Renato Ravelo Lecuona

Policías legales vs policías legítimas

Según la filosofía del derecho un sistema legal de justicia es legítimo sólo si es eficaz. No hay otro criterio de valoración histórica, cosa que parece ignorar el H. Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Desde el momento en que la delincuencia en escala nacional ha rebasado la capacidad del Estado mexicano para procurar seguridad y justicia a la sociedad mexicana, han entrado en una situación de ilegitimidad sus sistemas y aparatos de justicia. Hay cuando menos tres casos recientes, cuya magnitud requiere de un serio y profundo cuestionamiento a sus sistemas de injusticia: los casos de las asesinadas de Ciudad Juárez, la impunidad de las mafias con sus abiertos atentados contra la prensa libre en Tijuana y las secuelas de la guerra sucia en Guerrero.

En los tres casos hay una clara complicidad de los aparatos policiacos y judiciales en el crimen. En la investigación de las asesinadas de Juárez las pistas se le pierden a los fiscales especiales cuando descubren asesinos y violadores entre los mismos cuerpos policiacos y naufragan ante la indiferencia machista de los gobernantes; en el asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco del semanario Zeta y del atentado al periodista Jesús Blancornelas se marcan sospechosos que deben ser intocables como Hank Rhon, candidato priísta a la presidencia municipal de Tijuana obviamente con influencia en el aparato político que facilitó un asesinato tranquilo y limpio de Colosio; en el caso de Guerrero a los cientos de desaparecidos por el ejército y los cuerpos policiacos durante la guerra sucia, han seguido matanzas en Aguas Blancas y El Charco, violaciones de indígenas por militares y oficialmente no hay culpables y se exoneró a Acosta Chaparro como una burla sangrienta a un pueblo siempre hostilizado desde los poderes del Estado cuando protesta por sus miserias.

El H. Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, como partes de este mismo Estado cuestionado, son incapaces con todos sus partiditos y partidotes que viven del erario, de pensar alguna medida constitucional de emergencia que declare la ilegitimidad de los sistemas jurídicos, en determinadas condiciones como las señaladas y de convocar a los ciudadanos a plantear formas y procedimientos legales parta detener la criminalidad. Ni la marcha de cientos de miles de ciudadanos agraviados en la ciudad de México los mueve ni los moverá hasta que esa silenciosa y pacífica protesta asuma perfiles de contraviolencia.

El neoliberalismo, el TLC, el Fobaproa/IPAB, las imposiciones del capital financiero internacional vía BM o BID y el servilismo del gobierno prisalinapanfoxista a sus dictados que cumplen fielmente desde hace más de veinte años, dejan a la población nacional abandonada en el desastre económico, no sólo en la pobreza, el subdesarrollo y el desempleo, sino ahora en la inseguridad ante el auge de la delincuencia que es un derivado directo de esa política. Lo que salva la economía de la nación son los proletarios migrantes por la falta de empleo y de generación de riqueza productiva. El Estado mexicano no tiene capacidad económica ni mental para dotar de seguridad en esta crisis a todo el pueblo. Hay que declararlo inviable como lo hizo el EZLN al emerger. La delincuencia lo desborda por todos lados. Pero no tiene el valor de declararlo, menos de afrontarlo como se debe. Sólo salidas demagógicas como la de Acosta Chaparro, es la que nos recetan cada día, ante cada crimen. Fox ofrece mil millones de pesos para el combate a la delincuencia y pide a los gobiernos de los estados que busquen de donde sacar otros mil, que son obviamente insuficientes, pero la solución además no sólo es de de gasto público sino de mayor envergadura, pues se anunció también que sólo el 1 por ciento de los delitos denunciados se encuentran solventados por la justicia, lo que significaría que tendrían que centuplicarse el actual aparato de justicia, cosa impensable. De ahí la inviabilidad del actual Estado. En el desempleo y la austeridad forzosa que impone el capitalismo financiero globalizado está la causa de toda la crisis, que nos da la criminalidad como su indicador más alarmante. Sólo atacando eso se combatirán sus causas detonantes; eso no se va a resolver con una patrulla policiaca en cada esquina de cada ciudad y de cada pequeña aldea.

En esta circunstancias, vivendo y sufriendo la incapacidad del Estado mexicano de dotar de protección ante la delincuencia que padecían, desde hace nueve años unos cuarenta pueblos indígenas, tlapanecos y mixtecos de la Costa-Montaña de Guerrero, iniciaron su autoprotección poniendo hombres de los pueblos a detener delincuentes, violadores y asaltantes de los caminos. Estos cuerpos de policía civil entregaban a los delincuentes, sin costo para el Estado, y los funcionarios del aparato, por corrupción los dejaban en libertad y salían a burlarse de los ciudadanos y amenazarlos con venganzas; fue a partir de esta burla, que los mismos pueblos organizados, apelando a los usos y costumbres de sus antepasados empezaron a imponer sanciones a los delincuentes con el objetivo de regenerarlos apoyados en el peso de la sanción moral de los pueblos. En base a esto han creado todo un sistema de seguridad e impartición de justicia altamente legitimado en la región, que abarca ahora 61 pueblos que se extienden por varios municipios, principalmente Malinaltepec y San Luis Acatlán. Estos pueblos contituyeron una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que ha hecho numerosos gestiones ante autoridades militares y con el gobierno estatal sin pleno éxito, aunque con una relativa tolerancia, precisamente porque su legitimidad radica en que han abatido un alto porcentaje (quizá 90 por ciento) los hechos delictivos y dotan de seguridad en el tránsito por la región. Al grado de que hasta la Coca Cola les pide resguardo a sus vehículos. Ni el gobierno del estado, ni el federal tienen capacidad para dotarlos de esta seguridad, menos la de impartir juicios justos y legítimos, pues la corrupción es un mal del sistema nacional que debe revisarse en serio y a fondo, desde los congresos.

En estas circunstancias, el actual gobierno de Guerrero, increíblemente insensible y orate, los está presionando para que olviden su sistema que, entre otros aciertos, pone en circulación 600 ciudadanos sin cargo al presupuesto para darse protección e impartir su justicia con el sistema de usos y costumbre, y todas las comunidades contribuyen a la regeneración de los infractores.

¿Con qué va a reemplazar el Estado este legítimo sistema indígena? ¿Con las pocas docenas de policías que puede mal pagar? ¿Con agentes del MP corruptibles por sistema? ¿Con juececillos igualmente corruptibles –bilingües o monolingües– que venden sus veredictos? ¿Con cárceles que son verdaderas academias de excelencia para el delito?

El gobierno de Guerrero en lugar de levantar la voz y presentar con orgullo esta iniciativa de sus pueblos indígenas, como ejemplo ante la nación en momentos que es rebasada por la delincuencia, lo que se le ocurre es “legalizarla”, violando con ello además fuertes preceptos constitucionales y convenios internacionales, apelando a simples leyes reglamentarias que ya debieron ser deslegitimadas por los Congresos como lo están ante los ciudadanos. Parece que el gobierno ha puesto un plazo a la Coordinadora y que el próximo 23 de septiembre esta Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias dará la respuesta que resultó de una consulta a las comunidades y con motivo de la celebración de su Décimo Aniversario en la comunidad de Colombia de Guadalupe. Ahí estaremos.