De Aguas Blancas a Iguala y de la cima al repudio, el trayecto de Ángel Aguirre

*Sustituyó a Figueroa Alcocer el mismo día en que éste solicitó licencia tras aferrarse nueve meses al cargo luego de la matanza de 17 campesinos en Coyuca de Benítez

Al igual que su predecesor priista Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de Aguas Blancas hace 19 años, el gobernador ex priista y ahora perredista Ángel Aguirre Rivero fue tumbado por la matanza y desaparición de guerrerenses a manos de policías.
Figueroa solicitó licencia al Congreso local el 12 de marzo de 1996 y ese mismo día, en una sesión extraordinaria convocada ex profeso, Aguirre fue designado gobernador interino por el voto de 33 de los 39 diputados.
Tras la masacre, Figueroa se aferró al cargo durante nueve meses hasta que su salida se decidió en la ciudad de México al estilo priista, tras la difusión en el progama estelar de Televisa de un video de la matanza de Coyuca de Benítez, pero Aguirre solamente duró 27 días ante el descontento generalizado a nivel estatal, nacional e internacional por la matanza de tres normalistas, un menor de edad, dos civiles y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala.
El 28 de junio de 1995, unos 500 policías motorizados y antimotines emboscaron a 50 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra de Sur (OCSS) y asesinaron a 17 en un vado de la comunidad de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación contra el gobierno estatal en demanda de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, y la presentación de Gilberto Romero Vázquez, quien según los inconformes había sido desaparecido por el gobernador y la presidenta de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos.
A dos años y tres meses de asumir la gubernatura, esa semana fue decisiva para Figueroa Alcocer. El PRD se mantuvo unido para exigir la declaración de desaparición de poderes, hubo movilizaciones en todo el estado, el PAN repudió la barbarie, el PRI se mantuvo ausente y la alcaldesa de Atoyac insistió en que el gobernador le dijo por teléfono: “¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos autoridad o no somos?”
Hasta la siguiente semana el PRI defendió al gobernador y Ángel Aguirre, como presidente del Comité Directivo Estatal, aseguró que no permitirían la intervención del entonces presidente de la República y compadre de Figueroa, Ernesto Zedillo Ponce de León; hubo maniobras del gobierno estatal para dividir, desinformar y demostrar el supuesto apoyo popular, pero la indignación social, la demanda de su renuncia y las protestas no pararon.
En julio el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Araujo, aseguró que no procedía la desaparición de poderes, los diputados locales del Congreso también se negaron y el Senado desechó la propuesta. Pero el PRD organizó marchas, mítines y bloqueos informativos y el 23 de julio se constituyó la Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia.
Para agosto ya había actos en más de 20 municipios y en Tixtla un enviado de Ernesto Zedillo dio un discurso contra el abuso del poder. Ante una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el gobernador destituyó prácticamente a todo su gabinete de seguridad, pero en septiembre ya había movilizaciones y plantones en otros estados, y en octubre la protesta se agravó por el atentado a dos dirigentes del PRD en Tecpan y el asesinato de otros cinco integrantes de la OCSS.
Para noviembre Guerrero ya estaba en la agenda de organismos internacionales defensores de derechos humanos, más de 500 atoyaquenses marcharon en caravana a la ciudad de México y tras cinco meses el PRD entregó el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, que estaba tomado.
En diciembre PRD, PRI y PAN se pronunciaron por el diálogo y la concordia y que no quedara impune la matanza, y familiares y organismos de derechos humanos cuestionaron la labor del juez y el fiscal encargados del caso.
En enero Guerrero ya sumaba seis matanzas en seis meses, pues el primer día de 1996 hubo dos asesinatos políticos en Atoyac, y el caso se reavivó con la conclusión del fiscal especial Alejandro Varela, la postura de la CNDH porque faltaban responsables intelectuales, las declaraciones en que Figueroa daba por cumplida la recomendación, la solicitud del PRI, PAN y PRD para que se profundizaran las investigaciones y la discusión de diputados locales y federales por la responsabilidad del gobernador.
Al siguiente mes el gobernador y el general Arturo Acosta Chaparro fueron interrogados en sigilo por el fiscal del caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió el caso, pero el 18 de febrero policías judiciales asesinaron a 12 caficultores y ganaderos en la Sierra de Atoyac.
Finalmente, en marzo Figueroa perdió aliados dentro y fuera del estado tras la difusión de un video de la masacre, el día 25, por el periodista Ricardo Rocha, y las protestas se avivaron.
El presidente Ernesto Zedillo pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviniera, pero el gobernador advirtió que no renunciaría.
Cobijado en la SCJN el PRD comenzó a moverse y alegó que si Figueroa no se iba la protesta sería dirigida contra Zedillo; el gobernador no tenía planeada su renuncia, preparó su tercer informe de gobierno y el lunes 11 de marzo acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional, Los Pinos y la Secretaría de Gobernación a buscar al presidente.

