Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

Echeverría ¿atrapado sin salida?

Todo indica que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y otros ex funcionarios echeverristas serán acusados                                                 el próximo 24 de julio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), como responsables de genocidio por la matanza del 10 de junio de 1971, así como por los desaparecidos y asesinados durante la guerra sucia que se inició durante su sexenio (1970-1976) y que tuvo en Guerrero su máxima expresión.

El anuncio que inicialmente lo daría el fiscal Ignacio Carrillo Prieto este jueves 15 fue pospuesto, formalmente porque necesitaba recabar tres testimonios, pero lo real es que se debe a la discusión nacional que se ha desatado y las reacciones de todos los actores políticos y del Ejecutivo federal acerca de la responsabilidad de Echeverría, en cuyo sexenio se conjugó la represión y la mano dura, con un demagógico discurso aperturista en lo interno y tercermundista en lo externo. Mientras condenaba a Pinochet en Chile, en México se cometían muchas de las atrocidades de la dictadura chilena.

Una parte importante de la defensa del ex presidente recae en la argumentación de que los delitos que les imputan ya han prescrito, debido a que ocurrieron hace 33 años. Sin embargo, tanto la                                                 resolución de hace dos semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito, claramente señalan que son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

Otra línea de argumentación, nos dice Echeverría es que no se trata de un genocidio, sino que los 42 muertos de la matanza del Jueves de Corpus fueron el resultado de un enfrentamiento entre estudiantes y el grupo paramilitar de Los Halcones (“cosa de muchachos”),                                                 que dependían del Regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, el cual fue destituido                                                 por su “imprudencia y error”, tal como lo describe Echeverría en el libro de Jorge Castañeda La Herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México, editorial Alfaguara, junio de 1999 (p. 72).

En su relato, Echeverría nos dice que la responsabilidad de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, fue totalmente asumida por el presidente Díaz Ordaz, y que él no tuvo conocimiento hasta esa misma tarde, cuando estaba recibiendo en su despacho al pintor David Alfaro Siqueiros, pese a que de la Secretaría de Gobernación a su cargo dependía la temible Dirección Federal de Seguridad, al mando del tristemente célebre Fernando Gutiérrez Barrios.

Todos sabemos que bajo la Presidencia Imperial, como la ha caracterizado Enrique Krauze, no se movía un alfiler en el país sin que lo supiera el presidente y el secretario de Gobernación en turno.

Aceptando sin conceder, que Echeverría no supo de la matanza de Tlatelolco, suena descabellada e increíble su versión de que la matanza del 10 de junio de 1971 fue obra exclusiva de Martínez Domínguez, quien más aún fue premiado en el sexenio de López Portillo con la gubernatura de Nuevo León y en el salinato fue senador de la República.

A principios de 1970 en plena campaña electoral, y aun con los saldos frescos del masacrado movimiento estudiantil del 68, Echeverría se aventuró a incursionar en la Universidad Nicolaíta de Michoacán, pese al repudio del movimiento estudiantil michoacano, y al terminar el acto nos relata que (p.64) “un muchacho apellidado Sandoval, de la Juventud Comunista, gritó: ‘Un minuto de silencio por los estudiantes caídos el 2 de octubre’ y yo dije ‘un minuto de silencio por los estudiantes y los soldados muertos en Tlatelolco’, cuestión que ‘empezó a decirse que probablemente habría un cambio de candidato’ por el enojo del ejército”. Dicho estudiante era mi hermano Pablo Sandoval Ramírez, en ese entonces dirigente de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos.

En Guerrero, el sexenio de Echeverría estuvo caracterizado por gobiernos inestables y represivos junto con un gran despliegue militar sobre todo en la 27 zona militar acantonada en Atoyac de Álvarez, encargada del combate a las guerrillas campesinas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. En esos años se inauguró una nueva versión de desapariciones de campesinos, los que eran arrojados al mar desde aviones militares que despegaban de la base aérea de Pie de la Cuesta, bajo las órdenes del hoy encarcelado general Acosta Chaparro.

El 17 de abril de 1971, en un misterioso accidente murió el gobernador Caritino Maldonado a quien lo sucedió el gobernador sustituto por un día, Roberto R. Mercado, y posteriormente fue designado como interino, Israel Nogueda Otero hasta el 31 de enero de 1975, a quien sucedió de manera provisional por dos meses, Xavier Olea Muñoz, quien entregó al verdadero dueño del poder político y económico de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa quien gobernó a sangre y fuego del primero de abril de 1975 hasta1981.

Siendo diputado federal perredista y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, conocí a algunos de los mandos militares que actuaron en Guerrero en la década de los 70 y que ocuparon posteriormente altos cargos. El general secretario de Defensa Enrique Cervantes Aguirre era en ese entonces teniente coronel de infantería en Atoyac. El general Mario Fromow Rangel, quien era agente del MP militar adscrito a la 27 zona, fue ascendido a procurador militar. El general Salinas Altés, jefe del EMP estuvo adscrito a la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. Mi referencia clara y precisa era el general Luis Garfias Magaña, diputado presidente de la Comisión de Defensa, quién posteriormente se incorporó al PRD y creó la Comisión Especial de las Fuerzas Armadas, la primera de un partido político mexicano.

En estos momentos en que en México se ha abierto una página negra de su historia, en el marco de una transición incompleta y con riesgos de involución autoritaria, tenemos que mirar a las experiencias de Sudáfrica, Argentina, Chile, Uruguay, que sufrieron dictaduras militares, y nosotros la dictadura perfecta, como la definió Mario Vargas Llosa, la dictadura no de un hombre y sí de un partido político por más de 71 años.

Una cuestión se desprende de estas experiencias traumáticas en estos países que hoy transitan en la senda democrática: una amnistía sólo es posible sobre la base de reconocer que hubo delitos y responsables de esos delitos de quienes tuvieron la conducción del Estado. No es una absolución adelantada, sino un acto de perdón social. Por ello, coincido plenamente con todas aquellas voces, incluida la del actual secretario de Defensa Nacional, de que la reconciliación es sana para el país, sólo que habrá que agregar que dicho perdón y reconciliación debe apoyarse en el conocimiento de la verdad. Si no surge la pregunta: perdón ¿de qué y a quién?