Una audiencia con Peña Nieto, exigen los padres de los 43 normalistas

* La PGR debe corregir la dirección de las líneas de investigación, plantean en Ayotzinapa

* Rechazan que  los quiera vincular con la delincuencia organizada y declaran estar dispuestos a morir por sus hijos

* Se levantan de la mesa de diálogo con autoridades federales

* El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide intervenir en las pesquisas

Demandan audiencia con Peña Nieto padres de desaparecidos; rechazan el informe de la PGR

Se debe corregir la línea de investigación, piden padres y alumnos de Ayotzinapa. Que retome las declaraciones de los sobrevivientes de Iguala y no se les quiera vincular con el crimen organizado, exigen. Por falta de resultados se levantan de la mesa de diálogo con autoridades federales, informan

Lourdes Chávez

Tixtla

Dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia rechazaron el infome el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que dice que a los 43 estudiantes desaparecidos se los llevaron porque sus captores los vincularon con la delincuencia organizada, según testimonios de los policías municipales y líderes de la banda delictiva Guerreros Unidos en prisión que están acusados de atacarlos a balazos y llevárselos.
La versión que difundió Murillo Karan dice que el ataque a los estudiantes fue porque se dijo que éstos pertenecían a Los Rojos, banda de la delincuencia organizada rival de Guerreros Unidos, a la que pertenece el ex alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y policías al servicio de éstos.
En ese informe, que dio a conocer el miércoles 22, Murillo Karam dijo que la única línea de investigación que actualmente tiene la PGR es la de la delincuencia organizada.
Ayer, en la conferencia de prensa, los padres y estudiantes pidieron que la  PGR corrija esa conclusión y abra otras líneas de investigación. Los padres de los estudiantes desaparecidos demandaron una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, par que directamente los escuche.
El papá del alumno Mario César González Cortés denunció que su hijo llegó de Tlaxcala tres meses antes de su desaparición forzada, “y ahora las autoridades dicen que es narcotraficante”.
Advirtió que a casi un mes de esperar resultados los padres están cansados pero dispuestos a hacer lo que sea, si es preciso morir por los desaparecidos, como anunciando acciones de protesta más fuertes, “si vamos a perder la vida por nuestros hijos la ofrecemos, ya basta de burlas, estamos cansados de tantas reuniones y siempre es lo mismo, no hay nada”.
Por la falta de resultados, otro papá que se identificó como Felipe de Jesús informó que este jueves se levantaron de la mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Gendarmería Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR) donde les iban a informar de los avances de la investigación sobre los desaparecidos.
Aclaró que no habrá más pláticas hasta que el presidente Enrique Peña Nieto escuche personalmente a los deudos de tres estudiantes asesinados el 27 de septiembre en Iguala, y a los padres de los detenidos-desaparecidos hace 29 días.
En conferencia de prensa, el secretario general del Comité estudiantil, Pedro David García López recordó que los normalistas son humildes, hijos de campesinos y amas de casa que se organizan con la convicción de luchar contra las injusticias y la falta de libertades en el país.
Precisó que los estudiantes fueron a Iguala a recaudar fondos para protestar en la marcha del 2 de octubre por la matanza de Tlatelolco en la ciudad de México, pero el Estado denosta, persigue y mata a quien alza la voz contra las injusticias.
Exigió también que Peña Nieto reconozca que la Normal Rural es un centro de formación de educación en el país, pues hace dos días recriminó públicamente sus acciones de protesta por la presentación con vida de sus compañeros.
Los padres insistieron en que las autoridades saben en dónde están los estudiantes desaparecidos y no quieren decirles, tampoco comprenden por qué les niegan la información.
Reiteraron la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes, a pesar de que la PGR no ha dado indicios de que esto sea posible y sólo los ha buscado muertos en fosas clandestinas.
De la espera, el líder estudiantil explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo al principio que los buscaría con todos sus recursos, pero criminaliza la lucha social al relacionarlos con la delincuencia organizada.
Recordó que exigieron que la federación atrajera la investigación, y a 19 días sin resultados sobre los estudiantes hizo lo mismo que el gobierno estatal: desviar las líneas de investigación hacia la delincuencia organizada, así que los padres y estudiantes no están dispuestos a esperar más.
Demandaron que la PGR corrija la dirección en las líneas de investigación, y retome las declaraciones de los sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, porque las agresiones son parte del patrón sistemático de criminalización y represión a la Normal Rural de Ayotzinapa desde hace décadas.
“Pero si las autoridades prefieren seguir perdiendo el tiempo investigando a los padres de familia y a los estudiantes, que lo hagan”, ya que padres y estudiantes están dispuestos a colaborar, dijo García López.
En cuanto a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su posible sustitución, los padres de familia aseguraron que no les importa que se vaya ni quién lo sustituya, porque son parte del mismo sistema, tienen los mismos objetivos y no les tienen confianza.
Rechazaron la versión de que los estudiantes, antes de ser atacados, agredieron a los trabajadores de un lavado de autos y a un chofer de los camiones urbanos en Iguala, pero que si hubiera una falta que pagar, “nada justifica” la masacre de tres estudiantes, las lesiones graves a dos y la desaparición forzada de 43.
Recordaron que sigue impune la ejecución de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús en el desalojo a balazos de una manifestación en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.
Entonces como ahora, el gobierno quiso criminalizar a los estudiantes, dirigiendo las investigaciones contra ellos por la explosión de una bomba expendedora en una gasolinería,  y la muerte de un empleado en ese lugar.
Consideraron que, aunque deje el cargo, Aguirre Rivero debe responder por la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas, así como por las violaciones graves contra estudiantes el 12 de diciembre, los asesinatos de luchadores sociales y la persecución de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en su periodo de gobierno.
En cuanto al llamado del obispo Alejo Zavala Castro a mantener un diálogo tranquilo y en paz con las autoridades, opinaron que es una posición obligada de la Iglesia, pero no puede haber paz sin justicia, y para recobrar la confianza en las autoridades deben de presentar a salvo a los 43 normalistas en la escuela.

