Rechazan autoridades indígenas la iniciativa para legalizar a la Policía Comunitaria

   Nos negamos a seguir subordinados por el grupo gobernante, señalan durante un foro estatal por la defensa de los pueblos. Se piensa que la organización es juez y parte al ejercer la justicia, cuando el sistema comunitario no está fuera de la ley, sino dentro de los marcos legales internacionales que amparan a los indígenas, como el Convenio 169 y la Constitución mexicana, aclaran

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias emitió este viernes una respuesta “preliminar” a la propuesta del gobierno estatal para “legalizar” a la Policía Comunitaria, a través de la cual expresa su rechazo porque “nos negamos a seguir subordinados por el grupo gobernante”.

La postura se dio a conocer ayer durante el Foro Estatal por la Defensa de Nuestros Derechos y de Nuestro Patrimonio como Pueblos, que se efectuó bajo los temas La defensa de nuestro maíz; La defensa de nuestro territorio, y La defensa de nuestro sistema de justicia, convocado por organizaciones sociales, civiles e indígenas, así como organismos de derechos humanos no gubernamentales.

En un documento de 20 cuartillas, denominado La Policía Comunitaria Institución del Pueblo y Para el Pueblo, la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas señala que “no hay nada nuevo” en la propuesta del gobierno estatal, que ha vuelto a convocar a la reglamentación de la Policía Comunitaria.

Y es que –señalan– el gobierno parte de la idea de que “nuestra organización es juez y parte en la administración de la justicia”, cuando el sistema comunitario no está fuera de la ley y está dentro de los marcos legales internacionales que amparan a los indígenas, como el Convenio 169 y la Constitución mexicana.

También explica la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas que su sistema de seguridad y justicia se sustenta en los constantes agravios de que eran objeto por parte de los delincuentes, y también se queja de que por adaptar su propio sistema de justicia han sido objeto del “desprestigio doloso y difamaciones” del gobierno estatal y del federal, así como de los caciques regionales.

Por ello –señala el documento– “nos negamos a seguir subordinados del grupo gobernante y nos oponemos a ser objeto de de burlas y abusos de autoridades que están llamadas a cumplir la ley. Exigimos ser sujetos de derecho público”.

La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas informa, asimismo, que actualmente se han levantado 40 actas, de las cuales sólo en dos de ellas los habitantes de los pueblos donde se elaboraron están de acuerdo con la propuesta y el resto la ha rechazado.

La consulta en los 61 pueblos indígenas donde funciona la Policía Comunitaria comenzó el 4 de julio, en la comunidad de Santa Cruz, municipio de Malinaltepec, y a la fecha faltan por realizarse asambleas en 41 pueblos. Uno de los fundadores de la Policía Comunitaria, Cirino Placido Valerio, informó que se tiene previsto que las asambleas terminarán posiblemente en 15 días.

Indicó que los resultados se darán a conocer en una asamblea amplia, a la que serán invitados dirigentes de organizaciones sociales, organismos civiles, organismos no gubernamentales de derechos humanos y medios de información.

El caso de la Policía Comunitaria se expuso durante el tema La Defensa de Nuestro Sistema de Justicia, del Foro Estatal por la Defensa de Nuestros Derechos y de Nuestro Patrimonio como Pueblos.

También se expuso el caso de las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca que defienden un municipio autónomo en esa demarcación municipal, “las 12 órdenes de aprehensión contra las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca son la expresión clara de las autoridades de negar el derecho de los pueblos indígenas a regirse bajo sus sistemas normativos, que se enmarcan dentro de la lógica de la vida comunitaria y desde la perspectiva de la propiedad comunal. Ese ejercicio de la democracia pluricultural se castiga con la cárcel”, señalaron las autoridades indígenas de ese municipio, en un documento.

Antes, en el tema Defensa de nuestro maíz, el hambre no aguanta más, el integrante de la Coordinadora Nacional de la UNORCA, Jaime Castillo, se pronunció por la defensa de la soberanía alimentaria y rechazó la seguridad alimentaria que propone el gobierno federal, porque dijo que se debe asegurar la producción tradicional de los campesinos e indígenas, sobre todo en lo que se refiere al maíz, para evitar la importación de maíz transgénico y la carne refrigerada “hasta de tres años”.

Y es que –denunció– el gobierno federal pretende “desaparecer nuestra producción tradicional” porque con su política se privilegia la exportación de alimentos y se destruye la soberanía alimentaria.

Sobre el mismo tema, Katie Mariel denunció que el campo ha sido golpeado en los últimos 20 años por las políticas públicas del gobierno, y demandó una moratoria a la exportación de maíz, porque –dijo– se exporta maíz blanco y se importa para el consumo interno maíz amarillo.

En el tema La Defensa de Nuestro Territorio, la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos y ejidatarios de La Parota se pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota .

En un documento denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad quiere imponer su ley por encima de la voluntad de los ejidatarios, que ahora varios de ellos enfrentan órdenes de aprehensión, todo por oponerse a la voluntad del advenedizo que sólo llega para colonizar”.