Treinta y tres votos para Aguirre, dos para Neri Vela

A medio sexenio, 21 días antes de cumplir tres años de gobierno, el 12 de marzo de 1996, Figueroa presentó formalmente en el Congreso la solicitud de licencia definitiva para “facilitar la investigación” que realizaba la Corte, y aseguró que instruyó una acción política que “no fue atendida”.
Ese día 35 diputados locales concluyeron el periodo de sesiones y en la primera sesión del periodo extraordinario votaron para aceptar la renuncia ante los gritos de más de mil priistas que pedían que no renunciara, pero que después aplaudieron al nuevo gobernador interino.
Inmediatamente fue designado el presidente estatal del PRI, Angel Aguirre, con el voto de 32 diputados porque dos votaron a favor del primer astronauta mexicano y guerrerense Rodolfo Neri Vela, propuesto por el PAN, hubo una abstención y cuatro votos en contra.
En su primera conferencia de prensa, Aguirre Rivero ofreció un gobierno popular, de diálogo y de puertas abiertas, todas las facilidades para que la SCJN investigara la matanza, y dijo que la historia juzgaría a su amigo Rubén Figueroa.
Intentó conformar un gabinete plural con audiencias públicas, y el miércoles 13 informó que renovaría todo el gabinete de seguridad y depuraría las policías Judicial, Estatal, Motorizada y Preventiva.
Diez días después de su toma de posesión, Aguirre fue arropado por el presidente Zedillo y sus funcionarios federales en una gira por municipios de Guerrero, el 22 de marzo, y el nuevo gobernador se comprometió a encabezar “un gobierno de reconciliación”.
Entre los primeros nuevos funcionarios del gobierno priista estuvieron el perredista Aurelio Peñaloza García como subprocurador de Justicia; Fermín Alvarado Arroyo como secretario General de Gobierno; Pioquinto Damián Huato como secretario de Educación; el jurista cervantista Antonio Hernández Díaz como procurador de Justicia; el notario público cervantista Francisco Vargas como primer subprocurador; la figueroísta Alma Clarisa Rico Díaz como secretaria de la Mujer; y José Villanueva Manzanares como secretario privado.
Días después nombró a su primo y ahora diputado federal Manuel Añorve Baños como director de la CAPAMA, mientras que en cinco puestos colocó a economistas y juristas menores de 50 años que no tenían relación con el gobierno de Figueroa.
En su primera gira por Acapulco todas las personas que querían acercarse al gobernador lo hicieron; el 25 de marzo tuvo su primer acercamiento formal con el PRD en el Palacio de Gobierno, cuatro días después destrabó conflictos con los entonces ocho partidos políticos para la reforma electoral en el estado, y el 1 de abril se reunió con 10 viudas en Aguas Blancas, se sumó al clamor de justicia y aseguró que no admitiría la impunidad.
Aguirre Rivero regresó como gobernador electo el 1 de abril de 2011 apoyado por el PRD, Movimiento Ciudadano, PT y PAN, en una alianza contra el candidato del PRI, Manuel Añorve, y el miércoles pasado solicitó al Congreso su separación del cargo para “favorecer el clima político” tras la matanza y desaparición de Iguala, en medio de una grave crisis de derechos humanos, protestas, tomas de ayuntamientos y condena de los hechos en decenas de ciudades de México y el mundo. (Redacción / Acapulco).