Pide la ONU intervenir en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos lamenta que la búsqueda de los jóvenes no dé resultados

La portavoz internacional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ravina Shamdasani, lamentó que los mecanismos para localizar a los 43 normalistas no han sido exitosos, y urgió a las autoridades del país a incrementar los esfuerzos porque también están preocupados por el hallazgo de fosas colectivas con personas que deben ser identificadas, por lo que solicitó que el gobierno reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para intervenir en el caso.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está siguiendo de cerca estos casos y está dispuesta para proveer toda la asistencia que le sea requerida”, alentó, y reconoció las acciones de la federación y el Congreso de la Unión.
En una nota informativa fechada ayer en la sede de la OACDH en Ginebra, Suiza, y difundida antes del mediodía en el portal de internet de la Oficina del Alto Comisionado en México, señaló que “estamos preocupados” porque la desaparición forzada de los 43 estudiantes continúa, y agregó que también están preocupados por el hecho de que varias nuevas fosas colectivas hayan sido encontradas a las afueras de Iguala, aunque oficialmente se reconocen nueve.
“Lamentamos que hasta el momento estos mecanismos no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes desaparecidos y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos”, expuso y expresó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y seres queridos.
En este sentido, Ravina Shamdasani pidió al gobierno de México que reconozca la competencial del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que puedan recibir comunicación de las víctimas con base en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
“Exhortamos a las autoridades mexicanas a conducir investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la justicia a los responsables”, indicó en relación a las fosas clandestinas.
Sin embargo, la portavoz reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto “ha deplorado esta grave violación a los derechos humanos y que las autoridades mexicanas han activado mecanismos de búsqueda”, que hay 52 detenidos por su conexión con la desaparición, entre ellos 36 policías municipales, y que fuerzas de seguridad, investigadores y recursos técnicos se han desplegado en la región.
También expuso que reconocen que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, han establecido diálogo directo con familiares, estudiantes y organizaciones y saludó la creación de una comisión especial en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a la investigación.
Ravina Shamdasani recordó que los estudiantes fueron vistos por ultima vez el 26 de septiembre “al ser privados de su libertad por la policía municipal que supuestamente actuaba en colusión con un grupo del crimen organizado”, y que durante los operativos seis personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 15 años y tres estudiantes, además de que por lo menos 17 personas fueron heridas. (Redacción / Acapulco).