Buscan amparo para impedir la reaprehensión de un acusado de secuestro

Caso de la revocación de la sentencia de un juez de Tlapa

Zacarías Cervantes Chilpancingo

El abogado del presunto secuestrador Mariano Rodríguez Jiménez, Agustín Meléndez Vázquez, informó ayer que solicitará un amparo de la justicia federal contra la revocación de la sentencia de un juez penal de Tlapa, quien dejó en libertad a su cliente en diciembre.

La revocación fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Mientras tanto, el juez de Tlapa, Margarito Avila Serrano, podría ser suspendido en las próximas horas, según trascendió en el TSJ, por su resolución a favor del secuestrador, quien presuntamente está relacionado con dos raptos ocurridos en La Montaña, y luego que la Sala Penal del TSJ revocó su dictamen y sentenció a 50 años de prisión al inculpado.

Rodríguez Jiménez fue liberado en diciembre de 2003.

A través del toca penal número III-270/2004 del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados de la Sala Penal, Esteban Pedro León Flores, Vicente Rodríguez Martínez y Miguel Maya Manrique revocaron la sentencia absolutoria.

Rodríguez Jiménez está acusado por los secuestros del ganadero Eustorgio Salgado y del comerciante Domingo Torres Galarza, del municipio de Olinalá, ocurridos en 2000 y 2001, respectivamente.

En estos casos están implicados también el ex precandidato del PRI a la alcaldía de Olinalá, José Virginio Lucero Ibarra, y Esteban Acevedo, quienes en junio fueron puestos en libertad por el mismo juez.

El abogado de Mariano Rodríguez, Agustín Meléndez Vázquez, anunció ayer que en los próximo días presentará un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito con sede en Chilpancingo, contra la revocación de la sentencia.

Ello porque –dijo– “en todo el juicio nunca se comprobó que mi cliente tuviera relación con los delitos”, y añadió que “lo que hicieron los magistrados del Poder Judicial, fue una injusticia” al revertir la resolución del juez.

Meléndez Vázquez denunció que el caso ha sido politizado por el Poder Judicial, debido a que “hubo presiones” de algunos dirigentes priístas de Olinalá para que revocaran la sentencia absolutoria.

Añadió que si el juez penal de Tlapa liberó a su cliente fue porque no había elementos para que lo encarcelaran, pero que los magistrados, obedeciendo a una consigna, lo rechazaron y por ello también podría comenzar un juicio político contra ellos.