No resuelve la inseguridad el regular a la Policía Comunitaria, aseguran

Municipalizar a esa organización significaría perder la función social que tiene, dice el dirigente del CG500ARI, Cirino Plácido. Primero se debe reestructurar el sistema de seguridad, afirma el coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera

Zacarías Cervantes Chilpancingo
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y uno de los fundadores de la Policía Comunitaria y miembro de la dirigencia del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Cirino Placido Valerio, indicaron que la regularización de esa Policía no es la solución para resolver el problema de la inseguridad en Guerrero.
El dirigente del CG500ARI dijo que “municipalizar” la Policía Comunitaria significaría la pérdida de la función social que actualmente desempeña, porque ello implicaría que sus miembros trabajaran por una paga lo que los llevaría a cometer los mismos vicios que los policías preventivos de los ayuntamientos, como la corrupción y la extorsión.
Y es que dijo que el sistema de seguridad del gobierno del estado y municipales “lo ven como un negocio”, no como una manera de resolver el problema de inseguridad, por ello dijo que no han podido resolver este problema como sí ha ocurrido en los 61 pueblos donde funciona la Policía Comunitaria.
Indicó que para el gobierno del estado el problema ha sido la ilegalidad en que supuestamente funciona este grupo, cuando lo hace con base al artículo 115 de la Constitución Política, que señala que los mismos ciudadanos deben de garantizarse su seguridad.
Placido Valerio dijo que si el gobierno estatal no ha podido resolver, por falta de recursos, la inseguridad pública, ahora quiere complicarse más “municipalizando” a la Policía Comunitaria, lo que implicaría gastos por más de un millón 800 mil pesos si se toma en cuenta que son 600 los policías comunitarios, quienes ganarían 3 mil pesos mensuales, que es el salario de los policías preventivos.
Por su parte, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera Hernández, indicó que lo que se requiere es una reforma a fondo que resuelva el problema de la inseguridad pública, no desde el punto de vista policiaco, sino social.
Pero también señaló que se debe analizar cómo funciona el sistema de seguridad pública y la administración de justicia, y en este sentido opinó que las corporaciones policiacas no han podido recobrar la confianza de la gente por las constantes violaciones a los derechos humanos, pero también porque hay funcionarios y policías que extorsionan y se corrompen.
Por ello dijo que primero se debe reestructurar el sistema de seguridad pública y de administración de justicia.