Queja en la Codehum contra funcionarios que se niegan a tirar una barda en La Venta

La construcción ocupa la vía pública y estorba el acceso a una vivienda, explica una colona inconforme

Karina Contreras

La señora Lucina Sosa Silvestre interpuso una queja en la coordinación regional, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) contra funcionarios del Ayuntamiento, quienes –dice– se han negado a derribar una barda que ocupa el andador que lleva a su casa aun cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología (Seduope) determinó su demolición.

En una conferencia de prensa en el Zócalo, la vecina de La Venta, Lucina Sosa Silvestre, acompañada del abogado Alvaro Díaz Castro manifestó que ya tienen cerca de un año                                             pidiendo que derriben la barda, de aproximadamente 15 metros de largo por un metro y medio de altura, propiedad de Verónica Ozuna García, pues obstruye el paso a su vivienda, “ocupa el andador público y fue levantada sin tener licencia de construcción”.

Sosa Silvestre recordó que el 12 de noviembre de 2003 trabajadores del Ayuntamiento, luego de una inspección ocular, determinaron que efectivamente estaba construida en la vía pública y fue ejecutada sin contar con una licencia de construcción para la barda perimetral, por lo cual se notificó a Verónica Ozuna que tenía quince días para derribarla o de lo contrario                                             “se procedería a los trabajos de demolición y retiro correspondiente a costa del citado infractor y se usaría la fuerza pública”.

La anciana, de 78 años, pidió al alcalde Alberto López Rosas que atienda su demanda, pues ya tienen año y medio de trámite para que la derriben y no ha obtenido respuesta.

Señaló que está cansada de la situación y por eso decidió quejarse en la Codehum contra el alcalde López Rosas; el secretario Javier Larequi Radilla; el secretario de Desarrollo Urbano, Orlando Soberanis Vargas, y el asesor jurídico de esa dependencia, Mario Gómez Coro.

Mientras que el abogado Alvaro Díaz Castro dijo que el Ayuntamiento no puede ignorar la petición de la señora Lucina, por “negligencia y corrupción”, pues no descartó que la otra parte haya dado dinero en Seduope para que no se cumpla la ejecución.