formó la señora Imelda Sierra Benítez (de familia de pastores nahuas provenientes de Puebla) y Liborio Rosales Navarro, un indígena me’phaa de Guerrero.
Tras cursar todos sus estudios en su pueblo y Tlapa, en 1995, Vidulfo Rosales se vino a la capital para cursar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero al morir su padre en ese mismo año en un accidente automovilístico, tuvo que dejar sus estudios y volver a Totomixtlahuaca prácticamente para asumir la responsabilidad de su madre y hermanos, recordó.
“Regresé para sembrar la tierra y trabajar en la cría de animales, pero empezaron los problemas porque muerto mi padre le querían quitar las tierras a mi madre, pero tras una lucha ella logró su reconocimiento como comunera y de ahí me dijo: ‘mejor regrésate (a Chilpancingo), ve y prepárate, porque si no vamos a ser objeto de injusticias siempre’. Y con tristeza me tuve que regresar y dejarla sola”, abundó.
En la capital, Vidulfo Rosales vivió en casas de estudiantes de la UAG, y por la falta de dinero suficiente se alimentaba en el comedor universitario y siempre estuvo buscando becas para sostener sus estudios.
De su interés por los derechos humanos, rememoró que como estudiante formó parte de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y por medio de ésta conoció a varias organizaciones y líderes que en 1996 eran perseguidos tras la aparición del EPR en el aniversario de la masacre de Aguas Blancas, “nosotros como estudiantes establecimos relaciones de solidaridad porque así lo marcaban los estatutos de la Federación, no sé ahorita cómo sean, pero ahí concretamente conocí a Manuel Olivares (hoy secretario técnico de la Red) y él me invitó a participar en el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón con sede en Chilapa”.
En 2001 se incorporó a Tlachinollan movido por el interés de regresar a su región y devolver algo de lo que le había dado La Montaña en su niñez.
A pregunta expresa sobre el caso más importante en su vida laboral, Vidulfo Rosales contestó que no hay uno en particular, pues La Parota y el caso del preso de conciencia Raúl Hernández Abundio le representaron una experiencia importante, incluso de este último dijo que había un reto muy grande pues el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo había declarado públicamente que iba a mantenerlo en prisión “y mi reto fue demostrar que el delito por el que estaba en la cárcel fue fabricado y el expediente estaba viciado de origen. También el de Inés y Valentina han sido importantes para mí por que se han llevado al plano internacional”, dijo”
En otro momento, reconoció que el caso de Ayotzinapa “ha sido el más complicado y más difícil que me ha tocado vivir, porque nos tocó enfrentar una estructura de poder y al gobierno de Guerrero en su conjunto, un gobierno con un pasado priista, caciquil y con inercias de corrupción muy marcadas y se vieron con los panfletos que circularon donde grupo de poderes fácticos llamaban a agredir a los estudiantes”.
Vidulfo Rosales admitió que vivir con amenazas le ha resultado complicado y que incluso ha habido momentos en que la reflexión personal lo ha puesto en la disyuntiva de “seguimos o no” en su trabajo como defensor “porque somos seres humanos y también tenemos miedos, temores y desgastes, las amenazas nos llevan a no poder dormir, no poder conciliar el sueño”.
Pero, agregó que a pesar de todo ello “tenemos fuerza para seguir y vamos a continuar, no vamos a abandonar la lucha por los derechos humanos, hay mucho que hacer, pues hay empresas mineras que amenazan los territorios indígenas, hay militares patrullando las calles y conculcando derechos y mientras eso exista uno tiene que sacar ese espíritu rebelde, seguiremos trabajando porque la justicia habite en los pueblos de La Montaña”.
En otro momento, indicó que aún cuando percibe que se avanza poco en la defensa de los derechos humanos y llega a experimentar sentimientos de frustración  “porque se siente que estamos picando una piedra con una aguja, los pequeños triunfos en algunos casos nos hacen volver al camino de la esperanza, pues yo creo que hasta el agua de tanto golpear en la piedra causa fisuras”.
De las experiencias que ha tenido con los casos que Tlachinollan junto con otras organizaciones nacionales e internacionales ha llevado a tribunales internacionales, dijo que le han dejado grandes enseñazas aunque muchos de los mecanismos le han parecido ineficaces. Citó el caso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que emitió sobre las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo “pues por más que la Corte haya ordenado una serie de acciones, éstas se aplican sólo si el Estado mexicano quiere”.
Vidulfo Rosales compartió que en el poco tiempo libre que logra tener busca estar con su familia, con los amigos “tocando rolas” y leer obras literarias de autores como Mario Benedetti, Pablo Neruda y Octavio Paz. Insistió en que aún cuando ser defensor de derechos humanos es una actividad “riesgosa” y por ella ha sacrificado convivencias de familia o cumpleaños de sus tres hijos “ha logrado tener satisfacciones porque aporta un granito de arena para que los derechos sean vigentes, para que los derechos humanos sean una realidad y mientras tenga energía vamos a seguir”.
Vidulfo Rosales reiteró que si se va del país, aunque sea por un tiempo, “deja mucho que decir de las autoridades en México y Guerrero, pues refleja su falta de compromiso con los defensores de derechos humanos. Yo quiera pedir que ojalá haya voluntad política del gobierno de estado como lo ofreció en la reunión del miércoles, que haya avances en las investigaciones y condiciones para seguir realizando nuestro trabajo a favor de los pueblos, que haya condiciones para que yo pueda regresar”.