Renato Ravelo Lecuona

Legalidad ilegítima

El Estado pripanista está entrando de lleno en su definición de clase antipopular y con ello en plena ilegitimidad como sistema, sin opción de vida diga y justa para los mexicanos, ya no digamos próspera.

Que un juez decida que el delito de genocidio prescribió y que Luis Echeverría pueda soltar la carcajada, significa que son válidas y legales las matanzas arteras y cobardes ordenadas desde el poder público contra la población civil inerme. El avance que tenemos en cuanto que esto puede ser ventilado públicamente, nos está llevando a la ilegitimación del sistema.

Desde la matanza de Tlatelolco 1968, hasta nuestros días, han continuado y continúan las matanzas alentadas y protegidas desde el poder público. La del Jueves de Corpus está plenamente comprobada y no es necesaria ninguna “averiguación previa”; las de Aguas Blancas y El Charco están también perfectamente claras: fuerzas públicas y/o militares masacraron impune y cobardemente a la población civil durante una protesta civil, inerme; son crímenes sin atenuantes, sin duda histórica alguna, cometidos ante la opinión publica nacional y mundial, protegidas por un sistema judicial obsoleto, reaccionario, que siguen impunes.

El Estado pripanista mexicano, al avalar tales crímenes de lesa humanidad con su desprestigiado sistema jurídico, asume la connotación de Estado genocida, que legitima esos crímenes desde su poder como Estado. En este panorama no hay ningún cambio con el gobierno del no cambio, desde la dictablanda priísta.

La conjura priísta coleta de grupos paramilitares que consumaron la masacre en Acteal y El Bosque, es también otro genocidio que forma parte de un plan en marcha, con la guerra de baja intensidad que se sigue ejecutando contra los pueblos indígenas chiapanecos en una voraz política de exterminio y de expropiación de sus recursos naturales. Esta guerra sucia y solapada por el Estado es el instrumento del ilegítimo Plan Puebla Panamá santificado por la legalidad del Estado pripanista, plan que diseñó el PRI y lo ejecuta el PAN, pero viene dictado desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acaba de señalar ante el mismo Congreso que la derrama del presupuesto público en apoyo al sistema bancario empresarial, vía Fobapro/Ipab, es legal. El alegato de la Cámara y/o los medios no aclararon que es una política legal del Estado pripanista completamente ilegítima, que lesiona los sistemas de salud, el sistema educativo, la seguridad pública y las política de asistencia (mendicidad disfrazada) de la población más pobre de la nación; política que hace que la recaudación de impuestos se destine en una alarmante proporción a pagar las deudas que negociantes en quiebra por el neoliberalismo tiene con la banca, pago en cifras tan altas que dejan en la indigencia los sistemas de salud, educación, cultura y la seguridad pública. El Estado pripanista decretó esta derrama legal de los bienes públicos en apoyo a la banca. Es legal lo que los poderes económicos y políticos dictan. Lo que el pueblo está viendo es que esta legalidad es completamente ilegítima, tanto en el orden de la justicia como en el de la economía, y para allá vamos.

En este orden de saqueo del erario en favor de la clase empresarial y la burocracia transparentemente corrupta del priísmo, no hay cambios más que de discurso. Hay alianzas claras, priburocráticopanempresariales. Fue desde el régimen priísta que esta alianza saqueó los fondos, por ejemplo del IMSS, en beneficio de la clase empresarial. Desde que empezamos a pagar las cuotas, los asalariados sabíamos que quedábamos asegurados contra la cesantía, la vejez y la muerte, además de pagar un mal servicio médico agravado por la arrogancia de su personal. Los cálculos de ley obligaban al Estado a conservar la parte correspondiente de nuestras cuotas como fondo de inversión para los pensionados Y este fondo de inversión en lugar de crecer, desapareció sin que nadie rinda ni pida cuentas. Como desaparecieron los fondos de miles millones de dólares que pagaron los braceros desde Estados Unidos, que ahora luchan como Braceroproa, como los del Fifonafe (otro fondo campesino millonario), pues no hay ejidatarios que los puedan reclamar organizadamente. De esos fondos perdidos en las cuentas privadas de políticos y empresarios, ponemos como ejemplo el régimen del mismo Echeverría, cuando el 99 por ciento de los empleados ahora radicales del IMSS, se dejaron llevar acarreados –fui testigo de ello– al acto de apoyo que le hicieron al presidente después de la matanza del 10 de junio. Y estos mismos empleados eran completamente sumisos ante funcionarios como Ricardo García Saínz, (eventual diputado perredista) que se despachó con la cuchara grande cuando siendo presidente de la Cámara de la Industria Químico Farmacéutica nacional, fue nombrado director del IMSS. La iglesia de la salud, en manos de un Lutero vendedor de medicamentos. Claro ejemplo de los mecanismos de saqueo de los fondos públicos, en este caso el destinado a las pensiones, que tiene que pagarse ahora del presupuesto y que debieran ser investigados, pero estamos en los tiempos de la conciliación pripan, que llaman del perdón. Y si se examinan todos los ramos de la administración, cada uno ha tenido su Lutero.

Los desfalcos de fondos públicos, como los crímenes, son motivos de perdón. Borrón y cuenta nueva, le piden a los ciudadanos mexicanos, porque el Estado mexicano es legal, fue elegido por votación.

Acosta Chaparro, Figueroa, Echeverría, Moya Palencia, los genocidas; Hank González, Rohn & Co., los mafiosos; Espinoza y toda la banda de la corrupción priísta, toda la obscura casta del poder ha sido legal y se pide el olvido a sus errores, para que el panismo pueda asumir con tranquilidad sus compromisos depredadores pero legales, como el Plan Puebla Panamá con su oculta guerra de baja intensidad contra el EZLN para el control de los recursos naturales de la región y ponerlos a disposición de los capitales transnacionales, muy legalmente.

Conclusión: se puede fraguar cualquier crimen para mantener el reino de las castas de poder político o bancario y del capital transnacional, hacerlo ley o plan de desarrollo, y será legal. Si alguien comete un errorcito, como masacrar a civiles indefensos o saquear la economía nacional, será perdonado, el Estado pripanista te absuelve. La ley es sólo para los opositores, si no quedaron en alguna tumba.

La deslegitimación del sistema político ante la conciencia ciudadana está en marcha. Cuando el pueblo llegue a la convicción que esta legalidad es ilegítima, pensará otras vías para manifestarlo. Estamos llegando ya a ese punto y quizá sea la delincuencia producto del desempleo neoliberal, una vía detonante.

La vía del PRD como la oposición democrática que esperábamos está verde, pues desde el momento en que un senador que votó tras el PRI y PAN contra la histórica ley indígena consensuada ampliamente en San Andrés, Chiapas tiene la vergüenza de irle a pedir su voto a los indígenas para gobernarlos, cuando como partido incurre en las mismas mañas corporativas del poder instituidas por el PRI y se llena de escándalo, cuando carece de un proyecto de salvación popular y sólo quiere puestos públicos bien remunerados, y cuando las aguas se transparenten y el ambiente se defina como una historia política nacional convertida en serie policiaca de televisión, sin perspectivas visibles para el pueblo, éste tomará la palabra.