Denuncian indígenas maltrato por parte del responsable del centro de salud de Tlapa

En asamblea en la colonia Tepeyac se quejan beneficiarias del programa Oportunidades que cada mes que bajan de sus comunidades si no asisten a las charlas les hacen descuentos a su magra pensión y además sufren maltratos y marginación

Tlachinollan

Tlapa

Más de 100 personas se reunieron en asamblea el 24 de julio para denunciar “los constantes maltratos” que habrían sufrido las mujeres que reciben el programa federal Oportunidades en el centro de salud de la colonia Tepeyac, en Tlapa de Comonfort, por parte del responsable de esa institución, el doctor Odilón Vázquez Maldonado.

“Él nos ha discriminado, nos ha humillado, nos ha ofendido”, aseguran las integrantes del comité que representa a las mujeres beneficiarias de Oportunidades en Tepeyac. Según ellas, el médico a cargo habría expresado: “es que son unas ignorantes, vienen de la Montaña Alta”, aludiéndolas.

En el acta de la asamblea extraordinaria que se hizo en la delegación municipal de esa colonia, los asistentes –titulares del programa y familiares que también se benefician con el mismo– asentaron que

Vázquez Maldonado “utiliza un lenguaje grosero y prepotente (…) amenaza e insulta y propone cosas indecorosas a las señoras y jovencitas que acuden” a consulta.

El comité también acusa a la enfermera Carmen Maldonado de haber maltratado a pacientes. Según informaron, esta empleada no brinda atención digna a las ancianas que hablan idiomas indígenas y no entienden español.

“No atienden –Vázquez Maldonado y la enfermera– a la gente humilde que llega enferma (…) ellos atienden sólo a las personas que les caen bien y a nosotros nos marginan”, sostienen los denunciantes.

“No saben tratar a la gente humilde, a los indefensos”, agregan.

Por su parte, las mujeres que reciben el mencionado programa federal tienen la obligación de “asistir a cita médica en el centro de salud de Tepeyac –con médico general, ya que la clínica en cuestión no cuenta con especialistas–, mes con mes, como titulares, y a las pláticas”. Deben ir porque “toman asistencia” y, de no hacerlo, les descuentan dinero “y el apoyo económico no llega completo”.

Las beneficiarias reciben 160 pesos mensuales, además de atención médica para ellas y sus hijos y becas escolares para que éstos últimos asistan a la escuela primaria o secundaria.

“Es muy poco, pero como madres de familia de algo nos sirve”, afirman.

Además, el comité señaló que el responsable de la Jurisdicción Sanitaria 04 Montaña, Armando Bibiano García, no ha hecho nada por resolver el problema a pesar de las denuncias presentadas desde el comienzo del conflicto.

A su vez, Bibiano García aseveró que se trata de un enfrentamiento “político”.

“Es una protesta por el maltrato. No estamos haciendo ningún tipo de política”, defiende una de las integrantes del comité.

“No vemos nada de político en expresar el mal comportamiento de una persona. El hecho de que nosotras hayamos acudido al delegado como autoridad principal de la colonia no quiere decir que nosotras estemos politizando el problema”, sostuvo otra mujer.

Para solucionar la situación desfavorable que prevalece desde hace años, la asamblea exige que “todo el personal que labora en el centro de salud del Tepeyac sea removido a otro lugar” y que los nuevos trabajadores que se designen “tengan la capacidad y sensibilidad de servir a la comunidad, porque al fin de cuenta para eso son contratados”, además de que el horario de atención y servicio sea de tiempo completo. También solicitan que la Secretaría de Salud “otorgue medicamentos, materiales y todo lo necesario para atender las urgencias” y advierten que “la ciudadanía del Tepeyac, cansada de estar sumisa y con la frente agachada” tomará “las medidas necesarias” para que el conflicto sea resuelto a la “brevedad” y se les garantice el derecho a “recibir servicios de salud de calidad.”

Al cierre de esta nota –jueves por la tarde–, miembros del departamento jurídico de la Secretaría de Salud de Chilpancingo, encabezados por Ruperto Arellano Galindo, se presentaron en la clínica para interrogar a todos los trabajadores, hacer un inventario y así dar comienzo a la investigación que determinará la remoción o la permanencia del cuestionado médico en esa institución. No obstante que el comité intentó establecer comunicación con los investigadores, el departamento jurídico sólo entrevistó a los trabajadores del lugar y no escuchó a los denunciantes.