EDITORIAL

*Se requieren medidas audaces y valientes

El universitario Rogelio Ortega Martínez, flamante gobernador de Guerrero en sustitución del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, asume el cargo en medio de una crisis política y de derechos humanos sin precedente, y es resultado de la misma.
Está obligado, por eso, a no fallar. Un gobierno interino que fracase en su cometido solamente profundizará la crisis, y un estallido social en Guerrero puede alcanzar al resto del país.
La sociedad espera de su gobierno no que transforme todo de arriba abajo. No es Ortega un gobernador que haya sido elegido en las urnas porque hubiese presentado el mejor programa de gobierno para ser aplicado en seis años.
Es un gobernador escogido para encarar la crisis derivada del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas por policías municipales de Iguala y de Cocula. Es decir, un crimen de lesa humanidad cometido por instituciones del Estado mexicano.
Entonces la prioridad del nuevo gobernante es concentrarse en tomar medidas para que haya justicia y se castigue a los responsables de ese horror, y para que éste no se repita.
Comenzar a desmantelar las estructuras y la política que hacen posible las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas requiere de acciones audaces y valientes.
La dimensión nacional, e incluso internacional, que ha alcanzado el repudio a la barbarie de Iguala crea un ambiente favorable para atreverse a ir al fondo del problema de la inseguridad y de la violencia, con medidas inmediatas y concretas, y además con llamados a la participación de la sociedad, que seguramente las apoyará.
Es un buen mensaje que el nuevo gobernador se comprometa a no criminalizar la protesta social, política que está detrás del salvaje ataque a los normalistas del 26 y 27 de septiembre.
Igual su compromiso de promover que sean liberados dirigentes y luchadores sociales recluidos en diversas prisiones, en probable alusión a los promotores de la Policía Comunitaraia de la CRAC Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino García y cuatro indígenas más, así como al dirigente de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui.
Ortega tiene una sensibilidad de izquierda que puede ser muy útil en las circunstancias. Él mismo en su discurso se refirió a su experiencia en las luchas estudiantiles de mediados de los años 1970 y principios de los 80, y recordó que varios compañeros suyos fueron desaparecidos por fuerzas del Estado que actuaron en la ilegalidad.
Confiemos en que ese espíritu rebelde no se haya atrofiado en los largos años de inmovilismo universitario cuando la voz crítica de la UAG estuvo ausente, por ejemplo, en las matanzas de Aguas Blancas y El Charco.
El modo en que llega al cargo, tras negociaciones con el gobernador Aguirre y los dirigentes de las corrientes hegemónicas del PRD estatal, es decir, con los actores en gran parte responsables de la crisis actual, impone una dosis de pesimismo de hasta dónde puede llegar la operación del nuevo Ejecutivo del estado.
De todas formas desarrollará su gestión de menos de un año en caja de cristal. Con la presión que implica un movimiento social en ascenso, y la mirada vigilante de sectores amplios de la sociedad que han manifestado en Guerrero, el país y el mundo su repudio al terrorismo de Estado y a la violencia del crimen organizado, que no considera como fenómenos separados.
Dijo bien Ortega que debe imperar la ley. Que impere pues contra los poderosos, acostumbrados a violarla. Y, mejor aún, más allá de la ley, que por primera vez haya justicia.