Temen vecinos de la Colosio que sigan las inundaciones por las obras del Macrotúnel

El gobierno estatal no inició las obras de mitigación luego de la tormenta Manuel en septiembre del año pasado, se quejan los afectados

Karla Galarce Sosa

Integrantes de la Coalición de Habitantes Afectados por Contingencias Ambientales de Guerrero señalaron que el avance en la construcción de la vía que comunicará el Macrotúnel con el distribuidor Viaducto Diamante reducirá el de agua en la zona cuyo azolve es mayor, y donde el cárcamo de bombeo que inauguró Ángel Aguirre Rivero hace dos semanas es inservible.
En conferencia de prensa, los afectados hicieron un llamado a diputados federales que visitan Guerrero para “constatar la ingobernabilidad”, y que pongan atención del peligro en que se encuentran más de 5 mil familias de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio ante una posible inundación.
Acusaron que el gobierno estatal no inició obras de mitigación luego de los daños que ocasionó la tormenta Manuel en septiembre del año pasado.
La vicepresidenta de la organización, Oneli García Mejía, expresó su preocupación por las inundaciones que se registraron a causa de la tormenta Trudy, y pidió a los legisladores que sean el enlace con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Queremos que nos tomen en cuenta pues nosotros somos parte de un problema muy grave en la Colosio, seguimos con el drenaje colapsado, no tenemos una solución, el cárcamo que está en Rinconada es para el agua pluvial, inclusive en este lugar está brotando una fuente de aguas negras”, se quejó la vecina de Rinconada.
Explicó que durante las lluvias de la semana pasada el agua subió un metro obstaculizando el paso a residentes de La Marquesa y Frente Nacional, otras de las colonias edificadas en una zona inundable.
Reiteró su interés por que los diputados les ayuden para que las autoridades paguen 800 mil pesos por sus viviendas, más 160 mil pesos por los enseres que perdieron.
Ante la respuesta del delegado del Infonavit en Guerrero, Marco Antonio Leyva Mena, de que el instituto está impedido para hacer cualquier pago, la vecina expuso que “de algún lado tiene que salir esta respuesta, se siguen burlando de nosotros, no podemos seguir viviendo en zona de humedales, esto es un delito federal”.
El tesorero de la Coalición, Javier Dorantes García, mencionó que hay 42 demandas interpuestas ante el Ministerio Público, las cuales han sido ratificadas.
Añadió que “se trata de denuncias de hechos contra quienes resulten responsables por vendernos en zona de humedales, nosotros señalamos a Conagua, a instancias federales que otorgaron permisos y a autoridades municipales”.