Por encontrar anomalías, impugna MP la absolución del aspirante de Olinalá

Teresa de la Cruz Chilpancingo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Raúl Calvo Sánchez, informó que debido a supuestas irregularidades, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa impugnó las dos sentencias absolutorias que el juez Margarito Ávila Serrano dictó al ex aspirante a alcalde de Olinalá, José Virginio Lucero Ibarra, y a otros dos presuntos secuestradores.

Los empresarios tlapanecos Domingo Torres Galarza y Eustolgio Venegas Salgado fueron secuestrados –el primero en abril de 2000 y el segundo el 24 de noviembre de 2001– por el ex aspirante a la alcaldía de Olinalá, José Virginio Lucero Ibarra; el ex comandante de la Policía del Estado, José Guadalupe Rendón González, y por Mariano Rodríguez Jiménez, quienes fueron detenidos en 2002.

Para el 18 de diciembre de 2003, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa, Margarito Ávila Serrano, dictó sentencia absolutoria al presunto secuestrador Mariano Rodríguez Jiménez, y por esta resolución –según Calvo Sánchez–, el agente del MP interpuso un primer recurso de apelación.

A finales de junio, el juez dictó una segunda sentencia absolutoria para José Virginio Lucero Ibarra y al ex comandante José Guadalupe Rendón González, quienes estaban presos en el penal de Chilpancingo. Y por segunda ocasión –dijo el presidente del TSJE– el MP la impugnó.

Calvo Sánchez aseguró que será esta semana cuando la Primera Sala Penal con sede en Chilpancingo resuelva el primer recurso de apelación, por las supuestas irregularidades en que se incurrió.

“Nosotros estamos atentos a lo que resulte y con base a ese recurso podamos actuar conforme a la normatividad, porque si alguien se ajusta a la normatividad para actuar es el Poder Judicial, aquí las cuestiones no son políticas y no obedecen a nada que no sea la ley”, dijo.

Indicó que se comprobará si el juez cometió la infracción “sólo si la Sala Penal corrige su resolución, mientras no se corrija no podemos decir que el juez actuó mal”.

Dijo que para el caso la Primera Sala Penal “tendrá la palabra para emprender un procedimiento administrativo, el cual estará a cargo del Instituto de la Judicatura Federal”.