Reduce juez a Antonio Valdés la sentencia por despojo de siete a dos años

También dismuyen la sanción a sus seguidores Víctor Carlos Canales Caro, Andrés Miguel Camacho Sánchez, Maricela Vázquez Morales y Marisol López Estrada

Jorge Nava

El juez tercero penal redujo una sentencia de siete años de prisión a dos, tres meses y 15 días al líder priísta Antonio Valdés Andrade por el delito de despojo violento en agravio de Verónica Nava Lorenzo, el 24 de mayo de 1998, en la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine.

El agente del Ministerio Público adscrito al juzgado tercero penal, Raúl Walton Sotelo, informó ayer que el juez tercero, Derly Arnoldo Alderete Cruz le notificó el viernes de la semana pasada que el priísta fue sentenciado a dos años, tres meses y 15 días de prisión junto con sus seguidores Víctor Carlos Canales Caro, Andrés Miguel Camacho Sánchez, Maricela Vázquez Morales y Marisol López Estrada.

El 5 de noviembre de 2001, el entonces juez tercero de lo penal, Leoncio Molina Mercado condenó a Antonio Valdés –quien tiene por lo menos otras 40 averiguaciones por delitos similares– a siete años de cárcel.

En esa sentencia quedaba suspendido de sus derechos políticos y lo obligaba a la reparación del daño, a la restitución del predio, muebles y pertenencias de Nava Lorenzo, lo cual nunca cumplió y sí apeló la sentencia en la Sala Penal.

Con la nueva sentencia, el líder está obligado a pagar 45 días de multa por reparación de daño, la restitución del inmueble a la agraviada.

Raúl Walton dijo que el mes pasado acudieron a esa colonia irregular con la primera secretaria de acuerdos adscrita a ese juzgado, Auricela Lucena Venancio, policías preventivos, con la intención de darle posesión a Verónica Nava del predio que le quitaron.

Señaló que cuando llegaron los accesos a ese asentamiento estaban vigilados por seguidores de Antonio Valdés, Dalia Serna Tabares y Magdalena Adame Téllez, quienes les impidieron el paso.

Indicó que cuando se le notificó de la resolución del juez, Antonio Valdés afirmó que de nuevo apelara la sentencia en la Sala Penal Regional porque dijo que hay detrás “intereses políticos” y de la secretaria de acuerdos de ese juzgado, Auricela Lucena.